El impuesto autorizado por el Congreso en 2014 es de Q5 quetzales por cada línea que tengan asignadas las empresas de telefonía celular, con lo que el Ejecutivo espera recaudar unos 1 mil 334 millones de quetzales
El cobro de ese impuesto, sin embargo, está en un impasse debido a que la CC, la máxima instancia jurídica de Guatemala, amparó provisionalmente a las empresas que se oponen al pago.
Luis Lara, secretario del sindicato del FNL, dijo que la protesta es para demandar a los magistrados que dejen en vigencia ese impuesto porque los recursos están destinados para atender los problemas en salud.
Lara agregó que la protesta también es para demandar al Mspas el pago de salarios atrasados a cientos de empleados de ese ministerio.
“No estamos de acuerdo que la Corte haya suspendido provisionalmente ese impuesto porque el presupuesto del 2015 quedará desfinanciado”, aseveró.
*con información de Byron Vásquez y agencia EFE
