Analistas ven necesario que, una vez finalizada esta parte del proceso electoral se comiencen a analizar qué cambios son necesarios hacer a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), para que, en parte, puedan reducirse estas muestras de descontento en futuras elecciones.
El artículo 256 Bis de la Lepp ordena que al concluir el proceso se establezca una Comisión de Actualización y Modernización Electoral para “evaluar el proceso electoral finalizado” y “presentar propuestas de reformas que fueren procedentes”.
El mismo artículo indica que organizaciones sociales, académicas y políticas “podrán presentar sus propuestas a la Comisión” para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proponga la respectiva iniciativa de reforma, si así se establece.
Cambios
La primera fase del proceso electoral estuvo plagada de inconformidades, las más mediáticas fueron las que tuvieron que ver con la aceptación y negación de candidaturas. Solo para la elección presidencial fueron inadmitidas tres, lo que redundó en que no participaran los binomios de los partidos, Movimiento para la Libración de los Pueblos (MLP), Podemos y Prosperidad Ciudadana.
“Creo que tuvimos demasiados cuestionamientos e impugnaciones”, opina Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, quien cree que un aspecto a reformar en la Lepp es que debe incluir los criterios de inscripción “de una forma detallada, precisa y clara”. “Que no sea una cuestión antojadiza, como lo fue ahora, no solo para la elección presidencial sino a todo nivel”, añadió.
Otro problema que debe de analizarse, a criterio de Ortiz, y que en esta elección ocurrió con más frecuencia, es el uso del amparo como un recurso legal que tienen a su alcance los interesados para impugnar y cuestionar las decisiones del TSE. “La Lepp dice que el amparo es la vía de impugnación lo cual es un error”, dijo.
Esto se convierte en un problema, en opinión de Ortiz, porque las decisiones electorales que corresponden al TSE van a parar a cortes cuya especialidad es otra. “No hay una justicia electoral propiamente dicha, solo un pequeño proceso de nulidad y luego todo cae en manos de las cortes”, añadió.
“Habría que sacar a la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia de ese tipo de decisiones para que no se termine de politizar la justicia. Habrá que buscar un modelo, no sé cuál, pero definitivamente hay que cambiar el apartado de justicia electoral”, puntualizó Ortiz.
El abogado también ve necesario reformas relacionadas con la forma de elegir a los diputados o cómo se designan a los magistrados del TSE para garantizar que sus actuaciones no estén sujetas a presiones políticas y se garantice más independencia.
Asimismo, también se tendría que revisar otras normativas, por ejemplo, para establecer límites al recurso de amparo y otros aspectos que se puedan cambiar sin tocar la Constitución.
Democratización de partidos
Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), coincide en que dentro de las reformas más urgentes está fortalecer al TSE y garantizar que sus decisiones sean impugnadas, si mucho, ante una instancia, que podría ser la CC.
Hoy en día, los partidos solicitan amparos en cualquier cantidad y tipo salas o judicaturas que resuelven en contra de lo dictado por el Tribunal lo que genera “demasiada inconsistencia en su trabajo”, puntualizó el analista.
Hidalgo también cree que se debe revisar cómo se escoge a los magistrados para garantizar que quienes resulten electos sean calificados con objetividad, y sus perfiles profesionales y académicos sean auténticos.
Asimismo, apunta a que las reformas a la Lepp deben ir encaminadas a democratizar los partidos políticos lo cual puede obtenerse al imponer sanciones para aquellos que no cumplan con la obligación de hacer trabajo de formación cívica, política y democrática.
“Una reforma pasa sí o sí por la democratización de los partidos políticos, hay que obligarlos a democratizarse y acabar con ese nepotismo, ese verticalismo que raya en el caudillismo y clientelismo”, argumentó el director del Incep.
Para Lindsay Tillit, analista política de la organización Alas de Mariposa, debe tipificarse el clientelismo político como un delito electoral. Al mismo tiempo coincide con que es urgente la democratización de los partidos para garantizar que haya paridad, alternancia y representatividad de toda la población.
“Si el pueblo no está representado, la democracia está incompleta”, señaló la politóloga, quien también considera que eventuales reformas a la Lepp deben forzar a las agrupaciones a hacer trabajo de formación cívica y política fuera del año electoral.
Otro aspecto que destacó la analista es la necesidad de normar el uso de las redes sociales, y diferenciar con absoluta claridad proselitismo y campaña, puesto que esto impide que los dirigentes políticos se pronuncien por temas de coyuntura y se presta para que la autoridad electoral adopte criterios diferenciados para aceptar o rechazar candidaturas.
Últimas reformas
Luego de las protestas de 2015, el Congreso aprobó, en 2016, reformas a la Lepp que incluyó la posibilidad de votar desde el extranjero, dio validez al voto nulo y aumentó las sanciones hasta US$250 mil a los partidos políticos que incumplan la Ley.
Además, penaliza con no inscribir a alguien si previo a la convocatoria a elecciones publicita su imagen en los diferentes medios de comunicación.
Posteriormente hubo dos intentos por aprobar más reformas a la Lepp. En 2018 el Congreso aprobó una iniciativa, que después recibió dictamen favorable por la CC, pero finalmente ya no fue aprobada por artículos en el Legislativo.
El año pasado, un grupo de legisladores impulsó otra iniciativa para reformar la Ley Electoral, pero ni siquiera pasó la primera lectura. Estas reformas habían recibido críticas porque, supuestamente, le restaba fuerza al TSE para controlar a los partidos.
