EDITORIAL

Entidad anulada por la corruptela

Las principales autoridades del Ejecutivo parecieran no darse por enteradas de la crisis que se cierne sobre el sistema nacional de recaudación y han sido dos poderosos organismos internacionales los que han llegado al país a demandar la renovación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a cambio de que puedan desembolsar millonarios préstamos.

Esta semana correspondió el turno a representantes del Banco Mundial, quienes iniciaron una serie de reuniones con diferentes sectores, para enfatizar que esa institución no aportará recursos si en Guatemala no se concretan cambios que puedan fortalecer la recaudación tributaria.

Además de las reformas a la SAT se piden modificaciones legislativas para erradicar el secreto bancario. Así también, ahora se incluyó entre las demandas la implementación de estrategias para la erradicación de la desnutrición, un flagelo que ha desnudado las políticas sociales de los últimos gobiernos, los cuales han sido incapaces de disminuir esos indicadores de manera significativa.

Pero hoy, junto a una sacudida para restructurar la entidad, también se incluye por primera vez una exigencia de corte social, que apunta a que los planes gubernamentales contengan iniciativas que realmente vayan más allá de la propaganda o de los discursos inaugurales, a fin de mejorar de manera sensible y sostenible los índices de desarrollo de los grupos más desprotegidos: una meta que surge en las campañas electorales pero que se queda en excusas.

El punto medular de estos requerimientos llega en medio de un nuevo escándalo de defraudación tributaria, en el que están involucrados no solo empresarios, sino empleados de alto nivel de la SAT, que lejos de tener un papel rector para mejorar la recaudación y así contar con un Estado eficiente, se han dedicado a corromper los mecanismos y a buscar subterfugios para que los evasores tengan pretextos legalistas.

Las irregularidades que quedaron al desnudo desde el caso La Línea, pero que ya se sospechaban antes, y las nuevas revelaciones traen al tapete el debate sobre la disyuntiva entre una profunda transformación de la SAT o si bien debe plantearse su desaparición, con el propósito de crear un ente nuevo y adaptado a nuevas realidades, para atajar los vicios que podrían quedar del actual modelo, que es francamente perverso.

Aunque la SAT podría rescatarse con una profunda reingeniería, si no cambia el modelo de designación y administración, difícilmente se podrán albergar esperanzas en su renovación, pues le ocurre lo mismo que a otras dependencias, donde la injerencia presidencial anula las posibilidades de una eficiente administración, como se ha evidenciado desde hace varios gobiernos.

Ante ese panorama, los organismos internacionales han optado por ejercer más presión, ya que con el estado actual de cosas la recaudación de recursos para el país simplemente continuará por la calle de la amargura. Se necesitan medidas no solo políticas, sino también técnicas y jurídicas para que la institución que recauda impuestos pase a ser propositiva y competente, en lugar de reactiva y sujeta a las conveniencias de los mandamases de turno.