Hugo Xicará, representante de los taxistas, dijo que llegaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la zona 1 de la capital, para solicitarle al procurador Jordán Rodas que presente un amparo que impida que entre en vigencia acuerdo gubernativo 17-2020, del Ministerio de Gobernación, que les quiere imponer un seguro obligatorio.
Explicó que la normativa viola derechos constitucionales de igualdad, vida y propiedad porque ese gremio no da servicio de transporte público sino de personas.
Refirió que ese seguro que las autoridades están exigiendo debe ser para toda la población que tiene vehículos.
Agregó que otro motivo por el que se oponen es porque en estos momentos están enfrentando problemas económicos derivados de la pandemia, pues no hay mucho trabajo, no hay turismo ni mucha actividad económica que les permita agenciarse de fondos.
Recalcó que no están en contra de la prevención vial, ni de la prevención del delito, pero que en este momento los taxistas no pueden asumir ese gasto. Además, que si las autoridades quieren imponer un seguro, debe ser para toda la población y no solo a los taxistas.
También criticó que el seguro sea solo por daños a terceros, con lo cual sus sus taxis no quedan cubiertos si alguien sin seguro los choca.
Xicará dijo que la prima anual de dicho seguro oscila entre Q3 mil 500 y Q4 mil, pero las aseguradoras quieren que se haga en tres pagos y por el momento los taxistas no tienen ese dinero para pagarlo.
Añadió que fueron atendidos por Saúl Orellana, auxiliar de la PDH para asuntos el área central, quien se comprometió a pasar la información al departamento jurídico y analizar si es procedente presentar un amparo.
El viernes los taxistas irán a la Corte de Constitucionalidad para proceder legalmente contra este artículo y si las autoridades no derogan el acuerdo tomarán otras medidas más drásticas en la capital y los departamentos.
Hugo Xicará, se representante de los taxistas, se refiere a la oposición del gremio al acuerdo 17-2020, que obliga a la contratación de un seguro. (Video Prensa Libre: Juan Diego González)
Seguro es cuestión de ley
Según Christian Nölk Rodríguez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Seguros (Agis), la Ley de Tránsito establece que todos los vehículos deben contar con al menos un seguro de responsabilidad civil y el acuerdo 17-2020 especifica la obligatoriedad del seguro para vehículos de tipo comercial.
Consideró que la sociedad guatemalteca debe avanzar hacia la responsabilidad mediante instrumentos como los seguros que ayudarán a estar preparado ante accidentes. Subrayó que los percances viales pueden ocasionar lesiones en personas que pueden ocasionar costos de curación y privarle de la generación de ingresos, lo que tiene un impacto en las familias. El aparato estatal también se ve impactado porque tiene que atender a heridos, cuando los seguros podrían ayudar a que centros privados puedan asumir esa parte.
La actividad aseguradora en Guatemala con respecto al PIB es de 1.7% cuando en Latinoamérica es de 2.9%. En 2020 se estimaba que más de 414 mil vehículos comerciales debían adquirir el seguro de responsabilidad terceros y solo el 10 por ciento del parque vehicular en Guatemala contaba con seguro.
Vigencia en breve
Según Agis, el reglamento entrará en vigor el 20 de febrero próximo.
Así, transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga deberán contar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes para indemnizar muerte, lesiones y daños y perjuicios a las personas que sufran un accidente vial.
También deberá cubrir daños al ambiente o a la propiedad privada.
El reglamento crea una tabla que define las unidades de indemnización -equivalentes al salario mínimo mensual para actividades agrícolas vigente-, según los daños ocasionados.
