Un juez impuso este viernes 36 meses de prisión preventiva al expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski mientras es investigado por presunto lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal en un caso vinculado a Odebrecht, pese a que el exmandatario está hospitalizado.
Desde el 4 de julio del 2018 hasta el 5 de abril pasado, los jueces de Mayor Riesgo han excarcelado a 27 personas involucradas en casos de alto impacto de corrupción que les atribuyen la Feci y la Cicig.
Unos 11 mil 500 guatemaltecos que se encuentran en prisión preventiva no podrán ejercer su derecho al voto el próximo 16 de junio, a pesar de que la Constitución Política y la Ley Electoral y de Partidos Políticos les otorgan el derecho al sufragio.
Un proyecto de ley que busca viabilizar la aplicación de medidas sustitutivas y regular el tiempo que una persona debe estar en prisión preventiva fue presentado este lunes en el Congreso.
Previo a los cambios de autoridades en los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, inmersos en el proceso de elecciones generales y por empezar la campaña electoral, las 16 organizaciones que conforman el Foro Guatemala proponen transformaciones políticas, judiciales, fiscales, electorales y económicas. Entre las sugerencias no se aborda la crisis del Gobierno con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero se sugieren alternativas ante la “coyuntura”.
Una propuesta de varias instituciones y la Cicig fue presentada este lunes a diputados, cuyo objetivo es que la prisión preventiva sea una medida que debería aplicarse solo en casos de excepción.
Ante la coyuntura de nuestro país con altos índices de criminalidad, corrupción galopante, que parece que al podarla florece más, impunidad de los políticos, violación reiterativa de las leyes, la sociedad guatemalteca quiere encontrar culpables, aunque no lo sean, y vemos como los pobladores están aplicando la justicia por sus propias manos, sin tener los elementos de juicio suficientes para aplicarla. Es evidente la alegría de muchos cuando se realizan redadas para capturar personas sospechosas de haber cometido un delito, en donde justos pagan por pecadores. Los más informados, bien relacionados y acaudalados, casi siempre escapan a la justicia, temiendo enfrentar a la justicia, pero sobre todo enfrentar la situación calamitosa, degradante y sobrepoblada del sistema penitenciario. Por otro lado gran número de personas inocentes son encarcelados, al ser incluidos en las redadas, muchas veces por malos procedimientos administrativos que los comprometen o simplemente porque son inculpados por testigos a los que se les ha comprado ya sea por dinero o por arreglos en sus condenas, como quedó evidenciado recientemente en el caso Gavilán y otros en los que existen fuertes sospechas que los escenarios fueron arreglados para quedar bien con los donantes, con el pueblo de Guatemala o con objetivos políticos.
Las reformas al Código Procesal Penal que buscan limitar el tiempo que las personas pasen en prisión preventiva fueron discutidas en primer debate en el Congreso.
Gusto, realmente, de leer los artículos de Alfred Kaltschmitt. Sobre todo, porque creo que, desde sus puntos de vista —como todo periodista de opinión— procura ser coherente y expresar un parecer auténtico. Por eso me extraña lo que publicó en su artículo del pasado martes, intitulado “La justicia simulada”.
El diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, explica que “la prisión preventiva se ha extendido indefinidamente”, por eso, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales decidió aprobar el dictamen.
