A partir de este año, con el objetivo de depurar a la Policía Nacional Civil (PNC), se han restado tareas administrativas a los inspectores para que colaboren con las investigaciones del Ministerio Público contra policías acusados de robo, extorsión o abuso de autoridad.
Según Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación, este año se adoptó otra metodología de investigación para agilizar los procesos y esclarecer delitos cometidos por agentes policiales.

Esta consiste en que los inspectores ya no tengan a su cargo labores que, según Aguilar, “no les competen”, como patrullar y acudir a las comisarías para verificar si los policías cumplen con su trabajo o confirmar denuncias en contra de efectivos que laboran en estado de ebriedad, que es una de las quejas más recurrentes de parte de los ciudadanos, según la Inspectoría General.

Dicha labor quedará a cargo de los comisarios de cada sede policial, quienes deberán velar por que el personal cumpla con sus labores, mientras que los inspectores investigarán casos más importantes, relacionados con extorsión o agresiones que involucren al personal de la institución, lo cual se hará en conjunto con el MP, para agilizar los procesos y fortalecer las pruebas.

Erwin Sandoval, ex inspector general de la PNC que como abogado se dedica a la defensa de agentes procesados, afirma que varios de sus clientes han recobrado la libertad e incluso retornado a la institución porque, en ocasiones, el Ministerio Público (MP) no es objetivo con las pruebas que presenta y sus argumentos no encuadran en delitos.

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Sandoval opina que restar asignaciones a los inspectores solo creará más desorden.

“Es preocupante dejar que el personal policial haga lo que se le pegue la gana en la calle. No solo de por sí hay acciones impunes, y al no tener un ente supervisor directo, va a generar impunidad”, afirma el exjefe policial.

Aguilar refiere que, como parte de la restructuración de la PNC, este año se le entregaron a cada agente tres uniformes, pues en ocasiones anteriores solo se les facilitaba uno para todo el año. También se les lleva al polígono, para que practiquen tiro.

“Desde que salían de la academia, muchos no volvían a disparar o practicar tiro. Ahora se les pide que acudan cada cierto tiempo”, comenta Aguilar.

Actualmente, la PNC tiene 40 mil 600 agentes en todo el país, y de ellos, 600 son inspectores que monitorean el trabajo de todos a nivel nacional.

Bien calificados

A pesar de esas medidas, desde el 2011 el nivel de confianza de la población hacia la PNC ha mejorado, según las mediciones que ha hecho para Prensa Libre la empresa Prodatos. Ese año se determinó que era de un 17 por ciento.

La Encuesta Libre más reciente, publicada el pasado 2 de mayo, refiere que la confianza en la Policía creció un 30 por ciento.

En la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización (Enpevi), efectuada en el 2018, la mitad de los entrevistados dijo que la Policía era muy o algo efectiva, y el 46% afirmó que era muy o algo confiable.

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Los jefes policiales de Inspectoría afirman que, aunque existen agentes que todavía se involucran en delitos, de manera paulatina la institución se ha fortalecido en profesionalización, cantidad de personal y mejoras laborales, pues que inicios de este año se autorizó un incremento salarial de Q600 para todo el personal, además de que se habilitaron comedores en las sedes policiales y se imparten más charlas motivacionales.

En el 2022 fueron detenidos 80 agentes de distintos rangos por diferentes delitos. Los señalados estaban asignados en Quetzaltenango, Escuintla y la capital.

Para Oswaldo Samayoa, analista en asuntos de seguridad, el incremento de la confianza en la PNC se debe a que, a pesar de que existen más policías privados, estos no pueden capturar ni consignar, lo cual le compete únicamente a la PNC, y es la “única” opción con que la población cuenta para buscar resguardo.

Además, según Samayoa, se ha fortalecido la Inspectoría General, lo cual permite imponer sanciones con imparcialidad.
Nuevo ministerio

Para lograr mejores resultados, Samayoa propone disolver el Ministerio de Gobernación y crear el ministerio de seguridad, con el cual la PNC dejaría de ser una dirección general y tendría más libertad para tomar decisiones.

“En este momento, la PNC es de tercera categoría porque no tiene participación política, no puede exigir presupuesto, no toma decisiones administrativas y está sometida a recortes presupuestarios para que se los den a otras instituciones. Con el ministerio de seguridad pasaría a ser una institución dirigida por civiles”, sostiene.

En investigación

La mejora en la percepción de la PNC, de acuerdo con expertos consultados, obedece a mejoras laborales y fortalecimiento de la Inspectoría General, a pesar de que esa misma dependencia reconoce que la población les teme a los agentes por incurrir en abuso de autoridad, negación de auxilio y ebriedad.

Fabricio, de 30 años y mecánico automotriz, es uno de los ciudadanos que dice no confiar en la PNC y más bien le causan temor cuando le marcan el alto.

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En noviembre de 2022, en la zona 4 capitalina, después de salir de una discoteca, fue interceptado por dos agentes de la PNC. Al ver que conducía bajo efectos de licor le advirtieron de que debía pagar Q500 para no ser consignado, con el argumento de que en el juzgado pasaría al menos un día en la carceleta, que debería pagar un abogado y Q2 mil de multa que le impondría el juez, mientras que ellos solo le “hacían un favor”.

En la Inspectoría General son conscientes de que estos casos son los más denunciados.