La ruta penal es la que ha tomado la Fundación contra el Terrorismo (FCT) para denunciar aparentes irregularidades en la eventual participación de algunos candidatos a cargos de elección popular en las elecciones generales 2023 en Guatemala.

El martes 17 de enero, la FCT interpuso una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que advierte al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la participación en las elecciones generales de Jordán Rodas con el partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) sería ilegal debido a que “hay un hecho notorio” por supuestos “malos manejos en el presupuesto” de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Las denuncias

Rodas en asamblea nacional del MLP fue proclamado como vicepresidenciable y acompañará a Thelma Cabrera, quien fue confirmada como candidata presidenciable de esa organización política.

Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, explicó: “El señor Jordán Rodas no puede gozar de finiquito y no puede recibir la solvencia para optar a un cargo de elección popular. Esto porque es evidente que Rodas habría manejado de forma opaca los fondos de la  PDH mientras estuvo al frente de esa institución”.

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Los asesores legales de Rodas explicaron que en la Contraloría General de Cuentas (CGC) hubo reparos durante la auditorías que se le practicaron a la PDH durante se gestión, pero se resolvieron.

En cuanto a nuevas denuncias, el equipo legal ha conocido que recién se presentaron dos denuncias penales y no han sido notificados aún.

La FCT también presentó acción de amparo en la CSJ en contra de Romeo Guerra quien fue proclamado como vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza en asamblea y que también se presentó a Sandra Torres como la presidenciable.

Según Méndez Ruiz “habría fraude de Ley si participa Romeo” y justifica que él renunció a su cargo de pastor evangélico para poder participar en las elecciones generales.

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“Es lo mismo que hizo Sandra Torres cuando se divorció de Álvaro Colom para poder participar en las elecciones, es lo mismo, es un fraude de Ley”, criticó Méndez Ruiz.

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Romeo ha sido de la Misión Cristiana Sion y la legislación electoral prohíbe la participación a los líderes religiosos, según la referida Fundación.

Se consultó a la UNE para conocer su postura sobre la acción de amparo impuesta, pero se está a la espera de respuesta.

Posible campaña anticipada

La carrera electoral inició ya con sospechas de propaganda anticipada. El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene investigaciones abiertas en contra de cinco personas. En ese grupo, figuran cuatro precandidatos presidenciales que podrían quedar fuera de la contienda si el TSE los sanciona.

Tres de esas investigaciones por posible campaña anticipada están en manos del Registro de Ciudadanos. Esta entidad podría sancionar a los señalados al impedir sus inscripciones como candidatos a puestos públicos en las elecciones generales 2023 en Guatemala.

Los investigados son Roberto Arzú, precandidato presidencial de Podemos; Edmond Mulet, precandidato presidencial de Cabal; y Oliver Omar Rodas Montenegro, quien hasta ahora no figura en ningún partido.

Los otros tres expedientes están en la mesa de los magistrados del Tribunal, quienes los recibieron luego de que los señalados apelaran las resoluciones del registro de ciudadanos.

Estas pesquisas van en contra de Arzú; Thelma Cabrera, precandidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP; y Neto Bran, actual alcalde de Mixco que busca la reelección con el partido Popular Guatemalteco.

Según el calendario oficializado por el TSE, los candidatos inscritos podrán realizar propaganda política solo a partir del 27 de marzo y hasta el 23 de junio.

Sergio Jiménez, secretario del Registro de Ciudadanos del TSE, afirmó que el criterio que seguirán para definir si un candidato incurre en campaña anticipada es el llamado al voto.