El partido político calificó la sanción como una “represalia” y comunicó que apelarán ante el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Hallazgos
Entre los hallazgos encontrados se encuentran:
- Diferencias en las cifras reportadas en el Estado de Ingresos y Egresos con los informes financieros del año 2019. El partido aseguró que estaba tratando de comunicarse con los responsables del tema para dilucidar los errores en la entrega de documentos.
- Falta de libros de contribuciones originales. El partido justificó que solo adjuntaron fotocopias de los libros originales autorizados por la Unidad, por lo que quedó desvanecido el hallazgo.
- Cuentas por pagar inconsistentes y algunas sin documentos. Se estableció que las cuentas ascendían, en 2018, a Q532 mil 278.03, y en el 2019 a 574 mil 944.37, relacionado a cuentas pendientes con personas individuales y proveedores locales.Los montos se mantendrían vigentes hasta que no recibieran un documento legal de abono por parte de los proveedores, pero el hallazgo no fue desvanecido.
- Recibos emitidos a terceros, para pago de arrendamientos de sedes y sin documentar. Dichos inmuebles están en Chimaltenango y Escuintla, pero carecen de contratos y documentos como facturas. Se estableció que los recibos fueron emitidos a nombre de los propietarios de los inmuebles, que figuran como financistas, pero los fondos tenían procedencia de otras personas, por lo cual, según el TSE, se desconoce quién era el verdadero financista.El partido expuso que el total de aportes dinerarios y no dinerarios utilizados para las sedes fueron documentados por la organización política. Sin embargo, el TSE expone que las declaraciones juradas fueron legalizadas dos años después de recibir los aportes, los cuales ascienden a Q93 mil.
- Falta de presentación oportuna de declaraciones juradas por aportaciones. Dichos aportes eran superiores a los Q30 mil, sin tener declaraciones juradas sobre la procedencia de los recursos. Según la documentación, las declaraciones son de Roberto Arzú (Q153 mil 643.84); Carlos Omero Ruiz Alvarado (Q36 mil 985); y Luis Fernando Peña González (58 mil 967.40), pero fueron elaboradas un año después de recibir los fondos. El hallazgo se confirmó parcialmente ya que el partido aseguró que sigue en proceso de realización de los documentos de soporte.
- Ingresos dinerarios no bancarizados ni documentados que suman Q558 mil 537. El partido justificó que no pudo abrir cuentas bancarias entre el 2018 y el 2019, y no recibió ingresos dinerarios, ya que todos los gastos responden a ingresos no dinerarios, por lo que por un error involuntario en la operatoria del sistema Cuentas Claras aparecen en otros anexos, pero que no corresponden. El hallazgo fue confirmado.
- Gastos en vallas publicitarias, no reportados. Los gastos suman 33 vallas publicitarias. El partido justificó que pudo tratarse de un bono de los financistas del partido, y estaban en proceso de localizar a los responsables. El hallazgo fue confirmado.
- Faltante de recibos de ingresos. Se estableció el faltante de 220 recibos de ingresos originales y duplicados, los cuales según el partido fueron distribuidos en Guatemala, Chimaltenango, Escuintla y Quetzaltenango. El partido argumentó que denunció en el Ministerio Público el hurto de un talonario de recibos, ampliando la denuncia a otros recibos no localizados, debido a que no pudieron contactar a la persona encargada del tema dentro del partido. Se confirmó el hallazgo.
Corte rechaza recurso
El pasado 2 de marzo de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un recurso que el partido Podemos presentó para revertir la decisión del TSE de revocar la inscripción de Roberto Arzú.
El TSE rechazó la candidatura al considerar que Arzú carecía de “idoneidad” y lo señaló también por campaña anticipada.
En conferencia de prensa, Arzú y David Pineda, quien busca ser el candidato a la vicepresidencia del partido, aseguraron que “sí participarán en los comicios del 25 de junio”.
“Estamos lejos de una resolución definitiva”, afirmaron. El partido anunció también que plantearán más recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Otras sanciones
El 6 de marzo, el partido Prosperidad Ciudadana (PC) fue sancionado por parte del Registro de Ciudadanos por un monto de US$75 mil, por una serie de limitaciones que denunció la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que se llevara a cabo una auditoría de sus finanzas correspondientes al 2020 y 2021.
El proceso de auditoría del partido se inició luego de que en el 2019, se impusiera una multa de US$50 mil por campaña electoral “ilegal y anticipada”.
Al no solventar la sanción en los 30 días correspondientes, se declaró su insolvencia y se inició el procedimiento de suspensión; no obstante, el partido procedió a pagar la multa económica.
Fue derivado de ese pago, que según el TSE, se inició una auditoría de sus finanzas entre el 2020 y 2021 para “comprobar la razonabilidad de las cifras presentadas”.
El 3 de marzo, tres partidos políticos fueron multados por el TSE por la colocación de propaganda en postes. Los sancionados fueron partido Humanista (US$50 mil) Unión Republicana (US$50 mil) y Viva (US$75 mil).
