Los números de la terrible situación de las niñas madres

Según registros oficiales, 81 mil niñas y adolescentes se han convertido en madres; la mayoría de casos se deben a abusos.

Durante el 2017 se presentaron ocho mil 691 denuncias por violencia sexual, lo que significa una por hora reportada a las autoridades.
Durante el 2017 se presentaron ocho mil 691 denuncias por violencia sexual, lo que significa una por hora reportada a las autoridades.

El Código Penal establece el delito de violación en el artículo 173, y entre las condicionantes indica que se comete cuando la víctima es menor de 14 años, sea con violencia o sin esta.


Entre el 2014 y el 2016, la tendencia fue de un aumento en los reportes; sin embargo, este año cerraría con menos, aunque defensores de derechos de la niñez y adolescencia no atribuyen esa baja a la existencia de acciones directas del Estado.

Hasta octubre, el Ministerio Público (MP) había recibido ocho mil 691 denuncias sobre violencia sexual. Después de Guatemala —dos mil 276 casos—, Alta Verapaz, Escuintla, Petén, San Marcos y Huehuetenango fueron los departamentos con más reportes —entre 538 y 487, cada uno—. Según cálculos, del total de las denuncias, al menos el 80 por ciento son por abusos a menores de edad.

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet) revela que Alta Verapaz, San Marcos, Petén y Huehuetenango son los departamentos que registran más menores de 14 años embarazadas.

Otros números

“Aunque hay una reducción, es una situación dramática para las niñas y adolescentes expuestas a la violencia sexual. Acá solo están las que se acercan a un hospital o centro de salud y quedan registradas”, manifestó Sergio Lobos, del Observatorio de los Derechos de la Niñez.

Lobos explicó que es necesario brindar educación sexual, y aunque el Ministerio de Educación ya tiene una política al respecto, no se puede aplicar en todos los planteles, ya que los padres se oponen a que se trate el tema en las aulas.

“Se tiene una concepción muy conservadora de que no deben tener relaciones sexuales, pero las tienen. Por otro lado, se condena o no se permite el uso de anticonceptivos en adolescentes y la consecuencia son los embarazos”, advirtió Lobos.

Los registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) al 30 de noviembre muestran que se practicaron 129 evaluaciones por delito sexual en niñas de 0 a 1 años, 264 en menores de 1 a 4 años y 493 en niñas de 5 a 9 años.

Además, el Inacif ha evaluado a mil 869 adolescentes de 10 a 14 años y mil 507 de 15 a 19 años.

El aumento más significativo en este tipo de exámenes se dio en niñas de hasta 1 año, ya que en 2016 solo fueron 57. La Svet documentó que el repunte de evaluaciones originadas en alguna agresión o abuso sexual se reportó en Quetzaltenango —370—, Escuintla —361—, Alta Verapaz —306— y San Marcos —275—.

“Cuando una niña menor de 14 años llega embarazada al sistema de Salud, se debería hacer una investigación de oficio”, comentó Lobos.

Mortalidad

Los embarazos en menores de 14 años son de especial relevancia para Salud, por el riesgo de mortalidad materna.

“Este es un asunto de tipo sociocultural y económico. Salud tiene la función de prevención y la atención de las niñas”, explicó Roberto Molina, viceministro técnico de Salud.

Molina afirmó que desarrollan el programa de educación en sexualidad, promueven el acceso a métodos anticonceptivos y desarrollan campañas para evitar relaciones sexuales a temprana edad. Para 2018 unirán esfuerzos con la Vicepresidencia.

Más riesgo

Las niñas del área rural son las más vulnerables a los abusos y a convertirse en madres, riesgo que aumenta cuando no reciben educación o no la completaron, como lo evidenció en el 2015 la Encuesta de Salud Materno Infantil, donde evidencia que solo dos de cada 10 mujeres de 15 a 19 años completaron la primaria.

“Hay menos casos reportados, pero no quiere decir que el problema ha disminuido o cambiado. Persiste la violencia sexual en las niñas y adolescentes, y por lo tanto el Estado, por medio de todas sus instituciones, debe intervenir desde sus mandatos institucionales y promover las coordinaciones para dar respuesta”, opina Gabriela Tuch, defensora de la Mujer, de la Procuraduría de los Derechos Humanos.