Gisela Gellert: Guatemala es un país con amplia gama de amenazas naturales

Debido a su posición geográfica Guatemala es uno de los países con mayores riesgos de enfrentar catástrofes

La actividad del Volcán de Fuego ha puesto en evidencia los riesgos con los que viven numerosas comunidades. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La actividad del Volcán de Fuego ha puesto en evidencia los riesgos con los que viven numerosas comunidades. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Gisela Gellert es licenciada en Geografía Humana, así como consultora en Gestión de Riesgos y miembro de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres, institución mundial que sólo entre 1988 y el 2015 reportó al  menos siete mil 551 desastres naturales en el país. Los que que más ocurrieron, según el informe, son los asociados a eventos de origen hidrometeorológico, como inundaciones, deslizamientos, lluvias destructivas, tempestades o vendavales, pero también incendios forestales, sequías o heladas y menos frecuentes.   


De acuerdo con dicho estudio (Available disaster inventories), en el apartado que corresponde a Guatemala, elaborado por Gellert, la mayoría de estos hechos sucedieron en el departamento de Guatemala (1 mil 434) y le siguieron Escuintla (341), Quetzaltenango (336), Alta Verapaz (258) y San Marcos (235). El departamento con menos casos reportados es El Progreso.

“Guatemala un país con una amplia gama de amenazas naturales de tipo sísmico, volcánico o hidrometeorológico. Pero hay otros países, con un mejor desarrollo que han aprendido de vivir con estas amenazas, adaptándose y bajando su vulnerabilidad frente a éstas, haciéndose más resilientes” explica Gellert.

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¿Por qué tantas tragedias en el país? 

Los desastres no son simples eventos de la naturaleza o desgracias, sino el resultado de procesos que se construyen. Las carencias de nuestro desarrollo son las verdaderas causas de los desastres que estamos sufriendo con un impacto cada vez mayor. Nos encontramos en un círculo vicioso donde un desarrollo insostenible, no planificado ni regulado, contribuye a la constante construcción de riesgos, que se concretizan en un mayor número de desastres, cuyos impactos implican mayores limitantes para el desarrollo.
 
Las comunidades, en parte, son las constructoras de sus propios riesgos, ya que por necesidad de sobrevivencia, falta de tierra segura para vivir y producir o de ignorancia por falta de educación e instrucción, pagan un precio alto cuando ocurre un desastre. Pero en la mayoría de estas tragedias los responsables directos o indirectos de la construcción de riesgos actúan por beneficio propio, y no son ellos los que sufren las consecuencias. Esto ocurre muchas veces en contubernio con entidades públicas que no velan por el cumplimiento de leyes, normas o reglamentos. Los ejemplos abundan: tala de bosques, desvío de ríos, la actividad arenera, construcciones en terrenos no aptos, cortes en laderas, entre otros. 
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¿Qué condiciones hacen tan vulnerable al país? 

Se habla mucho, por ejemplo, de que nuestra vulnerabilidad es muy alta frente al cambio climático, y es cierto que se presenta una mayor variabilidad y extremos en el régimen de lluvia en Guatemala (la principal causante de los desastres como inundaciones, deslizamientos o sequía), pero también es cierto que hoy en día una lluvia normal de la época, o como este año una prolongada canícula, provocan estos desastres. Es decir, hemos aumentado nuestra vulnerabilidad frente a los fenómenos hidrometeorológicos, debido, por ejemplo, a la creciente deforestación, dejando desprotegidas a las montañas, laderas, planicies, riberas de ríos y del mar.

Se puede agregar una gran gama de otros factores o procesos, ante todo ambientales, que han aumentado nuestra vulnerabilidad, pero también las así llamadas amenazas socio-naturales. Es decir, en la actual ocurrencia de inundaciones, deslizamientos y sequías la obra humana es decisiva. Así también la expansión de zonas residenciales y viviendas en terrenos no aptos, acumulación de basura en los cuerpos de agua y drenajes, la expansión de grandes monocultivos, el desvío de ríos, la “mala” construcción de carreteras y puentes, etc.

Cada vez que ocurre un desastre mayor se indican los respectivos factores que han contribuido a la construcción del riesgo, y no hay que ser experto para encontrarlos. En resumen, somos constructores de escenarios de creciente riesgo en el país, donde en una compleja trama se refuerzan factores de vulnerabilidad y de amenazas socialmente construidas, como resultado de un desarrollo insostenible.

Gisela Gellert, experta en temas de desastres naturales (Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL)

Es válido que frente a amenazas meramente naturales, como la sísmica o volcánica, hay que trabajar en la disminución de la vulnerabilidad para minimizar los posibles impactos, como también en términos de la capacidad de recuperación de la población afectada. Pero en el caso de desastres vinculados con fenómenos hidrometeorológicos, en primer lugar hay que trabajar en la prevención de que, por ejemplo, una lluvia no se convierta en inundación o una ausencia de lluvia no se convierta en hambruna. Es decir, si se puede evitar la amenaza, ni hay que hablar de vulnerabilidad.
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¿Incide la ubicación geográfica del país? 

Claro que sí, pues hace de Guatemala un país con una amplia gama de amenazas naturales (¡No de “desastres naturales”!) de tipo sísmico, volcánico o hidrometeorológico. Pero hay otros países, con un mejor desarrollo y voluntad política, que han aprendido de vivir con estas amenazas, adaptándose y bajando su vulnerabilidad frente a éstas, haciéndose más resilientes

¿Cómo incide la pobreza? 

La alta pobreza en Guatemala es el resultado de lo mismo que provoca un constante aumento de los riesgos de desastres: un desarrollo malogrado, insostenible y excluyente. Por consiguiente, hay una estrecha relación entre pobreza y riesgo de desastre. Por ejemplo, la ubicación de la población de escasos recursos en zonas de alto riesgo por deslizamientos, crecidas de río o erupciones volcánicas, así como las formas inseguras de construir frente a la amenaza sísmica son productos de procesos de marginación del mercado de tierras formales y seguras y la falta de acceso a sistemas y materiales de construcción adecuadas a las condiciones ambientales imperantes. Así, la pobreza es determinante para muchas formas de vulnerabilidad global, que incluye la capacidad de recuperarse de un desastre, pero no es sinónima. Mientras que la pobreza se refiere a carencias y necesidades insatisfechas, la vulnerabilidad implica aspectos más amplios -como la vulnerabilidad institucional, política o cultural y – y al mismo tiempo más específicos que la pobreza.  Así, por ejemplo, la vulnerabilidad a la amenaza sísmica, las inundaciones o las heladas tiene diferentes expresiones e implica diferentes medios de vida.

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¿Hace falta más participación del Estado? 

La participación plena del Estado es clave, y es urgente la necesidad de que la gestión integral del riesgo de desastres sea considerada parte intrínseca de los procesos de planificación e inversión pública en cada sector. No debe ser asunto encargado a una instancia específica, como la Coordinadora Nacional contra la Reducción de Desastres. En cada ámbito de competencias, cada entidad pública debe reducir el riesgo de su propia actividad social o productiva y debe evitar la creación de nuevos riesgos. Existe la urgente necesidad de regular y monitorear las inversiones sectoriales (público y privadas) que se realizan. Esta urgencia se ha agravada de forma alarmante desde que la obra pública se entrega a empresas privadas. La obra pública en manos privados solamente logra ser sostenible y segura si el Estado es capaz de imponer sus mecanismos de control a favor del bien común, de la protección de la población y de los recursos naturales.

¿Hace falta formar una cultura de prevención? 

Claro que si, a través de una respectiva educación y concienciación. Y su aplicación en la gestión pública en todos sus niveles, para dar el ejemplo. Sin dejar de lado el sector privado y sociedad civil en general.

¿En qué debe invertirse para reducir estos riesgos?

En un proceso de desarrollo sostenible en términos ambientales y sociales. Los órganos rectores de la inversión pública y privada deben comprender que la plena observancia de la reducción de riesgos es una sabia inversión con vista al futuro, y no sólo un costo adicional. En este sentido se debe fortalecer la coordinación y colaboración entre las instancias de planificación e inversión, en el sector gubernamental y privado, y entre ambos.

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