Dos semanas atrás se estableció una mesa interinstitucional para desarrollar operativo, luego de una reunión en el Congreso de la República y en la que se acordó que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) daría acompañamiento, sin embargo, está no ha sido notificada de las visitas que ya se realizaron a los establecimientos privados.
Carlos Vásquez, vocero de la Diaco, mencionó que por el momento se ha dado cobertura a establecimientos de las áreas departamentales de Guatemala Norte, Sur, Oriente y Occidente.
En el recorrido los supervisores encontraron casos de padres de familia que tenían pendiente el pago de colegiaturas. Relacionado a cobros indebidos por parte de los establecimientos privados hay un caso particular, un colegio del área de Guatemala Oriente que pedía Q200 por estudiante para entregar una bolsa con insumos como mascarillas, alcohol en gel y bolsas de basura.
A partir de la intervención de la Diaco y del Mineduc se logró que el centro educativo devolviera el dinero a quienes habían hecho el pago, pero también que quitará esa disposición.
“El espíritu de la Diaco es lograr restituir los derechos de los padres de familia y de los estudiantes. Hemos entendido que la conciliación nos permite la inmediata restitución de esos derechos, y de los bienes, si es que hubo algún cobro o adquisición, eso lo priorizamos”, indicó Vásquez.
Quejas recibidas
Hasta el 31 de enero la Diaco daba seguimiento a 35 quejas relacionadas a colegios privados, las cuales recibió de manera directa, y otras 12 que el Mineduc le trasladó para ser atendidas.
Las disconformidades de los padres de familia van desde mala atención por parte del personal de los establecimientos, como la no entrega de papelería a los estudiantes. También se quejan por la exigencia de la compra del uniforme y su uso durante las clases virtuales, uso de plataformas en línea, y otros cobros indebidos.
El Mineduc publicó el pasado 25 de enero que los únicos cobros autorizados son la inscripción y las cuotas mensuales, y que está prohibido imponer pagos adicionales a los padres de familia, como adquisición de mascarillas con el logotipo del centro educativo, alcohol en gel y otros insumos de bioseguridad y las pruebas de covid-19. No está permitido solicitar la compra de los productos a una empresa específica.
Las quejas por cobros indebidos pueden hacerse al Mineduc a través de los supervisores educativos de área, que la trasladan a la dirección departamental. También a través del buzón creado para este fin.
En el caso de la Diaco hay cuatro rutas, una es a través del centro de llamadas 1544; en línea por el sitio www.diaco.gob.gt; puede realizarse de manera presencial en las sedes departamentales o en el libro de quejas. Para darle seguimiento a una queja, esta debe ir respaldada con el nombre de quien hace la denuncia, su número de identificación, el nombre del colegio que violenta los derechos del padre de familia o estudiante como consumidor y lo que se solicita como reparación.
Debe estar fundamentada, pues al momento de que la Diaco visita el establecimiento y no hay pruebas que respalden la queja, el proceso puede desvanecerse, refirió el vocero de la institución, sin embargo, en los casos que están sustentados “la prioridad es la conciliación” entre el colegio y los padres de familia.
Bajo alcance
De acuerdo con Vásquez, las supervisiones a los centros educativos continuarán durante febrero. En los departamentos hay 50 personas de la Diaco que realizan dicho trabajo, pero también deben monitorear otras 22 líneas de trabajo, en las que se incluye inspección a mercados, gasolineras, el cumplimiento de la ley de apoyo social temporal al gas propano, así como de la verificación de los precios de la canasta básica, que abarca abarrotes, granos básicos, entre otros productos.
Los hallazgos de las supervisiones realizadas en los departamentos no se incluyen por el momento, pues el grueso de colegios privados está en la capital, en donde la vigilancia por parte de la Diaco y el Mineduc avance es pausado.
De esa cuenta, Miguel Colop, director de Auxiliaturas de la PDH, es de la opinión que las supervisiones deberían de acelerarse, pues las clases en los colegios comenzaron de manera oficial hace dos semanas.
“Es una cantidad mínima la que han alcanzado, porque recordemos que el interés superior del niño bajo esos parámetros y esos derechos deben de observarse a cabalidad. Son 5 mil colegios y que se haya supervisado menos del uno por ciento es muy poco”, refirió Colop.
De la misma opinión es el diputado Carlos Barreda, que ve “lento” el proceso de supervisión en los centros educativos, y con poca cobertura tanto de la Diaco como el Mineduc para llevarlo a cabo. “Esperamos que en estos 15 días logren apretar para evitar esos abusos que se están dando en los colegios privados”, dijo.
Será este lunes 7 de febrero que los representes de la Diaco, el Mineduc y la PDH lleguen de nuevo al Congreso de la República para presentar el informe de hallazgos y sanciones producto de esos operativos conjuntos.
