Luego del comunicado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) el 11 de octubre, que pide a las autoridades recuperar la instalación los manifestantes mejoraron la vigilancia para mantener el control de la planta.
En horas de la mañana de este 12 de octubre varios helicópteros sobrevolaron espacio aéreo de Chimaltenango y se corrió la voz en la población de que las fuerzas de seguridad se preparaban para recuperar el acueducto.
Ante esa suposición, los manifestantes instalaron varios puestos más de vigilancia a lo largo de los más de tres kilómetros del acceso a la presa. También incrementaron la cantidad de personas en los alrededores para mantener el control del área.
La demanda de los pobladores que mantienen tomada esta infraestructura es que los fiscales Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Freddy Orellana renuncien.
Solo así depondrán la actitud y le devolverán la administración de esas instalaciones a la Empresa Municipal de Agua (Empagua), de la municipalidad de la Ciudad de Guatemala.
Desde la expulsión de las fuerzas de seguridad la llave de paso que capta parte del caudal de los ríos Xayá y Pixcayá fue cerrada como medida de presión para obligar a los funcionarios a renunciar porque los señalan de cometer arbitrariedades en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Un grupo de estudiantes del Centro Universitario de Chimaltenango de la Universidad de San Carlos, que es uno de los portavoces del movimiento, aseguró que nunca han querido generar violencia, pero las autoridades los reprimieron a pesar de que había mujeres, personas de la tercera edad y niños.
“Queremos pedir una disculpa enorme a la población de la ciudad capital, ya que en realidad sabemos que el vital líquido es importante, pero si no es de esta manera de presión, esta señora – la fiscal general – no renunciará”, expresó en una transmisión en vivo de Facebook.
Agregó que sabían perfectamente como estudiantes, que están dando la cara, que “no estamos actuando en ningún momento fuera de los márgenes de la ley, estamos manifestándonos de la mejor manera, creemos que Guatemala puede florecer, pero también necesitamos esos cambios”.
“Al presidente Alejandro Giammattei le pedimos como pueblo, por favor, que saque a esas personas. Y al presidente electo, Bernardo Arévalo, que medie en esta crisis”, aseguraron.
El Cacif, por medio de un comunicado, aseguró: “es un acto que pone en riesgo la seguridad interna y que no puede ser tolerado”.
La “toma ilegal de la planta pone en riesgo”, según el comunicado, “el acceso a la población del área metropolitana a los servicios básicos, por lo que piden la intervención de las autoridades por mandato legal”.
El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, aseguró que mantienen diálogo con las personas que tienen tomada la presa en Zaragoza, y que esperan llegar a acuerdos en las próximas horas para que depongan esa actitud. “Privilegiamos el diálogo para encontrar una salida a esta situación que ocurre en esta localidad”, indicó.
