Agrupaciones indígenas y campesinas cerraron varios tramos de importantes carreteras del país como la Interamericana, así como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.
La Cámara de Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) ve con preocupación lo que ocurre en Guatemala e insta a las autoridades correspondientes a “abrir diálogo con los ciudadanos para evitar bloqueos, los cuales se registran en la ciudad capital y en las carreteras principales del territorio nacional, debido a que miles de ciudadanos se ven afectados en la libre locomoción”.
AmCham agregó en un comunicado que “estas acciones las vemos con suma preocupación porque vulneran el sistema democrático del país, además, son un reflejo de cómo las autoridades no escuchan las demandas y expresiones de la ciudadanía”.
Reitera que “es importante resaltar que estos bloqueos ponen en riesgo la estabilidad económica, social y jurídica de la nación, al violentar derechos constitucionales de los guatemaltecos como la salud, industria, comercio y trabajo, lo cual se traduce a pérdidas económicas que afectan la inversión y el comercio del país”.
“AmCham Guatemala respeta el derecho a la manifestación pacífica, por ello, instamos a las autoridades a actuar bajo el marco jurídico que le corresponde y a tomar las acciones necesarias para mantener el orden en todo el país”, señaló.
En tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señaló en un comunicado que “los guatemaltecos tenemos el derecho de manifestación libre y pacífica. Este debe ejercerse de manera respetuosa de otros derechos, y nunca en menoscabo de ellos”.
Agrega que, por lo tanto, “es extremadamente importante que los ciudadanos puedan ejercer otros derechos, como el de libre locomoción, para que realicen sus actividades diarias que les brinden un sustento por medio de su trabajo, así como otras más como acudir a centros escolares y de salud”.
“Bloquear vías públicas no es lo mismo que manifestar pacíficamente”, reitera el Cacif.
En tanto, la Cámara de Industria de Guatemala ante los bloqueos señaló que “la Constitución nos da el derecho a expresarnos y manifestar pacíficamente, pero bloquear carreteras y obstaculizar el desarrollo del país no es una manifestación pacífica”.
Agrega que “los guatemaltecos ya no podemos seguir siendo afectados por los recurrentes bloqueos que perjudican la movilidad de millones de colaboradores, estudiantes, comerciantes, cuerpos de socorro, entre otros”.
“Nuestras rutas ya presentan obstáculos para el tránsito de todos los guatemaltecos, derivado de la situación de infraestructura del país”, señala la CIG.
Además, detalló que “trabajemos en conjunto para generar soluciones para los retos del país, en lugar de generar mayores afectaciones para todos los guatemaltecos. Es por ello que instamos a las autoridades a proceder a despejar las vías bloqueadas y con ello, permitir la movilidad de todos los guatemaltecos trabajadores y comprometidos con sacar adelante a sus familias y a Guatemala”.
Causas
Los allanamientos en la sede del tribunal electoral para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Semilla de Arévalo han provocado preocupación y rechazo en la comunidad internacional.
Las manifestaciones y bloqueos fueron convocadas por los alcaldes comunales de los 48 cantones de Totonicapán para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Al llamado se han sumado otros sectores.
Los manifestantes también bloquearon dos ingresos a Ciudad de Guatemala y protestan en la sede del Ministerio Público.
Además, las entidades piden la separación de los cargos del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quienes mantienen una cruzada legal que es considerada como un “golpe de Estado” por el presidente electo.
Los tres funcionarios están incluidos en una lista de “actores corruptos” y antidemocráticos de Estados Unidos.
La embestida legal comenzó después de que Arévalo quedara segundo en las elecciones generales el 25 de junio y pasara a un balotaje que ganó el 20 de agosto a Sandra Torres.
El viernes y sábado fiscales bajo el mando de Curruchiche y con una orden de Orellana, entre forcejeos, se incautaron las actas electorales, provocando una enérgica condena de Estados Unidos, que señaló que “socava” la transición pacífica del poder.
En un comunicado, los 48 cantones aseguran que la medida se debe a que los funcionarios judiciales han tomado “acciones arbitrarias que atentan contra la democracia y autonomía del pueblo y su orden constitucional”.
