La empresa, cuyo representante legal es Luis Alfredo Arocha Bermúdez, fue denunciada por el Ministerio de Salud Pública, por presuntamente haber vendido 30 mil pruebas falsificadas de la fabricante Atila Byosistems. Las dosis se adquirieron para los hospitales regionales de Chimaltenango, Huehuetenango y Zacapa, aunque según la cartera, no se utilizaron.
En el portal de adquisiciones del Estado consta, además, la compra de otras 20 mil 240 pruebas para el Hospital Regional San Juan de Dios de Occidente, Nacional de San Marcos, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y Hospital de Cobán, Alta Verapaz. También se adquirieron 400 para el Laboratorio Nacional de Salud.
Irregularidades
Una de las ilegalidades que denunció el Ministerio de Salud en la compra de 30 mil pruebas falsificadas es que el contrato fue firmado por el entonces gerente administrativo financiero de esa cartera Ronaldo Estrada, y por Juan Pablo Arocha Urbina, en calidad de gerente administrativo y representante legal de Kron Científica e Industrial S.A.
No obstante, según la cartera, Arocha Urbina no hizo constar su cargo como representante legal. El único que figuraba con ese cargo era Arocha Bermúdez, como consta en una declaración jurada del 8 de septiembre de 2020.
Sin embargo, esa no fue la primera vez que Arocha Urbina firmaba como representante legal. Entre junio y agostó suscribió cuatro contratos como representante legal de Kron Científica e Industrial, S.A.
Salud expuso en su denuncia que esta situación debe investigarse penalmente, según documentos que difundió la agencia The Associated Press el pasado fin de semana.
Verifican lotes
En un comunicado, el Seguro Social se refirió a una compra de 10 mil pruebas a Kron Científica e Industrial, S. A., por Q3 millones, el 15 de junio de 2020.
Por correo electrónico, Atila Biosystems le confirmó al IGSS que esas pruebas eran auténticas y provenían de lotes que fueron vendidos a Kron Científica e Industrial, S.A., informó la institución en una comunicación compartida ayer.
“El Instituto realiza monitoreos rutinarios en los laboratorios de pruebas de biología molecular para el diagnóstico del SAS-CoV2, como metodología de verificación y control de calidad para garantizar el cumplimiento de la sensibilidad y especificidad de las pruebas PCR”, aseguró la institución.
El IGSS también compró a la empresa denunciada 400 pruebas en julio de 2020, aunque este evento no se menciona en el comunicado.
Francisco Coma, viceministro de Hospitales, indicó que las pruebas para los demás hospitales adquiridas con la firma cuestionada también se analizarán para determinar su autenticidad.
Prensa Libre intentó comunicarse con Juan Pablo Arocha, de Kron Científica e Industrial, S. A., por vía telefónica, para conocer su versión de los hechos, pero nadie contestó las llamadas ni mensajes al celular.
Crimen organizado
Juan Carlos Zapata, de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), recordó que, según la Organización Mundial de la Salud, en Guatemala hasta un 10 por ciento de insumos, medicinas y equipos médicos pueden ser falsificados.
“Esto sucede porque existen personas que pertenecen al crimen organizado, que se infiltran en organizaciones gubernamentales para vender productos que no son de la calidad que se espera”, lamentó Zapata.
Julio Valdés, ex secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Centroamérica (Comisca), dijo que para falsificar pruebas de coronavirus se requiere de una gran infraestructura.
Esta actividad ilegal no se consuma en un garaje, enfatizó.
Valdés considera necesario que las autoridades investiguen en dónde se origina esta falsificación y den las explicaciones necesarias. Comentó que el primer paso que debería dar el Ministerio de Salud es comunicarse con el fabricante Atila para saber si existen otros lotes que no haya distribuido esa casa matriz.
Contrato lesivo
En una citación en el Congreso, la ministra de Salud, Amelia Flores, expuso que estaba dispuesta a recomendarle al presidente Alejandro Giammattei que declarara lesivo el contrato de las 30 mil pruebas falsificadas, que asciende a Q7.5 millones.
“Este es un recurso que ha sido asignado para covid. No son cinco centavos, y aunque lo fueran, es algo en lo que estamos trabajando en el Ministerio”, aseguró la funcionaria.
Julia Barrera, vocera de Salud Pública, indicó que ninguna de las 30 mil pruebas se usó en pacientes, dadas las irregularidades.
“Al abrir un kit de este lote, no contaba con instrucciones de uso y la identificación del mismo era incorrecta. En comparación con otros de esta metodología, era muy diferente, por lo que se procedió internamente a realizar un proceso de verificación con controles positivos y negativos de otros kit de la misma marca, obteniéndose como resultado la no amplificación en controles positivos”, afirmó.
