La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) “exige a las instancias encargadas de la persecución penal y de la administración de justicia (…) determinar la responsabilidad en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad y del Ejército de Guatemala involucradas”.
El procurador Jorge de León Duque solicitó que se investigue a los autores materiales.
De León también condenó”enérgicamente el hecho de establecer como política gubernamental el involucramiento de fuerzas del Ejército para disolver manifestaciones por demandas de la población”.
El procurador comentó que el Ejército debe ser utilizado para lo que fue constituido: defender la soberanía del país, y propuso que podría ayudar en la lucha contra el narcotráfico.
Advirtió: “Nunca más debe utilizarse el Ejército en cuestiones de manifestaciones o ese derecho de expresarse de la ciudadanía, los grupos sociales y poblaciones, que además es parte fundamental de nuestra democracia”.
Irrespeto
De León declaró la violación del derecho a la vida y la integridad de las personas muertas y heridas en la manifestación del 4 de octubre, y señaló como responsables a las fuerzas de seguridad y efectivos del Ejército.
El magistrado de conciencia recomendó al presidente de la República cambiar los protocolos de diálogo, para que sean efectivos y den tratamiento integral a la solución de las demandas sociales.
Afirmó que la PDH trabaja en una propuesta de diálogo que entregará al Gobierno, que contempla tratamiento antes de una manifestación.
Pidió al Estado resarcir a las víctimas, aunque no dio detalles ni sugirió montos.
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Cicig ve peligro con militares
Por medio de un comunicado de prensa, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Dall’Anese, recomienda al presidente Otto Pérez Molina “promover una reforma que prohíba toda participación de militares en asuntos de naturaleza criminal y policial”.
Dall’Anese coincide con Alberto Brunori, de Oacnudh, en cuanto a la sugerencia respecto de fortalecer a la Policía Nacional Civil en su unidad preventiva y de investigación.
Al mismo tiempo, el comisionado se compromete a trabajar con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, “para fortalecer las instituciones civiles de seguridad”.
La carta de la Cicig recuerda a Pérez Molina: “Cuando se involucra a militares en operativos policiales (civiles), son usuales las muertes y lesiones a personas”.
Agrega que lo contrario ocurre cuando son los policías quienes atienden cualquier evento donde la afectación a la vida e integridad física de las personas son la excepción.
Además, hace ver como “natural” que la Policía disuelva manifestaciones violentas con el uso de escudos, chalecos, cachiporras, gases lacrimógenos, agua a presión y otras formas que minimizan los daños a las personas; nunca con armas de fuego.
Según Dall’Anese, “la Policía es la única institución legitimada —en virtud de la formación recibida en su academia— para emplear la fuerza, y solo en la medida necesaria, contra la población civil”.
El comisionado recuerda a Pérez Molina que la preparación de los efectivos castrenses es para “ganar una guerra con el uso de la fuerza como método de primer orden”.
Agrega: “Consecuencia lógica de lo anterior es que el Ejército debe ocuparse de la seguridad del país frente a ataques de una potencia extranjera y nunca de la seguridad ciudadana”.
efectos
Dall’Anese también se expresa sobre las soluciones, y evidencia que cuando intervienen los militares en conflictos de naturaleza civil se potencian los daños sin lograr soluciones.
“En el caso de Totonicapán, no solo murieron ciudadanos en ejercicio de la libertad de manifestación, sino que el problema político original se ha agudizado”.
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ONU señala riesgo en uso del Ejército
“El caso ejemplifica el grave riesgo que conlleva la utilización de miembros del Ejército en funciones de seguridad pública”, expresó Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos (Oacnudh).
Brunori agregó: “Los miembros del Ejército, al parecer, no contaban con la formación ni con los equipos adecuados para hacer un uso proporcionado de la fuerza”.
Expresó la preocupación de Oacnudh por el mayor uso del Ejército en funciones de seguridad pública en el país e instó a que estas sean utilizadas en “situaciones excepcionales, sujetas a control civil y únicamente hasta que la fuerza civil esté fortalecida”.
El representante de las Naciones Unidas recordó el compromiso del presidente Otto Pérez Molina con la alta comisionada Navy Pillay de que el uso de las fuerzas militares sería limitado en el tiempo mientras se fortalece la Policía Nacional Civil (PNC).
Recomendó presentar un cronograma que establezca fecha límite para utilizar al Ejército en tareas de seguridad pública.
Brunori sugirió que, en forma paralela, el cronograma establezca medidas urgentes que permitan el fortalecimiento acelerado de la PNC y un aumento de sus agentes”.
Agregó que se deben hacer modificaciones al Presupuesto, para dar prioridad al fortalecimiento de la Policía, la cual, expresó, es la más adecuada para responder a situaciones como la del 4 de octubre último.
Brunori demandó que los protocolos de las actuaciones de la fuerza pública vayan de la mano con estándares internacionales de derechos humanos.
