El juez dictará si la persona deberá cumplir prisión preventiva o bien hacer uso de un dispositivo de control telemático. En la orden de instalación se debe de indicar si el privado de libertad pagará la cifra mensual de Q1 mil 500 mensuales o Q50 diarios o si es el Ministerio de Gobernación (Mingob) la que absorberá los gastos, luego de un estudio socioeconómico.
Para el funcionamiento y monitoreo de los brazaletes se creó la Unidad de Control Telemático, la cual pertenece a la Dirección Superior del Mingob. Dicha unidad se encargará de la verificación de la señal enviada por los dispositivos.
En caso el privado de libertad salga del área donde debe permanecer o se acerque a alguna zona restringida emitirá una alarma, el mismo sistema se activará si la persona se intenta quitar la tobillera.
El dispositivo envía la señal con cuatro tecnologías diferentes las cuales son: GPS, radiofrecuencia, Wifi y un servicio que triangula antenas de telefonía llamado LBS. Se entregará a la persona la base del cargador más un cargador inalámbrico, cuando al control le sobra poca potencia emite una señal al centro de monitoreo.
Por otro lado, el cumplimiento de la medida puede ser castigado con la revocación de la medida, el pago de una multa, pena de prisión y la inmediata captura.
Las autoridades del Ministerio de Gobernación dieron a conocer que a partir del 1 de junio se implementarán los dispositivos de control telemático. Con orden de juez los privados de libertad podrán optar por esta opción en alternativa a la prisión preventiva. La normativa establece que se debe de priorizar el uso en mayores de 65 años, mujeres embarazadas en el tercer trimestre, personas que padezcan de una enfermedad terminal, con una discapacidad permanente, madre o padre de familia con hijo menor de edad, con hijo o cónyuge con una discapacidad permanente y adolescentes que hayan cumplido la mayoría de edad. De la misma manera, se podrá implementar en casos de o de protección de las víctimas del delito y víctimas de violencia contra la mujer como un método de seguridad.
De acuerdo con la versión oficial, la nueva medida se implementará paulatinamente y se capacitará al personal respectivamente. Por el momento, la cartera del Interior adjudicó el arrendamiento de 2 mil unidades por un monto de Q110 millones 367 mil 144 a la empresa Tecnología, Acceso y Seguridad, S. A. Fueron tres las ocasiones en las que la cartera trató de adjudicar la oferta, pero fue hasta en el cuarto intento en el que el arrendamiento fue concretado. El mismo 11 de mayo se realizó un taller con jueces y trabajadores sociales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En el evento, el magistrado Josué Felipe Baquiax, presidente de la Cámara Penal de la CSJ, aseveró que el personal del sector justicia mantendrá una permanente formación sobre esta tecnología para que los jueces puedan determinar con propiedad el uso de la medida. El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, afirmó durante el anuncio oficial de la medida: “esta tecnología ha sido implementada de forma progresiva en otros países, los cuales son referentes del respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales”. Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), comentó que medidas de control telemático es bastante común en otros países y que es implementada en países como Colombia, Costa Rica y México.
Verificamos por usted: Tiene capacidad el Ministerio de Gobernación para administrar el control telemático
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El exministro de gobernación Francisco Jiménez Irungaray, consideró que en términos técnicos, tecnológicos y de recurso humano no debiera ser complicado de administrar. Aunque señaló dos aspectos en los que la implementación puede representar un reto para la institución. La posibilidad real de que la persona no pueda quitarse el dispositivo fue el primer reto que identificó, “son riesgos calculados que debe de evaluar el juez, porque si va a dar esa medida sustitutiva si hay elementos que le indican que la persona pueda fugarse no se aplica la medida”, detalló el exministro. El otro punto en el que enfatizó fue en la delimitación de las áreas en las que la persona debe de permanecer la persona, a decir de Jiménez el nivel de complejidad recae en que se debe de contar con el recurso humano disponible para verificar las alertas que las tobilleras envíen. Por su parte, Dedik aportó que esta implementación es un plan piloto en el cual se evidenciará si la cartera posee las capacidades necesarias para la administración del control telemático. “Es importante monitorear cómo avanza la implementación e ir corrigiendo si se determinan brechas de mejoras o algunas fallas”, refirió. En cuanto a los obstáculos, la analista describió que existe riesgo en que la persona intente manipular el brazalete, aunque en la ley están establecidas las medidas a tomar si se da el caso. También mencionó la capacidad de reacción si una de las personas bajo esta medida infringe el limite geográfico en el que debe permanecer o si se acerca a una víctima de violencia contra la mujer. Asimismo, la señal de telefonía podría significar un reto para la correcta aplicación del control telemático.
