Sin embargo, Julio González, del colectivo Madre Selva, expuso hoy en rueda de prensa que al hacer un análisis de ese reglamento determinaron que “no se ajusta a la realidad nacional ni es suficiente para responder a las exigencias de los avances tecnológicos y cambios sociales”.
Sostuvo que la norma “viola el derecho a la información” porque las comunidades donde se autoriza cualquier proyecto se enteran del mismo hasta que llega la maquinaria a sus regiones.
Además, que las autoridades sólo dan un plazo de 20 días hábiles para que las comunidades puedan impugnar por la vía legal su rechazo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
González comentó que la falta de información “es la que ha provocado en Guatemala la mayoría de conflictos sociales en materia ambiental porque no se consulta a los pueblos que resultan afectados directamente por un proyecto”.
En su opinión, el gobierno mira el proceso de consulta como “un freno a la inversión privada”.
El colectivo Madre Selva, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala y Serjus (Servicios Jurídicos y Sociales) solicitan a las autoridades revisar el reglamento y garantizar los derechos de los pueblos.
Además, que se contemple un proceso largo y exhaustivo para que se puedan aclarar las dudas antes de iniciar un proyecto y admitir los procesos de consulta popular en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
