Abandonados a su suerte en las calles de la capital y otros centros urbanos, los niños se convirtieron en una mina de oro para grupos ilegales que se aprovechan de las condiciones de pobreza en que vive el 59.3 por ciento de los 16 millones de habitantes de este país.
Los niños “son reclutados por los tratantes que establecen acuerdos con los padres de familia, a quienes les dan una cuota por alquilar a estos niños y venir aquí a la capital a trabajar o a pedir dinero”, dijo Rosy Palma, directora de desarrollo de la ONG Refugio de la Niñez.
La entidad acompaña a instituciones estatales que realizan operativos para rescatar a menores víctimas de explotación laboral, la mayoría obligados a migrar desde los departamentos indígenas de Sololá, Quiché, Huehuetenango y Totonicapán.
Aunque las autoridades estiman que un millón de niños trabajan en Guatemala, no han logrado establecer una estadística certera sobre los que son explotados en la vía pública y obligados a mendigar, señaló Palma.
Negocio rentable
“Por las situaciones económicas de esta población, muchos grupos organizados de delincuentes han logrado captarlos”, indicó Harold Flores, protector de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, ente que ejerce la abogacía del Estado.
El funcionario explicó que los niños son forzados a extenuantes jornadas de hasta 16 horas diarias y se les fijan cuotas de unos US$13 (Q100 aproximadamente) que deben entregar al final del día, o son castigados.
“En algunos casos les indican que van a venir a estudiar, que van a venir a aprender un oficio, que van a tener una mejor vida que la que tienen en sus lugares de origen”, relató Flores.
Con frecuencia, los niños viven hacinados en hoteles precarios y no reciben más alimentación que pan y agua, lamentó el funcionario.
Palma señaló que el negocio es muy rentable para los tratantes y que se ha observado un aumento continuo en el número de niños, niñas y adolescentes que son reclutados.
En promedio los padres que deciden “alquilar” a sus hijos reciben unos US$25 semanales (Q200 aproximadamente), una cifra importante para familias en los límites de la sobrevivencia, apuntó la activista.
Una encuesta oficial publicada a finales de 2015 reveló que la pobreza entre los indígenas guatemaltecos, asentados principalmente en el altiplano occidental, alcanza un 79.2 por ciento.
Las comunidades indígenas representan el 40 por ciento del total de habitantes del país, de acuerdo con cifras oficiales, aunque líderes nativos señalan que en realidad constituyen más del 60 por ciento.
La explotación laboral de menores se concentra en el departamento central de Guatemala, donde se encuentra la capital, en Quetzaltenango y en pueblos fronterizos con México en el suroeste, según estudios del Refugio de la Niñez.
Pocos esfuerzos
La Procuraduría reporta que las autoridades rescataron en todo el país a 68 menores explotados laboralmente durante el primer semestre de 2016, una cifra muy pequeña en comparación con las estimaciones oficiales sobre trabajo infantil.
Gloria Castro, defensora de la Niñez y Adolescencia de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, lamenta que los operativos hayan sido insuficientes para atacar el problema.
“Lamentablemente el Estado a través de sus instituciones no ha hecho algo que valga la pena sobre el tema”, refirió Castro, quien demandó a la Fiscalía fortalecer la investigación contra las redes de trata y al gobierno atender a las familias en condiciones de pobreza.
Según la Procuraduría, la explotación laboral de menores es un problema que también incide en la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, un fenómeno social y humano de dimensiones dramáticas.
El organismo ha detectado que muchos menores explotados en las calles de Guatemala han terminado migrando a México y Estados Unidos, con el propósito de escapar a su esclavitud.
