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Mineduc mantiene en sus labores a 21 maestros condenados por delitos sexuales

El 14 de septiembre de 2021 un docente fue condenado a 27 años de prisión por violación sexual, sin embargo, aún no está en prisión y sigue trabajando en la Dirección Departamental de Educación en Alta Verapaz.

El Ministerio de Educación mantiene activos a maestros que han sido condenados por delitos sexuales. En muchos casos las víctimas han sido sus alumnas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Ministerio de Educación mantiene activos a maestros que han sido condenados por delitos sexuales. En muchos casos las víctimas han sido sus alumnas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Pese a estar condenados por delitos sexuales y en muchos casos las víctimas son niñas, el Ministerio de Educación mantiene activos a 21 maestros en establecimientos públicos.

El profesor Armando Filiberto Vaides Juárez es uno de ellos. El 14 de septiembre último fue condenado a 27 años y ocho meses de prisión por haber violado a una niña de 12 años; sin embargo, sigue trabajando en la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz porque su sentencia no está en firme.

Ligia Hernández, diputada de la bancada Semilla, denunció que actualmente el Mineduc tiene activos a 40 maestros que aparecen en el Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas), y pese a que han sido condenados por delitos sexuales, no han sido destituidos.

Aunque la información proporcionada por el Renas no indica si esas personas imparten clases o son parte del personal administrativo, abogadas del bufete de Derechos Humanos señalan que ninguno de los docentes que ellas han denunciado han sido separados de sus labores y, por lo tanto, mantienen contacto con niñas y adolescentes.

“El maestro tiene una simbología en las comunidades como alguien que enseña, un líder y un referente. Sería inverosímil creer que un maestro que sea el que enseñe, sea también el que viole y lastime”, explicó la abogada Lilian Vásquez, quien brinda asesoría legal a las familias de las víctimas.

A decir de Vásquez, se han dado cuenta de que los maestros que han ido a juicio han presentado sus contratos en el Ministerio de Educación como prueba de que no se darán a la fuga, para evitar ir a prisión.

Sin embargo, algunos han aprovechado esa circunstancia para escapar, como hizo el director de una escuela de Alta Verapaz, acusado de haber violado a una niña de 11 años, quien quedó embarazada. “Lo capturaron, pero la jueza no quiso darle prisión preventiva y ahora no sabemos de su paradero”, contó la abogada.

La burocracia a favor de los agresores

Ante estos señalamientos, el Mineduc, por medio de su asesor legal, Rafael Tol, explicó que, de esos 40 maestros que indica la diputada, 19 fueron dados de baja porque abandonaron sus labores al huir de las comunidades donde trabajaban.

Los 21 restantes aún no han sido destituidos porque el Mineduc explicó que se debe esperar a que la sentencia esté en firme para proceder, además de concluir el proceso administrativo y pedir autorización a la Procuraduría General de la Nación para que se hagan efectivas las destituciones, ya que la cartera está emplazada por los juzgados laborales.

Estas personas que ya fueron condenadas por delitos sexuales se encuentran en 19 de los 22 departamentos del país, pero las autoridades de Educación no especificaron en qué municipios o establecimientos.

“Dentro del Mineduc priva el legítimo derecho a ser vencidos, primero dentro del proceso disciplinario, ya que, de no hacer ese procedimiento, la Ley de Servicio Civil les permite que demanden al Estado para solicitar la reinstalación del trabajador. Por eso debemos tener la certeza y cumplir con el debido proceso”, explicó Tol.

Sin embargo, de esos 21 casos el Mineduc tampoco inició proceso disciplinario interno, porque a pesar de existir condena, aseguran que los hechos nunca se denunciaron en las direcciones departamentales ni en el Departamento de Recursos Humanos.

La diputada Hernández denunció que la normativa actual se ha convertido en un mecanismo de impunidad para favorecer a los abusadores y no en un instrumento para proteger a las niñas; sin embargo, las autoridades de Educación subrayaron que actúan en el marco que les permite la ley.

“Esto nos preocupa porque lo que implica la violencia sexual en las niñas es la deserción escolar. El derecho a la educación es poder y es salir de la violencia sistemática. El Estado de Guatemala, además de no garantizar el interés superior de la niñez, también violenta el derecho humano de las niñas a la educación”, aseveró Vásquez.

Denuncias en Alta Verapaz

El departamento de Alta Verapaz es el que registra más denuncias contra maestros. Solo el bufete de Derechos Humanos acompaña 22 denuncias contra docentes, algunas de estas denuncias contabilizan a más de 6 víctimas de un solo maestro que se aprovechó de su poder local para abusar de las niñas.

Para finales de octubre se espera la sentencia contra uno de estos profesores. Se trata del caso de una niña de 14 años que sobresalía por sus buenas calificaciones y que, al ver que bajó su promedio, su profesor le dijo que podía ayudarla si llegaba ese día a su casa. El hombre de 45 años le ofreció un vaso de agua pura que contenía una sustancia adormecedora, después la violó y grabó el suceso que le sirvió para chantajearla durante dos años hasta que ella lo denunció.

“Aquí hubo una perpetuación de violaciones sexuales que no se puede cuantificar de tantas que fueron. Por la perpetuidad de la violación sexual, ella tiene un daño emocional severo muy grande”, explicó la abogada Lilian Vásquez.

El segundo caso que está en espera de fecha para iniciar debate es el de un docente de preprimaria de San Pedro Carchá que utilizaba el aula donde impartía clases para abusar de niñas de grados más avanzados.

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