Las autoridades ancestrales ofrecieron una conferencia de prensa a las afueras del Congreso de la República, y explicaron que dos bancadas, Winaq y URNG-Maíz iban a recibirlos para conocer la iniciativa de ley que busca hacer esas modificaciones.
Según el documento presentado por las autoridades ancestrales al Pleno del Congreso, la modificación que plantean es con el fin de viabilizar, a través de mecanismos democráticos, la remoción de fiscal general por causa de debidamente justificada contemplada constitucionalmente.
“Si bien es cierto, debe prevalecer el principio de legalidad, y el principio de pesos y contrapesos entre los organismos de Estado, para evitar el abuso de poder, también ha sido un hecho que en determinado momento, han existido extralimitaciones en el actuar del Ministerio Público, que han puesto en riesgo el orden democrático y han rebasado los límites de la independencia y autonomía entre las funciones de la institucionalidad creada en el marco de la Constitución Política de la República”, se lee en la exposición de motivos del documento.
Añade que la participación social ha hecho de manifiesto y puesto en evidencia “la cooptación de las instituciones de justicia, la interferencia en funciones constitucionales por un órgano auxiliar de la justicia. Es una hecho lamentable y grave para la democracia del país, que sectores oscuros vean una forma de lograr o mantener impunidad al tomar control de estas instituciones”, señalan en el mismo.
Señalan que en la actual fiscal, Consuelo Porras, en el ejercicio de su cargo ha cometido “manifiesta interferencia en las funciones constitucionales del Tribunal Supremo Electoral, ha profanado la voluntad popular que ha sido manifiesta en las urnas y cuya legalidad y pureza han sido testigos, cientos de Juntas Electorales Receptoras de Votos, y la serie de actos en contra del proceso electoral, que socavan la democracia”.
Aseguran que Porras comete acciones que ameritan su remoción del cargo y que al respecto, el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala en su último párrafo establece: “El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida”, pero no define la causa debidamente establecida para la mencionada remoción del jefe del MP.
“El desarrollo del supuesto de la causa debidamente establecida se establece en el artículo 14 del Decreto 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, establece en su artículo 14.”REMOCION. El Presidente de la República podrá remover al Fiscal General de la República, por causa justificada debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada, la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva. El Fiscal General será restituido inmediatamente en sus funciones cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito”.
Los líderes indígenas, en su escrito, dicen que esta norma tal y como se encuentra actualmente establece una causa muy difícil o imposible de concretarse, pues los principios de unidad y jerarquía que rigen al Ministerio Público, establecidos en su artículo cinco, señala que el mismo fiscal general, sería quien dirija la investigación de su propio caso, y que no existe la posibilidad de separarlo aunque fuera provisionalmente ante una eventual investigación, lo que no garantizaría una investigación imparcial y objetiva.
Agregaron que otro aspecto a considerar es que las causales de remoción del jefe del MP no se deberían circunscribir la violación de la Ley Orgánica del MP, sino, también cuando se violan otras normas constitucionales, penales, a la ética profesional, a la probidad, al decoro, a la veracidad, a la idoneidad y honradez en el cargo, a la posible interferencia en las funciones constitucionales de las instituciones democráticas.
“Para dar solución a que la norma actual, determinada en el artículo 14 del Decreto Decreto 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público que restringe el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la reforma que se propone, desarrolla de mejor manera forma la causa debidamente establecida incluyendo causas justificadas razonables a un sistema de control ejercido por el presidente (titular del derecho Constitucional) y la ciudadanía (soberano) quien también puede activar la destitución del Fiscal General a través de mecanismos democráticos”, se lee.
Los líderes ancestrales dicen que la propuesta tiene el propósito de tener un control político y social, un equilibrio y un límite a la acción penal, para que no sea usada para violentar el orden constitucional, el estado de Derecho y se socaven los cimientos de las instituciones democráticas.
De urgencia nacional
Blanca Estela Toxcón Alvarado, una de las líderes indígenas, exigió a los diputados que de urgencia nacional se reforme la Ley Orgánica del MP y así se ponga fin a la crisis que vive el país.
“Es un compromiso ético, moral y legal responder al pueblo de Guatemala en este momento de grave crisis social y política. En sus manos está la solución para el retorno de la gobernabilidad y evitar que se consume este golpe de Estado en curso”, dijo Toxcón.
También señaló que el presidente Alejandro Giammattei no tiene voluntad política de cumplir con su deber constitucional que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República para remover a la actual jefa del MP. Afirmó que una ley ordinaria no puede ser superior a una norma constitucional.
“Señor presidente de la República de Guatemala, usted es el culpable de esta crisis social y política en nuestro país por incumplir con sus funciones constitucionales”, comentó.
Cojtí Cristóbal García, otro líder indígena, señaló que están preocupados porque algunos diputados pretenden criminalizar a las autoridades ancestrales, específicamente de los 48 Cantones de Totonicapán, y que eso lejos de dar una solución pacífica esta situación, la complican más.
“Señores del congreso, ustedes fueron electos por el pueblo y ustedes también tienen la obligación de apoyar y legislar a favor del pueblo de Guatemala y dar una solución a este problema nacional. No es posible que cuatro autoridades abusando de su puesto y funciones pretendan burlar el voto popular en las urnas electorales. El pueblo no está de acuerdo con el secuestro del voto popular y los procesos que se encuentra en curso”, refirió.
“Es una vergüenza”
Por su parte, Celso Jiatz, otro líder indígena expresó que los pueblos se han unido con un solo objetivo, que es la destitución o renuncia de todos aquellos “malos funcionarios que han llevado a este país en una profunda crisis”.
“La escandalosa corrupción que prevalece en el país ya no puede ser ocultada. Es una vergüenza que nuestros gobernantes le estén mandando ese mensaje al mundo, de que aquí no hay un gobierno para el pueblo. Lo que hay es un gobierno que está trabajando para unas cuantas familias, los poderosos, los corruptos, los delincuentes y el narcotráfico”, señaló.
