534 armas vinculadas a empresa de seguridad que operaba de forma ilegal no aparecen

El avance de la investigación por la supuesta estructura criminal que brindaba servicios de seguridad de forma ilegal tiene documentada la incautación y la entrega, de forma voluntaria, de 426 armas de fuego, aunque la entidad tiene registradas 960, cuya diferencia, 534, están desaparecidas.

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El 13 de marzo pasado la Fiscalía contra el Crimen Organizado desplegó a sus integrantes en 368 allanamientos en 17 departamentos del país para incautar armas de fuego. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El 13 de marzo pasado la Fiscalía contra el Crimen Organizado desplegó a sus integrantes en 368 allanamientos en 17 departamentos del país para incautar armas de fuego. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La 13 de marzo, la Fiscalía contra el Crimen Organizado desplegó a sus integrantes con el apoyo de otras fiscalías en 368 allanamientos en 17 departamentos. Fue el mayor operativo del Ministerio Público (MP) acompañado por la Policía Nacional Civil (PNC).

Casi tres mil policías visitaron diversos negocios y farmacias para incautar las escopetas que portaban los guardias de una empresa de seguridad que las habría adquirido de forma anómala.

Ese día fue detenida María Teresa Soto González. Fue señalada como la supuesta cabecilla del grupo criminal que “daba servicios de seguridad de forma ilegal”. Al llegar a la Torre de Tribunales dijo: “Todo está registrado. Estamos en ley”.

Durante el operativo las autoridades incautaron 338 armas en los allanamientos en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Izabal, Jalapa, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez y Zacapa.

Días después del operativo, la Fiscalía recibió 28 escopetas en un envío urgente. Además, el 21 de marzo, llevaron otras 60. En total el ente acusador tiene 426 armas y le hacen falta 534.

La fiscal Sandra González, quien tiene a cargo la investigación, explicó a Prensa Libre que hasta que finalice la investigación se podrá determinar qué sucedió con las armas faltantes. Además, adelantó que solicitó, como avance de las pesquisas, el peritaje a cada pistola, escopeta y revólver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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Será un proceso lento, pero la Fiscalía pretende verificar si las armas están registradas en el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares o AFIS (Automated Fingerprint Identification System, en inglés).

Los peritos harán pruebas balísticas a las armas de fuego. Verificarán los registros para comprobar dónde fueron adquiridas y, lo más relevante para la Fiscalía, si fueron utilizadas en algún hecho delictivo.

“El primer reporte que puedo adelantar es que tres armas de fuego que recibimos tienen reporte de robo. Entonces se amplía la investigación para determinar quiénes son los responsables del robo o lo que sucedió”, dijo la fiscal González.

El caso inició con una simple verificación

Los hechos se remontan al 26 de octubre del 2009, cuando fue asesinado Édgar Saúl Hernández Reyes, propietario de la empresa de seguridad privada Seguridad 24.

Su esposa, María Teresa Soto González, se atribuyó la propiedad de la empresa el 15 de febrero de 2011, mediante documentación falsa para efectuar ese traspaso, según la investigación.

Además, utilizó documentos alterados para registrar 960 armas ante la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam).

La indagatoria inició el 21 de marzo pasado en el Juzgado Sexto Penal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

También utilizó esa documentación el 14 de julio de 2014 para la compra-venta de 209 armas de fuego por Q41 mil 800 de la empresa Shield Security, propiedad de Agustín Camelino López Alvarado.

En julio del 2016 un guardia reportó el robo de su arma y presentó la denuncia. Dos meses después, Soto González, como representante legal, acudió a una citación en el MP, donde declaró detalles relacionados con el robo del arma. Fue en esa comparecencia que mostró los documentos que la acreditan como dueña de la compañía Seguridad 24.

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Existe un reporte de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) del Ministerio de Gobernación que constató, con base en el Archivo General de Protocolos, que la escritura de la empresa no estaba vigente, puesto que fue cancelada por falta de firmas, lo que activó la alerta sobre la condición irregular de la empresa.

La revisión fue una simple verificación, según las pesquisas, pero a partir de eso la Fiscalía consideró que la empresa prestaba los servicios de manera ilegal, ya que, según la PNC, no cumplía con los requisitos de cumple la ley.

Audiencia

El 21 de marzo comenzó la audiencia de primera declaración en el Juzgado Sexto Penal, a cargo de Carlos Toledo, contra los implicados en este caso, a quienes se les señala de asociación ilícita, falsedad ideológica, prestación ilegal de servicios de seguridad, y uso de documentos falsificados.

De los 368 allanamientos participaron 485 fiscales, 30 técnicos en investigaciones criminalísticas del Departamento de Recolección de Evidencias de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, quienes contaron con el apoyo de dos mil 852 agentes de la PNC que fueron transportados en 395 unidades policiales.

Los capturados

  • María Teresa Soto González
  • Jorge Mario Hernández Huertas
  • Mario Rolando Palacios Meléndez
  • Marleny Consuelo Morataya
  • Juan Ramón Ferro Herrera
  • Édgar Galindo Guzmán Socop
  • Jorge Adolfo Samayoa Rosales
  • Juan Carlos Berluis Díaz

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