“Instamos a los usuarios a que se inscriban y reporten sus números ante los operadores, como lo indica la Ley, porque quedarán fuera luego del vencimiento del plazo”, expuso ayer Aldo García, ministro de Comunicaciones.
La cantidad de celulares tarjeteros representa el 94.8 por ciento del mercado de las telecomunicaciones, que en el 2015 cerró en 18 millones 121 mil 390 líneas.
Eso significa que de cada 10 móviles que están activados en el país, nueve son prepago y el resta está contratado con alguna compañía.
Los abonados que tienen un esquema de contrato al crédito o corporativo no tendrán ningún problema porque ya están registrados en la base de las empresas.
La estadísticas indican que hay registrados bajo este esquema 925 mil 336, lo que equivale al 5.11 por ciento del mercado.
Obligación
El registro de usuarios fue creado por el decreto 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles, el 17 de septiembre del 2013, y otorgó un plazo de 36 meses, o sea tres años, para que los abonados regularan su registro con las compañías operadoras.
El plazo vence el 8 de octubre de este año. La normativa fue publicada en el diario oficial y fue sancionada el 2 de octubre de ese año, por el entonces presidente Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones; Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación; y Gustavo Martínez, secretarios general de la Presidencia.
Eso significa que las empresas operadoras tendrán la obligación de dar de baja a aquellas líneas que los usuarios no registraron, a partir del 9 de octubre, según los consultados.
El registro se hará por medio del documento de identificación personal (DPI), en las sucursales de las empresas operadoras o por medio de plataformas que estas facilitarán.
El registro será administrado por la SIT, la cual recibirá la base de datos cuando venza el plazo de parte de las compañías, que informarán también sobre los números que quedaron desactivados.
La Superintendencia no informó sobre los usuarios que han cumplido con el reconocimiento, pero en marzo último la Gremial de Telecomunicaciones aseguró que el 85 por ciento de estos habían cumplido y consideraba que unos 2.5 millones de terminales activas no habían sido registradas por los propietarios.
Descuido
Raúl Alas, gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Telefónica, dijo que el usuario fue dejando al tiempo esa obligación y no se dio por aludido del compromiso.
El ejecutivo indicó que llevan varios meses impulsando en las agencias el registro de teléfonos, “pero ahora insistimos para que los usuarios de servicios prepago registren su DPI”.
“Vamos a realizar una promoción por medio del centro de llamadas para recordar a los clientes de esas disposiciones”, enfatizó.
Añadió que los usuarios de Telefónica pueden hacerlo por medio de una llamada al *255 o un mensaje de texto al 255, y deben brindar sus datos.
Litza de Escobar, gerente de Relaciones Institucionales de Claro, expuso que han puesto a disposición de los clientes los siguientes mecanismos de registro, en forma gratuita: llamada al *255 o al 255, para enviar un mensaje de texto y el menú USSSD, al *255#.
“Todas estas marcaciones son gratuitas para el cliente. El registro no tiene costo”, aseguró.
La ejecutiva resaltó que harán una campaña por medio de mensajes de texto para los clientes que aún no se han registrado, y añadió que al momento de efectuar el registro con el DPI, de manera automática dejarán de enviar mensajes al cliente.
“A los usuarios que aún no lo han hecho, les invitamos a registrar su número prepago antes del 30 de septiembre, para evitar que su servicio sea suspendido” recomendó.
En el caso de Tigo, el 90 por ciento de usuarios cumplió con la obligación de registro, que equivale a ocho millones 350 mil, aseguró Manuel Sisniega, director de Asuntos Corporativos de la empresa.
El 95% de las líneas activas de esa firma son prepago.
“Estamos haciendo esfuerzos intensos para que los usuarios se registren, con el objetivo de que no sean afectados”, expuso el directivo, al advertir de que, si no cumplen con registrarse, cumpliran con las disposiciones.
Sisniega dijo que el plazo aproximado para registrarse ha sido de tres años, por lo que se están tomando las medidas necesarias para que la mayoría de usuarios cumpla con el requisito.
Los ejecutivos de las tres compañías advirtieron de que, por ley, cumplirán con la desactivación de las terminales que no fueron registradas y quedarán fuera.
El ministro Aldo García dijo que uno de los problemas por los que no se mantuvieron campañas de información fue la crisis política del año pasado, que ocasionó que el aparato estatal operara con mayor lentitud.
“Hubo procesos en los cuales la administración pública entró en un letargo, y durante este semestre la SIT estaba resolviendo un problema con el personal”, destacó el funcionario.
Injusticia
José Fernando Trabanino, defensor del Consumidor y el Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que sería injusto que las empresas de telefonía cancelarán el servicio a usuarios que no están informados sobre la disposición y que tienen saldo de consumo, así como vedarles el derecho de comunicación.
Esta situación se presenta más en la provincia, donde a un usuario le representa costo y tiempo hacer la gestión.
“Hay lugares que son de difícil acceso y donde el abonado no ha tenido la oportunidad de informarse sobre la Ley. Las empresas deben dar todas las facilidades a estas personas”, subrayó.
Trabanino dijo que la SIT deberá antes hacer oficiales los datos de los consumidores que están pendientes de inscribirse, para buscarlos y así no se violenten sus derechos.
“De acuerdo con los datos que se oficialicen sería interesante solicitar una prórroga”, afirmó.
El diputado Óscar Chinchilla comentó que no existe esa posibilidad, ya que los usuarios tuvieron tres años para inscribirse.
“Vamos a citar a las autoridades de la SIT y a los representantes de las compañías para que informen sobre cómo avanza el registro”, destacó.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares (Enigfam) del 2010, que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística, determinó que las tarjetas de telefonía celular se encuentran entre los primeros 10 productos de consumo en los hogares.
En la estructura, la adquisición de ese servicio ocupa el sexto lugar y desplazó a productos alimenticios.
