Se trata del antejuicio 255-2023 planteado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP en contra de los magistrados titulares del TSE Irma Elizabeth Valencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Maynor custodio Franco Flores.
Además, en contra de los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
Ahora está en manos del Congreso de la República, a quien le corresponde según la Ley de Amparo y Antejuicios, conocer el proceso y formar una comisión pesquisidora para que concluya si es conveniente o no retirar el derecho de antejuicio contra los magistrados del TSE.
De acuerdo con la ley, el Congreso debe conocer por medio de una comisión pesquisidora las acusaciones contra los magistrados para analizar los delitos de los que se les acusa.
La comisión pesquisidora es una instancia compuesta por diputados, que debe analizar el caso y emitir un veredicto sobre si procede quitarles la inmunidad.
El MP señala los delitos de abusos de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude, según la CSJ.
“El Ministerio Público, dentro de la solicitud de antejuicio sostuvo que dichos registrados hicieron constar en acta que el Tribunal Supremo Electoral suscribió el contrato administrativo donde consta la adquisición del programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral del año 2023 con la entidad, la Datasys Guatemala Asociada Anónimo (…) y denunciaron que al suscribir el mismo no existió una supervisión independiente del software, sino que la misma entidad, Datasys Guatemala, Sociedad Anónima, recomendó a la entidad de origen mexicano Podernet, Sociedad Anónima, para realizar dicha supervisión”, señaló la CSJ.
Por lo que, a criterio del MP, “los magistrados antejuiciados posiblemente suscribieron el referido contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado Guatemala”.
“Esta Corte considera que el antejuicio no es espurio, porque tiene fundamento serio, sustentado en los elementos de razonabilidad aportados por el ente fiscal, no es ilegítimo, ya que fue planteado por el Ministerio Público como corresponde, como ente de la persecución penal pública, y no es político, porque los hechos señalados se relacionan con actos de los magistrados denunciados en su calidad de funcionarios públicos al ostentar el cargo de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo electoral”, refiere.
Agrega que “en consecuencia, por mayoría, la Corte Suprema de Justicia declaró al lugar a formación de causa el antejuicio planteado y ordenó trasladar al Congreso de la República de Guatemala para lo que tenga a bien resolver.
Detalles
La Fiscalía de Delitos Administrativos presentó las solicitudes de antejuicio contra los 10 magistrados del TSE, titulares y suplentes, por aparentes anomalías en la compra de su sistema informático.
El sistema en cuestión, denominado Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), se utilizó para transmitir los resultados de las elecciones de primera y segunda vuelta desde las Mesas Receptoras de Votos al centro de computo.
En las denuncias que presentó el MP se enlistan tres cargos penales en contra de los magistrados electorales: fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, señalamientos que fueron elevados al pleno de la CSJ.
La tesis de la Fiscalía apunta el delito de fraude porque el TSE optó por elegir a la empresa que daba el costo más elevado. “Posiblemente suscribieron el contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado al especular con el precio de mercado”, cita el MP.
El sistema Trep fue adquirido a la empresa Datasys, quienes ofrecieron sus servicios por Q148 millones, monto que todavía no ha sido cancelado en su totalidad.
En el proceso de contratación había una segunda empresa que ofertó el servicio a Q113 millones, es decir Q34 millones menos, se trata de la empresa PBS Guatemala.
Esta empresa, incluso, presentó una acción de amparo ante la CSJ para revertir la compra; sin embargo, dicha acción legal no prosperó y quedó sin efecto. Luego de esa decisión judicial el TSE tuvo vía libre para la compra y, pese a los cuestionamientos de algunos partidos políticos, el Trep quedó establecido como la herramienta informática para transmitir los resultados preliminares de de las votaciones del 2023.
El delito de incumplimiento de deberes se centra porque fue la misma Datasys quien recomendó a Podernet para que supervisara el software usado, evadiendo así sus responsabilidades, según el MP.
Por último, el delito de abuso de autoridad lo consigna la fiscalía porque el pleno del TSE suscribió el contrato evadiendo los controles que como autoridades debieron de mantener sobre las herramientas adquiridas.
