Estos papeles les serán útiles para los procesos de reclamo de sus familiares desaparecidos, así como para aplicar a eventuales programas de asistencia del Gobierno para los damnificados.
En una situación similar se encuentran varias familias de las comunidades La Reina y Sabana Grande, que también fueron evacuadas. Esperan respuestas del Gobierno, ya que sus viviendas, aunque fueron afectadas por la caída de ceniza, no fueron destruidas por los flujos piroclásticos.
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“No nos han dicho si nos van a dejar regresar o qué va a pasar”, dice Nicolás Ramón Jiménez, otro vecino de La Trinidad. “Ahora toca pelear con el Gobierno a ver qué se va a hacer, si van a comprar otra finca para que nosotros nos traslademos o cómo le vamos a hacer”.
En el sector del albergue asignado a los vecinos de La Trinidad solo se observan mujeres, personas de la tercera edad y niños. Según cuenta Jiménez, esto se debe a que la mayoría de hombres decidieron quedarse a cuidar sus viviendas, por temor a saqueos.
El poblador dice que la ceniza del volcán destruyó sus cultivos de café y maíz, por lo que se quedarán sin sustento en los próximos meses. Por esa razón, una preocupación general para los comunitarios es saber si les permitirán continuar trabajando sus tierras.
Pertenencias van a otro lugar
A 10 días de la tragedia, varios de los vecinos de las comunidades evacuadas tuvieron la oportunidad de regresar a sus casas para rescatar sus pertenencias; no obstante, según cuenta Griselda Esperanza Arriaza, proveniente de la comunidad La Reina, los administradores del albergue les han pedido que las guarden en otro sitio.
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“Me estoy llevando estas cosas con un mi primo que vive afuera de Escuintla para que me las guarde”, dice la mujer, mientras carga un saco rojo con ropa y otros enseres personales. Arriaza comenta que se mantendrá en comunicación con sus familiares para que le lleven lo que ella necesite.
El espacio dentro de los albergues es limitado y se reparte entre los insumos y provisiones, áreas de aseo, y los 885 albergados, entre estos, 263 niños que habitan en forma provisional en la escuela José Martí.
Continuar con sus vidas
Los damnificados que tienen empleos en la ciudad de Escuintla, la capital y los municipios circundantes tratan de continuar con sus labores cotidianas durante las mañanas.
Además, hacen tiempo para darle seguimiento a sus casos ante las autoridades. La gente sale y regresa, pero luego de las 18 horas se restringe la salida y entrada a personas ajenas al albergue.
Grupos de voluntarios de iglesias, empresas privadas y organizaciones civiles hacen distintas actividades con los albergados, especialmente con los niños. Hay incluso un calendario con horarios para que todos los grupos tengan oportunidad de compartir con los damnificados.
Desalojo por cuenta propia
Los datos oficiales difundidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dan cuenta que, en los últimos días, el número total de albergados por la tragedia se redujo en 301 personas en los 17 centros que reciben a damnificados. Las autoridades en los albergues confirman que las personas optan por abandonar el centro para irse a vivir con familiares o amigos.
El delegado de Escuintla de la Conred, Pedro Pablo Granillo, asegura que esa decisión es por cuenta propia y que están en libertad de hacerlo. Explica que no quiere decir que los damnificados se queden sin ayuda, pues podrían seguir recibiendo víveres o ser recibidos de vuelta en los albergues si así lo desearan.
Asimismo, los damnificados quedan en una base de datos y podrían aplicar en un futuro a programas de ayuda del Gobierno que diseña la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).
En ese sentido, Granillo también reconoce que existe el fenómeno del “autoalbergue”, que consiste en que un damnificado prefiera refugiarse con un conocido o familiar de confianza en lugar de algunos de los centros habilitados por las autoridades. “Es un trabajo por delante el que tiene la Conred, para concientizar de que se sigan los procedimientos”, dice.
El autoalbergue le dificulta a las autoridades canalizar la ayuda a los damnificados, pues la mayoría de estos albergues no oficiales se mantienen en el anonimato. Además, las tareas de búsqueda de desaparecidos pueden complicarse.
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