Sin embargo, debido a los indicadores sobre los pueblos indígenas y la institucionalidad débil que prevalece, expertos consideran que las propuestas no lograrían corregir lo que históricamente ha afectado a los guatemaltecos.
Particularmente porque estos planes de gobierno dicen cuáles son los ejes de trabajo que fortalecerán, pero no explican de dónde podrían salir los recursos con los cuales se financiarían esos proyectos, que son ambiciosos, tomando en cuenta la realidad.
Precariedad
Valerie Julliand, coordinadora residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala (PNUD), en un discurso pronunciado en el Foro Esquipulas indicó que en el país el 62 por ciento de la población es pobre y que esta cifra sube a 80 por ciento si se desagrega y compara solamente con la población indígena.
Julliand señaló que el sector formal de la economía “apenas logra incorporar una tercera parte de la fuerza laboral, excluyendo de manera casi sistemática a los jóvenes, mujeres y pueblos indígenas”. Además, el 48 por ciento de la niñez sufre de desnutrición crónica.
Instituciones débiles
Un informe de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) revela que en el país existen 31 instituciones públicas dedicadas a atender a los pueblos indígenas, pero estas no cuentan con recursos económicos ni personal suficiente, incluso algunas no tienen un marco legal que garantice estabilidad y no responden a una estrategia definida y coherente.
Añade el informe que todos los gobiernos de la llamada era democrática —tras los acuerdos de paz— no se habían preocupado por fortalecer la institucionalidad y, por el contrario, la hicieron más dispersa.
Para Carlos Aníbal Martínez, sociólogo y economista, afirmó que es conveniente tratar el tema desde varios puntos de vista.
“Las finanzas públicas se vuelven uno de los obstáculos torales para poder impulsar mejoras sustantivas en las áreas de interés de pueblos indígenas”, afirmó Martínez.
Aseguró que ningún partido se atreve a mencionar mejoras en las finanzas porque es muy difícil. “Para hacer una inversión de calidad se necesita un mundo de recursos fiscales que vaya más allá del 15 por ciento de carga tributaria. Nadie lo propone porque es una meta cuesta arriba”, indicó.
Lea en la versión impresa las propuestas de los candidatos.
