“Ellas tenían sueños, proyectos y les arruinaron todo”, relata Ramírez, madre de Ashley Méndez Ramírez, una de las 41 niñas fallecidas en un incendio el 8 de marzo de 2017 dentro de un aula del refugio estatal, en las afueras de la Ciudad de Guatemala.
En la tragedia, por la cual no se han deducido responsabilidades legales, resultaron lesionadas también 15 niñas con quemaduras de gravedad.
“El Estado siempre ha querido minimizar la gravedad del caso”, afirma Ramírez al recordar a su hija, de 15 años.
Durante el último lustro, la defensa de ocho exfuncionarios acusados por la muerte de las menores de entre 13 y 17 años ha logrado que el proceso judicial se demore y no llegue a debate oral y público.
A seis años de la tragedia, Ramírez asegura que el Organismo Judicial ha “detenido el proceso penal en favor de los acusados”, pero advierte que “es imposible” que desista en su lucha por justicia junto a familiares de otras niñas fallecidas.
Hasta el momento, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco no ha programado fecha para intentar, por quinta ocasión en 2023, iniciar el debate contra los acusados.
La tragedia
El 7 de marzo de 2017, un grupo de niñas del refugio estatal Hogar Virgen de la Asunción, ubicado 20 kilómetros al sureste de la Ciudad de Guatemala, escaparon del lugar denunciado malos tratos e incluso supuesta trata de personas.
El grupo de niñas fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y 56 de ellas fueron encerradas en un aula. En la madrugada del 8 de marzo, un incendio se originó dentro de la misma aula y no fue hasta nueve minutos después que las menores fueron liberadas por las autoridades, de acuerdo con diversas fuentes.
Entre los acusados se encuentran Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo; Santos Torres, exdirector del hogar; Harold Flores, exprocurador de Niñez; Brenda Chamán, exjefa de protección contra el maltrato.
También están procesados Lucinda Marroquín, exsubinspectora policial; Luis Armando Pérez, exsubcomisario policial, y Gloria Castro, exdefensora de la niñez.
Ramírez asegura que a la fecha no ha recibido ningún tipo de ayuda estatal. “Jamás nos dieron apoyo psicológico y eso que fue un caso muy traumatizante el que vivimos”, recuerda.
“Lo que les sucedió a nuestras hijas es irreparable y exigimos justicia”, añadió Ramírez.
“No olviden a las niñas, ni a todas las mujeres que han fallecido de manera terrible”, concluyó.
