Prisión preventiva: reformas extienden uso de brazalete electrónico para procesados por delitos graves
Los jueces deberán actuar cuando se atrasen los procesos penales. Incluso acusados de delitos graves podrán optar por control telemático a costa del Estado.
El uso de control telemático como apoyo a las medidas sustitutivas es reducido en Guatemala de acuerdo con estadísticas oficiales. (Foto: Prensa Libre)
El Congreso aprobó este 17 de noviembre el Decreto 30-2026, que reforma el Código Procesal Penal. La regulación de la prisión preventiva es el eje de los cambios. El Código vigente contempla el cese cuando una persona lleva más de un año en prisión preventiva, aunque admite prórrogas judiciales.
La reforma establece consecuencias específicas si se vencen los plazos de la investigación, la audiencia intermedia, el inicio del juicio o la apelación.
Uno de los efectos es que los procesados por delitos que no tiene derecho a medida sustitutiva, como asesinato, violación o secuestro, puedan usar dispositivos de control telemático, pagado por el Estado.
La reforma establece que en caso de las capturas por orden judicial, la audiencia de primera declaración deberá celebrarse en un máximo de 24 horas desde la aprehensión, antes de que se pueda ordenar el traslado a un centro de privación de libertad.
Además, se prohíbe, bajo responsabilidad penal y disciplinaria, que un juez ordene la detención o prisión “provisional” cuando recibe a una persona capturada por orden de un juez.
Para dictar prisión preventiva, el juez deberá antes ligarlo a proceso penal. El Ministerio Público (MP) deberá aportar elementos que sustenten su solicitud y el juez deberá justificar la existencia de peligro de fuga o de obstaculización, de acuerdo con la ley aprobada el martes pasado.
Cuándo pagará el Estado el control telemático
El juez debe actuar para que las personas salgan de la prisión y autorizar medidas alternas cuando ocurran cuatro atrasos. El primero, si vence el plazo legal y el Ministerio Público aún no presenta su solicitud para concluir la investigación. En esa etapa, el juez interviene a los tres meses de haber ordenado la prisión preventiva y da al fiscal hasta tres días para presentarla. Los otros tres se dan si la audiencia intermedia sigue sin concluir dos meses después de presentada la acusación, si el juicio aún no empieza tres meses después de terminada esa audiencia o si la apelación contra una condena sigue sin resolverse tres meses después de su presentación.
Entre las medidas sustitutivas más conocidas están la caución económica como garantía, el arraigo, que le impide salir del país, el arresto domiciliario y la presentación periódica ante el juez o un módulo de comprobación. Cuando se cumpla uno de esos supuestos de atraso, el juez determinará algún tipo de medida alterna para que la persona salga de prisión preventiva.
La reforma, además, actualiza el catálogo de delitos que no admiten medidas sustitutivas.
Si el caso está comprendido en esa lista, que incluye delitos como asesinato, secuestro y extorsión, el artículo 268 Bis establece que el juez debe imponer el uso del control telemático a costa del Estado, junto con las demás medidas de coerción posibles.
Fondos y vigencia
El Decreto 30-2026 también autoriza una modificación presupuestaria para asignar Q50 millones al Organismo Judicial, para la implementación administrativa y tecnológica de la reforma.
Las reformas se aprobaron este 17 de noviembre, de urgencia nacional, para sustituir el Decreto 30-2026 sobre la prisión preventiva pero que fue objeto de veto presidencial. El pleno del Congreso aceptó la objeción del Ejecutivo y aprobó las nuevas reformas.
El texto aprobado fija la entrada en vigor general 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial. El artículo sobre la implementación entrará en vigor ocho días después de la publicación.
¿Cómo quedó el catálogo de delitos sin medida sustitutiva?
El Decreto 30-2026 incorpora el artículo 264 Quáter al Código Procesal Penal que actualiza los delitos que no gozan de medida alterna a la prisión o medida sustitutiva.
- a) Reincidencia. Reincidentes o delincuentes habituales.
- b) Delitos contra la vida. Homicidio doloso, asesinato y parricidio.
- c) Armas de fuego. Reincidentes en portación ilegal de armas de uso civil o deportivo. El inciso también menciona la tenencia o portación de armas con número de registro alterado, borrado o sin marcaje legal de la Digecam.
- d) Violación, plagio o secuestro.
- e) Robos, extorsión y otros delitos. Sabotaje, robo agravado, robo de equipo terminal móvil, extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito, reclutamiento ilícito de menores y enriquecimiento ilícito extorsivo.
- f) Narcoactividad. Delitos del capítulo VII de la Ley contra la Narcoactividad, incluida la posesión para el consumo.
- g) Medicamentos y productos médicos. Adulteración de medicamentos, producción, distribución o comercialización de los productos falsificados que enumera el inciso, distribución o comercialización de medicamentos adulterados y establecimientos o laboratorios clandestinos.
Excepción para tres delitos. En casos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, la única medida sustitutiva que permite este artículo es la caución económica.


