El 96% de las denuncias de agresiones a menores quedan impunes

El MP señala avances, mientras defensores de la niñez dicen que la impunidad se ha incrementado.

Niños y niñas sufren vejámenes a diario, pero la justicia camina a paso lento. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Niños y niñas sufren vejámenes a diario, pero la justicia camina a paso lento. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La cantidad de denuncias que el Ministerio Público (MP) recibió en los últimos tres años supera por mucho a la cantidad de sentencias condenatorias que la justicia ha dictaminado en ese mismo periodo, lo cual, a criterio de defensores de la niñez es uno de los principales factores por los cuales esta población sigue siendo objeto de vejámenes.

Según las estadísticas del MP, en los años 2018, 2019 y 2020 se recibieron siete mil 438 denuncias por 65 distintos tipos de delitos; de estos, seis mil 339 —el 85%— tiene que ver con agresiones sexuales.

En contraparte, un reporte de la institución detalla que, en esos años, se obtuvieron 274 sentencias condenatorias en tribunales de todo el país. En números, esto significa que, en más del 96% de los delitos, los perpetradores no han recibido un castigo.

Del total de las denuncias, más de tres mil 292 fueron por agresión sexual y agresión sexual con agravación de la pena, dos mil 965 por violación y violación agravada, y cinco por utilizar a menores de edad para actividades sexuales remuneradas.

El MP da cuenta que en esos tres años se obtuvieron 262 sentencias en procedimientos comunes, ocho en procedimientos abreviados y tres sentencias fueron por delitos “menos graves”.

Una niña participa en una protesta en contra de la violencia contra la niñez. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Otros delitos

En cuanto a otro tipo de delitos con bastante incidencia, se registraron tres mil 961 denuncias por maltrato y lesiones leves a personas menores de edad, 521 por amenazas y 72 por homicidio o asesinato.

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El director Ejecutivo de la Asociación El Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, advirtió que la impunidad se ha incrementado “significativamente” en los últimos años lo que significar que “la justicia no prioriza a la niñez” o bien que “el Estado no le garantiza el acceso a la justicia”.

Parte del problema, apunta Dubón, es que las instituciones trabajan de una forma desarticulada lo que se demuestra en que, incluso, hay conflictos entre los jueces y las instituciones que protegen a la niñez, por lo cual es urgente transformar todo el sistema de protección.

Con el objetivo de reformar esa institucionalidad, se presentó hace algunos años la iniciativa de ley 5285, Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que llegó a segunda lectura en el Congreso, pero ya no prosperó.

Pobladores de Tiquisate piden justicia por la muerte de Hillary Arredondo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Todo esto redunda en que “se siguen cometiendo delitos en contra de niños, niñas y adolescentes porque quienes los cometen saben que no serán perseguidos o que saldrán libres porque no prosperan las denuncias”, dijo Dubón.

“En el caso de los adultos la impunidad está alrededor del 70%, esto es porque el adulto puede perseguir más la justicia, pero los niños no tienen esa capacidad y si no hay una organización que los acompañe o los padres no tienen el interés, los delitos quedan impunes”, criticó.

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Casos

Las denuncias presentadas en el MP este año se han presentado a un promedio de 12 por día. De homicidio y asesinato van 18.

Entre enero y febrero se produjo una racha de hechos violentos en contra de menores de edad.

El 18 de enero la pequeña Hillary Saraí Arredondo, de 3 años, fue asesinada en Tiquisate, Escuintla, mientras que el 9 de febrero la niña Sharon Figueroa Arriaza fue secuestrada del patio de su casa mientras jugaba con su bicicleta. Un día después fue hallada muerta.

El 12 de febrero tres menores de 11, 9 y 4 años fueron ejecutados en una masacre junto con sus dos padres en Concepción las Minas, Chiquimula.

Personas portan globos en memoria de Sharon Figueroa, niña de 8 años asesinada en Petén. (Foto Prensa Libre: Wilder López)

Además, el 13 de febrero la bebé Verenice Arias fue sustraída de su vivienda en San Benito, Petén. Posteriormente fue rescatada por la Policía Nacional Civil.

En este mismo mes se hizo viral el caso de un predicador cristiano en San Marcos, presunto acosador, que fue grabado mientras acosaba a una niña de 9 años a quien intentó introducir en su vehículo, pero que logró escapar.

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En todos los casos hay personas procesadas.

Institucionalidad

Para Luis Fernando de León, defensor de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, existe una debilidad en todo el sistema de seguridad y justicia, que comienza con que el MP no cuenta con el suficiente personal para investigar y en los juicios no se presentan los medios de investigación suficientes.

Dijo que la consecuencia de los altos niveles de impunidad en delitos contra la niñez es que los delincuentes se sienten en libertad de seguir cometiéndolos y que, en muchos casos, pueden terminar en el suicidio de un menor, si estos son devueltos a entornos donde sufren de violencia o abusos.

De León coincide en que el principal problema es que no hay un ente rector que se encargue de la niñez y adolescencia que coordine a todas las instituciones involucradas en el tema y “cada una actúa de acuerdo con su mandato” con una interpretación muy restrictiva de la ley y sin priorizar el interés superior del niño.

“La justicia no ha tenido la capacidad de modernizarse y todo esto redunda en vulneraciones graves a los derechos de la niñez y adolescencia”, apunta.

Cada día se presentan 12 denuncias por violencia contra la niñez, aunque organizaciones afirman que muchos delitos se quedan sin denuncia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ha habido avances

El Departamento de Información y Prensa del MP indico que ha habido avances importantes en la consecución de sentencias por delitos cometidos en contra de la niñez.

Un informe detalla que del 2011 al 2017 apenas se registraron 51 sentencias condenatorias, pero que del 2018 al 2020 el número aumentó a 274, un alza de 437%, lo que es “un indicador fehaciente de que las acciones emprendidas por la fiscal general —Consuelo Porras— están dando resultados positivos”.

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Como otro de los logros, la oficina destacó el aumento del 68% de las ordenes de aprehensión y la creación del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (Maina) el cual ha atenido a más de 5 mil niños desde su creación, en julio del 2019, y ha logrado 134 sentencias.

Dado su modelo exitoso buscan ampliarlo a otros departamentos.

Dubon considera que la creación del Maina es un “paso importante” en la lucha por reducir la impunidad de los delitos contra la niñez, sin embargo, “si no hay una transformación de las instituciones puede fracasar”.

El modelo Maina está integrado, aparte del MP, por el Organismo Judicial, los ministerios de Trabajo, Salud y Desarrollo. Además, por la Procuraduría General de la Nación, la Secretaria de Bienestar Social, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Municipalidad de Guatemala y el Instituto de la Defensa Pública Penal.

Un sistema como el Maina puede agilizar y mejorar el tratamiento que se hace a los casos de delitos contra la niñez, dice Dubón. “Puede ser la primera luz que nos ayude a encontrar el camino”.