En el documento se señala que el 29 de septiembre, el MP, por medio de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), llevó a cabo un nuevo allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que sustrajo más de 125 mil documentos y actas originales de las elecciones generales.
Añade que el MP informó que tales acciones habían sido ejecutadas con fundamento en la ley, en la Constitución Política, y en cumplimiento a la orden de un juez como parte de un caso bajo reserva.
La publicación de la CIDH expresa que el TSE señaló que el allanamiento forma parte de una “serie de acciones intimidatorias, destinadas a socavar la integridad de la democracia y poner en duda los resultados electorales ya oficializados”.
Menciona entre esta la solicitud del MP de retirar la inmunidad a los magistrados titulares y suplentes del TSE por la supuesta comisión de delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. También está la amenaza de ejercer otras acciones penales contra personas funcionarias de esta institución.
“De acuerdo con la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA), el allanamiento realizado a la sede del Tribunal Supremo Electoral, que constituye la quinta diligencia realizada después de las elecciones, fue “llevada a cabo sin la debida motivación, atacando las funciones, independencia y autonomía del órgano electoral”, cita el documento.
Agrega que: “el permanente asedio, sin fundamentos ni motivación clara del MP constituye una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios”.
Apuntó que la actuación del MP es “una violación intolerable a la constitución de Guatemala (…)” y que “está alterando el orden constitucional”; y que no existen elementos que pongan en duda los resultados electorales.
Deterioro de la institucionalidad
La CIDH agrega que ha advertido una serie de situaciones que ejemplifican “el deterioro progresivo de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la situación de los derechos humanos en Guatemala”.
Entre estas menciona “las continuas injerencias en el proceso electoral, mediante la interpretación de normativas y prácticas que impidieron la participación efectiva de personas y partidos políticos, la suspensión del anuncio de los resultados de la primera vuelta por más de dos semanas, el intento de suspender la inscripción como persona jurídica del Movimiento Semilla para impedir a sus integrantes la adjudicación de cargos públicos y el allanamiento a su sede”.
También la orden de detención contra una funcionaria del Registro de Ciudadanos del TSE, los allanamientos y las amenazas a magistradas y magistrados de dicha institución, y las solicitudes de antejuicio tramitadas en su contra; así como las amenazas contra la vida e integridad del binomio del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, que resultaron en el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH.
“Mediante la inclusión de Guatemala en el capítulo IV de sus informes anuales de 2021 y 2022, reservado a Estados que por su grave situación de derechos humanos ameritan un informe especial, la CIDH alertó a la comunidad internacional sobre la falta de independencia del Ministerio Público, la intensificación de la persecución judicial, la criminalización y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar del cargo a personas operadoras de justicia encargadas de investigar y juzgar casos vinculados con el conflicto armado interno y con hechos de corrupción de alto impacto, con el fin de favorecer a estructuras y grupos de poder interesados en asegurar la impunidad”, señala el comunicado.
Añade que la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también advirtieron sobre un continuo deterioro de las garantías para ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa en Guatemala.
Esto los señalan pues consideran que se ha intensificado la criminalización, el hostigamiento y las campañas de acoso en redes sociales en contra de periodistas y de personas que cumplen un rol relevante de escrutinio del poder público.
“La Comisión recuerda que la Carta Democrática Interamericana reconoce que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
La respuesta del Estado
El comunicado también señala que en su respuesta al presente comunicado de prensa, el Estado de Guatemala reiteró que: “el Ministerio Público es el órgano autónomo y encargado de ejercer la persecución penal, “ente técnico y apolítico, cuyas diligencias en el caso concreto se han realizado en el marco legal correspondiente y con el fin de esclarecer la verdad ante la posible comisión de un delito y defensa de los derechos de los denunciantes, así como de la ciudadanía”.
También explica que a través de la FECI es la que ha hecho los cateos en el TSE y que son en cumplimiento de la ley y que la investigación penal en curso “de ninguna manera pretende alterar los resultados de las elecciones generales en Guatemala”.
En cuanto al proceso de derecho de antejuicio, se menciona que es una prerrogativa diseñada “para velar por las garantías del cargo y cuando aplica, la independencia judicial”.
El Estado de Guatemala también informó que “todas las resoluciones judiciales emitidas en el caso han sido debidamente fundamentadas y dictadas por la judicatura correspondiente”.
El documento de la CIDH también hace referencia a que el Estado de Guatemala indicó que este tipo de comunicados pueden poner en riesgo “las resultas e independencia de las investigaciones que se encuentran en curso”.
Urge respetar y garantizar resultados electorales
“La Democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos. En ese entendido, la CIDH urge al Estado de Guatemala a respetar y garantizar el resultado de las elecciones celebradas de manera libre y justa, y a cesar de inmediato las acciones injerencistas del Ministerio Público que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población; y de esta forma cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”, agrega la CIDH en su comunicado.
