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Dirigentes indígenas y Acción Ciudadana presentan acción legal para saber dónde está la fiscal general Consuelo Porras

Autoridades ancestrales y activistas accionaron ante un juzgado para establecer dónde está Consuelo Porras, la jefa del MP.

Acción Ciudadana y autoridades indígenas

Autoridades ancestrales y activistas dudan del paradero de la fiscal general Consuelo Porras. (Foto Prensa Libre: cortesía Acción Ciudadana)

La organización Acción Ciudadana y un grupo de autoridades de los pueblos originarios presentaron este sábado 9 de diciembre una acción legal para determinar dónde se encuentra la fiscal general Consuelo Porras y si tiene las condiciones para ejercer su trabajo como jefa del Ministerio Público (MP).

El documento, presentado a un juzgado de turno de Mixco, señala que “surge la duda” de si Porras “se encuentra disminuida o cohibida en sus facultades” como “persona y funcionaria”, luego de que se ausentó a la conferencia de prensa que el MP brindó el viernes 8 sobre las investigaciones que realiza por supuestas irregularidades en las elecciones generales de 2023 y la conformación del partido Movimiento Semilla.

“La población guatemalteca y las autoridades indígenas no sabemos dónde se encuentra. No la hemos visto en su cargo, no hemos visto el resultado del trabajo que está dando. Al contrario, estamos viendo acciones inconstitucionales que van en contra de la voz de la población guatemalteca”, declaró Cristina Magdalena Solís, representante de la alcaldía indígena de Nebaj, Quiché.

El juzgado de Mixco tiene 24 horas para darle trámite al recurso, conocido como exhibición personal, y esclarecer dónde se encuentra la fiscal.

Porras, señalada por Estados Unidos de obstruir investigaciones para proteger a aliados políticos y conseguir favores, ha disminuido sus apariciones públicas desde inicios de octubre, cuando se intensificaron las protestas ciudadanas que exigen su renuncia.

Autoridades ancestrales de distintos puntos del país y parte de la comunidad internacional acusan a la titular del MP de fabricar casos penales para evitar el traspaso de mando al presidente electo, Bernardo Arévalo, un extremo que el MP ha negado.