El video dura 23 segundos y muestra primeramente a una persona trabajando en una laptop dentro de un avión que va en pleno vuelo.
Se escucha la voz de una mujer que dice: “lo tenemos allí. Es usted mi empleado, es usted un corrupto, delincuente, no merece estar en ese cargo, no merece estar allí, tenga conciencia, respete la Ley, respete la Constitución, respete nuestro voto”.
En ese momento la mujer, que es quien graba el video, enfoca al juez Orellana , que va sentado en el avión y viste una camisa de cuadros.
Orellana, no dice nada y opta por colocarse una gorra, acomoda un teléfono celular y sigue escuchando a la mujer, sin voltear a verla o expresarle algo.
“Usted y ese ´chucho´ que tienen de fiscal y a la comosiama -Consuelo Porras- ojalá un día cualquiera, la justicia los ponga en su lugar”, concluye el clip.
Según se supo, el juez Orellana viajaba hacia Panamá cuando ocurrió el incidente.
Los casos del juez Orellana
Fredy Orellana es el juez Séptimo y fue quien ordenó la suspensión del partido político Movimiento Semilla y los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los que se secuestró material electoral, incluidas actas con resultados de las votaciones.
Es señalado por diversos sectores de ser cómplices de la fiscal general Consuelo Porras, y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso para orquestar un golpe a la democracia tratar de evitar que Bernardo Arévalo no asuma el cargo en 2024.
Autoridades indígenas y pobladores han exigido la renuncia de estas cuatro personas y durante octubre promovieron bloqueos en carreteras del país para presionar a los funcionarios a que dejen sus cargos.
El juez Orellana también ha sido criticado por sus resoluciones en otros casos judiciales, pues lo señalan de beneficiar a exfuncionarios y perseguir a críticos del gobierno actual.
Orellana fue el juez que ordenó la captura del periodista Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien fue condenado a seis años de prisión por un supuesto lavado de dinero.
Orellana, quien fungió como presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, fue quien avaló la captura del periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien el 14 de junio fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero.
También procesó a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Samari Gómez, quien finalmente fue absuelta del delito de revelación de información confidencial o reservada; aunque el MP apeló la resolución.
En el mismo caso, Orellana confirmó la orden de extradición en contra del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, por posibles vínculos con Zamora. Sandoval se encuentra en Estados Unidos desde julio de 2021 y desde allá argumenta persecución por los casos de corrupción que develó junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En enero de 2020 Sandoval presentó una recusación en contra de Fredy Orellana, al hacerse pública una fotografía donde se observa al juez con una pistola en la mano y al lado de uno de los abogados de Gustavo Alejos, procesado por su vínculo en varios casos de corrupción.
El caso del abogado Juan Francisco Solorzano Foppa también lo conoció Orellana. El MP afirmó que Foppa, quien fue abogado defensor de Zamora , se concertó con otras personas para realizar y presentar un documento fraudulento en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, en el que está vinculado Zamora.
El 13 de junio último, Foppa fue sentenciado a dos años de prisión conmutables, luego de aceptar los cargos que el Ministerio Público (MP) le imputó.
Caso IGSS
Orellana también ordenó el cierre del proceso penal a favor del exdiputado Baudilio Hichos quien falleció en 2021.
En octubre de 2020, Orellana emitió el sobreseimiento del caso IGSS-Chiquimula, dando por terminada la persecución penal contra Hichos por tráfico de influencias.
La Feci dijo que Hichos dirigió una red integrada por personal del IGSS y particulares en la que negociaron el arrendamiento de manera discrecional del edificio en el centro de Chiquimula.
Según la Feci, el exdiputado “tenía el control administrativo y económico” del inmueble a nombre de la sociedad Comercial & Constructora Siboney, S. A.; además, cuando se negociaba el arrendamiento era el presidente del consejo de administración del edificio.
El contrato de arrendamiento del IGSS lo obtuvo Hichos “pese a su condición de diputado” y ese procedimiento “contraviene la Ley de Probidad y la Ley de Contrataciones del Estado”, acusó la fiscalía.
El titular del Juzgado Séptimo Penal también benefició al exdiputado Roberto Kestler al cerrar la persecución penal por asociación ilícita y enviarlo a juicio únicamente por tráfico de influencias en el caso Negociantes de la Salud.
