Los procesos en su contra son extensos y su retorno se dio durante una elección tardía de cortes, con una fiscal general distinta y casi un año después de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); además, en medio de una emergencia sanitaria por el covid-19.
Sinibaldi acepta en un comunicado que ha sido un actor importante desde 1999 en la clase política, lo que le permitió conocer a “profundidad” el sistema político, desde el financiamiento de campaña hasta el ejercicio del gobierno en todas sus esferas. No obstante, después de que se hicieron públicos los casos de corrupción en contra del extinto PP, el exfuncionario renunció a ser el candidato a la Presidencia y abandonó la agrupación política que lo llevó a ser ministro.
Según las investigaciones de la Cicig y el MP, Sinibaldi armó un conglomerado de sociedades para recibir coimas de empresas constructoras, también para lavar dinero y adquirir propiedades. Hasta la fecha este es uno de los cinco casos de alto perfil que acumula en su contra por supuesta corrupción mientras fue titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Según Rootman Pérez, exsecretario de Política Criminal del MP, las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que dieron lugar a órdenes de aprehensión en contra del exministro, revelan que es un actor relevante para el funcionamiento de las redes criminales que cooptaron el Estado, e incluso alcanzaron las cortes.
Agregó que su entrega se dio en un contexto distinto de cuando fueron presentadas las pesquisas, porque ahora, a su criterio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido complaciente con fallos como los dictados al diputado Felipe Alejos, y que el MP a cargo de la fiscal general Consuelo Porras ha sido muy criticado.
“Bajo esa lógica, uno le da lectura al comunicado que se conoció públicamente, y en apariencia existe una voluntad de colaborar con las autoridades de justicia, con la Feci específicamente. De ser cierto, pondría en aprietos legales a muchos integrantes de estas redes ilícitas de poder”, opinó.
A César Calderón, abogado del expresidente Otto Pérez Molina y defensor de sindicados en casos de corrupción, le parece que el MP no ha dicho toda la verdad, porque hay “temas” que fueron arreglados y que ahora los niega, pero aclaró que no le consta que exista algún tipo de “arreglo” entre Sinibaldi y la fiscalía.
“Tengo una inquietud, y es que para pedir las órdenes de captura en contra de Sinibaldi escucharon —la fiscalía— a muchas personas a quienes se les benefició como colaboradores eficaces. Es decir que se les dio como cierto todo lo que dijeron en su contra, y ahora tendremos su versión. Tendremos dos verdades y el MP tiene un dilema para saber cómo lo arreglarán”, cuestionó Calderón.
El defensor indicó que no sabe si el contexto político del país le beneficia al exministro, pero si su entrega se hubiera realizado durante la gestión de la exfiscal Thelma Aldana le podría haber “ido mejor”, porque, según las investigaciones de la Cicig, ellos se reunían y mantenían una relación estrecha. Calderón estima que en un año se sabrá cuál es el posible acuerdo al que llegó el ente investigador y Sinibaldi.
“Él manejó mucho poder y algo de eso debe quedar. No sabemos qué alcance puede tener, pero de que le han ayudado, seguramente lo han hecho, y de que le van a facilitar algo, indiscutiblemente lo harán. ¿Quién? Seguramente en el MP, un par de jueces, magistrados, porque de lo contrario no viene”, señaló Calderón.
A la espera
Rodolfo Pérez Trabanino, abogado con experiencia en Derecho Penal y Económico, considera que el contexto en que se da la entrega de Sinibaldi poco tiene que ver con su situación legal, porque se entiende que es el resultado final de un proceso de pláticas con el Ministerio Público.
“Es muy temprano para anticipar una eventual colaboración eficaz o un acuerdo con la fiscalía, eso no lo sabemos tampoco. Lo único que podemos decir con toda certeza es que tiene que enfrentar al menos cinco casos”, enfatizó Pérez Trabanino, y que el tiempo ayudará a entender el contexto que motivó al exministro a ponerse a disposición de la justicia, después de pasar más de cuatro años prófugo.
El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, confirmó que desde hace nueves meses aproximadamente la defensa de Sinibaldi comunicó la intención de su presentación ante un juzgado, lo cual tuvo contratiempos por la pandemia.
Según el tiempo que indicó el fiscal, la disposición de Sinibaldi de enfrentar la justicia guatemalteca coincide con la fecha en la que fue designado como corrupto por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Dificultades
Sinibaldi fue un actor político y la política todavía jugará un papel importante en su proceso penal. Sofía Montenegro, politóloga especializada en comportamiento político, de la organización Diálogos, explica que el contexto del país es particular para continuar con los casos en contra del exfuncionario, porque hay mucho desgaste entre las instituciones judiciales, por lo que será bastante difícil que la Fiscalía retome la agenda de las investigaciones y, por otro lado, no se sabe cómo resguardarán a Sinibaldi en la prisión donde esté recluido, porque se reportan muchos contagios de covid-19 en los centros carcelarios.
Montenegro resaltó que el escenario actual no es el mismo que hace cinco años y Sinibaldi viene a tocar temas como el de los sobornos de las constructoras y político-empresarial del país, lo cual podría generar negociaciones de diferentes actores para que estos procesos no avancen.
“Tenemos que estar pendientes y atentos a cualquier tipo de acto que pueda desacelerar, por una parte, y por otra esperamos que la justicia sea imparcial, pero lo que hemos visto con la justicia últimamente es que tiene diferentes actores que son operadores en diversas alianzas”, advirtió Montenegro.
¿Podría ser colaborador eficaz?
La Ley contra la Delincuencia Organizada establece en su artículo 90 que quien colabore en una investigación para la persecución de los miembros de una organización criminal, sea o no integrante de esta, podrá recibir beneficios como el criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal, entre otros. No obstante, el beneficio no aplica para los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales.
La Feci aún no descarta que Sinibaldi pueda optar a esta figura, pero explica que será, eventualmente, una decisión del juez.
Abraham Girón, abogado defensor de Sinibaldi, afirmó que en este momento “todas las cartas están sobre la mesa”, por lo que no puede confirmar o negar que su defendido acepte colaborar con la fiscalía, porque dependerá de cómo avance el proceso.
Girón sí insiste en que Sinibaldi siempre tuvo la intención de someterse a la justicia y su entrega se retrasó por la pandemia.
