El concepto de ésta sería por la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico y contratistas de servicios, aunque la cartera asegura que “no se cuenta con datos precisos debido a que siguen practicando una auditoría”, según autoridades de esa cartera.
De acuerdo con el “monitoreo de ejecución financiera de los hospitales públicos” que lleva a cabo Fundesa con datos que brinda Salud, existe una deuda de Q150 millones de material médico quirúrgico, Q250 millones en medicamentos; y el resto con otros proveedores de servicios subcontratados de equipos y mantenimiento.
Todo esto alcanzaba los Q650 millones hasta diciembre del año pasado. En los primeros dos meses de 2024 las nuevas autoridades han asegurado que atraviesan problema para abastecerse porque hay proveedores que no quieren dotarles de más por la deuda que arrastran.
La red hospitalaria la componen 48 centros asistenciales. La deuda se basa en este esquema, y los principales, y más grandes hospitales, como el Roosevelt, San Juan de Dios y el Regional de Occidente, son los que más consumen del presupuesto.
La auditoría que practican en la gestión de Bernardo Arévalo es para determinar si la deuda real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay deudas que tienen más de 10 años de arrastre.
Carmen Salguero, coordinadora de la comisión de salud de Fundesa, explica que el “sistema hospitalario empezó con un déficit financiero desde finales del 2023.
Enfatiza que los Q650 millones “es una estimación, debido a que no se tiene acceso a los datos públicos sobre la deuda no pagada”.
Asimismo, aclara que el monto de Q650 millones fueron datos que se recibieron del MSPAS en diciembre de 2023 en una reunión con el equipo de transición.
“Esta fue información que las autoridades salientes le dieron a las entrantes”, señala.
En esas reuniones de transición, las anteriores autoridades publicaron que durante el gobierno de Alejandro Giammattei, entre 2020 y 2023, se habían recibido más fondos.
El primer año, por ejemplo, el presupuesto fue de Q8 mil 197 millones; en 2021, Q9 mil 823 millones; en 2022, Q12 mil 744 millones y en 2023, 12 mil 53 millones. De hecho, valoraron que el presupuesto de salud no dejó de crecer en esos años.
De 2020 a octubre de 2023, la cartera de Salud había ejecutado Q38 mil 894.50 millones. La mayor cantidad de ese rubro lo usó en el personal permanente, que significa Q14 mil millones 100 mil (36.1%) del total; en el personal temporal, Q6 mil 714 millones 300 mil (17.3%); en covid-19, Q6 mil 57 millones 300 mil (15.6 %); en insumos críticos, Q5 mil 497 millones 500 mil (14.1 %); otros renglones (sin precisar cuáles) Q3 mil 374 millones 300 mil (8.7 %) y entidades asistenciales, Q2 mil 477 millones 100 mil (6.4 %).
A un mes, sin datos
Durante los primeros 40 días de gobierno de Bernardo Arévalo, el equipo que dirige Oscar Cordón Cruz, desconoce el monto real de la deuda que heredó de la administración de Alejandro Giammattei. Tampoco se sabe si hay deuda de Jimmy Morales, u otro gobierno más atrás.
El equipo de comunicación de Salud asegura que “todavía no se tienen datos exactos”, ya que “se está trabajando una auditoria”.
Salguero resaltó que, en este caso, “no se trata solo de pagar esa deuda, sino que mejorar cómo gastan el dinero. Se debe trabajar en la calidad del gasto”.
Al ser designado al frente de la cartera de Salud Cordón Cruz solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) realizar una auditoría a los hospitales San Juan De Dios, Roosevelt y a la dirección del Ministerio.
La crisis hospitalaria, por lo menos hasta ahora, la ha hecho pública el San Juan de Dios. Las autoridades del centro asistencial denunciaron que la epidemia de violencia homicida y de accidentes viales, les saturan la atención en la emergencia cada fin de semana mucho más. De una capacidad de 90 pacientes pasa a más de 120 que deben ser atendidos.
La subdirectora de ese hospital, Lissette Aguilar, reveló que la deuda de Q250 millones a proveedores compromete la atención a los pacientes porque los productos con los que cuentan alcanzarían para atender solo a finales de marzo de 2024.
Se debe investigar
El director ejecutivo de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, reveló que pueden existir múltiples razones del por qué no se ha realizado el pago a los proveedores.
“La subdirectora – Lisseth Aguilar – tiene razón. En Icefi lo repetimos hasta el cansancio. En el gobierno anterior se le quitó presupuesto al Ministerio de Salud, Educación y Gobernación, para darle al de Comunicaciones para proyectos cuestionables y serias sospechas de casos de corrupción”, aseguró.
Barrientos destaca que la CGC debe practicar la auditoría para tener una claridad sobre las razones de la deuda e imponer sanciones como indica la ley.
“No podemos anticipar criterios, porque hay como 20 posibilidades, aquí lo que se debería hacer es que la Contraloría General haga su trabajo, se establezcan las razones y se deduzcan responsabilidades”, puntualizó.
