“A pesar del elevado número de fiscales partidarios, el total de votos impugnados fue relativamente bajo, es decir, las propias organizaciones políticas encontraron poco que objetar el día de la elección. Por ejemplo, en la elección presidencial se impugnó menos del 0.01% de los votos emitidos. La Misión desea enfatizar que algunos de los partidos políticos que ahora buscan, por la vía de amparo, impugnar los resultados electorales, fueron precisamente los que contaron con mayor presencia de fiscales en las mesas de votación el 25 de junio”, señala el nuevo documento.
Recientemente, han salido a la luz actas con supuestos problemas, por ejemplo tachones, sumas que no cuadran en algunas mesas, pero la delegación considera que estos casos son los mínimos, según su trabajo de campo.
“La Misión reitera que las actas que han dado lugar a cuestionamientos representan casos aislados que no alteran las preferencias expresadas en las urnas de cara a la segunda vuelta presidencial. Después de un trabajo minucioso durante la jornada de votación, la MOE-OEA concluye que no existe razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar las escogencias del electorado en la carrera presidencial”.
El amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor de nueve partidos políticos impide que se oficialicen los resultados, sin que se pueda declarar ganador a ninguno de los candidatos.
La Misión de Observación Electoral de la #OEAenGuatemala expresa su preocupación por la extrema judicialización del proceso electoral en 🇬🇹 #EleccionesGT2023 https://t.co/YFvx8QlmFG pic.twitter.com/6gYspsfjQy
— OEA (@OEA_oficial) July 2, 2023
“Misiones anteriores de la OEA se habían pronunciado sobre la alta judicialización del proceso electoral guatemalteco. Esa situación se ve hoy agravada por la instrumentalización de la justicia para buscar la invalidación de una elección que el domingo 25 de junio registró la voluntad popular”, destaca la MOE–OEA.
Para la misión de observación no existen indicios que hagan dudar de los resultados preliminares de las votaciones, “alimentar una narrativa de fraude sin el sustento probatorio menoscaba la voluntad popular y la institucionalidad democrática. Las elecciones se deben de ganar en las urnas, no inhabilitando candidaturas o impugnando resultados legítimos que emanan del electorado”, concluye el documento.
