Crear legislación
Luis Gómez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, afirmó que las extorsiones superaron la capacidad del Estado para combatirlas, “desde hace años”. Recordó que el fenómeno comenzó en el transporte, con la entrega de una dádiva de Q5 a pandilleros.
“Luego fueron Q10, después se tenía que entregar a diario, y cuando los pilotos se negaron comenzaron las muertes y el terror”, relató Gómez, quien sugirió al Congreso emitir leyes que permitan a las autoridades actuar de oficio y capturar a quienes se dedican a extorsionar.
“También hay que trabajar en que las personas no tengan miedo a denunciar y en la inteligencia, porque está claro que las extorsiones superaron la capacidad del Estado”, enfatizó.
Itiel Ordóñez, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, coincidió en que se deben crear leyes para perseguir y castigar a los criminales. Añadió que mientras no haya voluntad del Gobierno, no se podrá avanzar.
Confianza
Álvaro Ramazzini, arzobispo de la Diócesis de Huehuetenango, comentó que ha escuchado casos específicos de personas que sufren extorsión, y lamentó que muchas de ellas no denuncien lo que les sucede porque no confían.
“Las autoridades deberían procurar crear un clima de confianza en la población, para que las personas que son afectadas con este flagelo se animen a denunciar”, sugirió Ramazzini, y añadió que las autoridades también podrían hacer “una reforma al Sistema Penitenciario”, ya que da la sensación de que muchos de los casos de extorsión son dirigidos por reos, desde las cárceles.
César Vásquez, presidente de la Alianza Evangélica, se sumó al criterio de que la capacidad del Estado ya fue superada y que los extorsionistas están muy bien organizados. Recomienda que el Ejército salga a las calles porque la Policía ya no se da abasto, por lo que se deben dejar a un lado los prejuicios, capturar y castigar a las cabecillas de las estructuras.
Isaías Martínez Morales, alcalde de San Diego, Zacapa, y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, sugirió aplicar más inteligencia en la investigación de crímenes, combatir las causas que promueven el delito, como el desempleo, la pobreza y desintegración familiar, y tomar en cuenta a los jefes ediles en la aplicación de estrategias.
Comercio
Hermann Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, refirió que “el sector empresarial organizado participa activamente con el Organismo Judicial, la Fiscalía General y el Ministerio de Gobernación para promover esfuerzos de seguridad ante delitos de extorsión”.
“Esto no es un tema que haya sobrepasado las capacidades del Estado, ya que hay conciencia y se busca el desarrollo de un plan de trabajo. Combatir las extorsiones es el más importante de los ejes del esfuerzo de seguridad. Es un problema que afecta a todos los guatemaltecos, desde empresarios pequeños hasta los más grandes”, manifestó Girón.
El ejecutivo aseguró que una encuesta reciente a empresarios reveló que las extorsiones y la seguridad física de los comerciantes representan la segunda y tercera preocupaciones de los guatemaltecos.
Fernando López, presidente de la Cámara de Industria, destacó que “el Estado aún no ha tenido el éxito necesario para combatir las extorsiones”, y que “debe existir mayor acción policial, respaldada por la acción del Ministerio Público y de los tribunales de justicia”, ya que esto “podría reducir el número de delitos”.
Aseveró que los gastos en seguridad en comercios, por concepto de extorsión, pueden sumar entre 5 y 7 por ciento de sus ventas totales. Estos tienen mayor incidencia en comercios de distribución de productos de consumo y, en menor medida, en actividades industriales.
“El mayor flagelo lo viven las pequeñas y medianas empresas del país. Los negocios pequeños tienen que compartir el día a día con las maras y bandas de extorsionistas”, afirmó.
La postura de la Cámara de Comercio de Guatemala es que está “totalmente” de acuerdo en que el problema de las extorsiones rebasó la capacidad del Estado para controlarlas.
Agregó que “el sector comercial es el más expuesto a quienes cometen extorsiones porque es el que está a mayor alcance de los delincuentes, lo que obliga a la pérdida de empleos, cierre de empresas, se dañe sensiblemente a las comunidades, se ahuyente la inversión y la agudización de la pobreza en el país”.
La Cámara indicó que las extorsiones no afectan solo al comercio, sino también áreas residenciales, por lo que sugirió al Gobierno “asumir mayor responsabilidad en garantizar la seguridad a las personas y a sus bienes, pues actualmente no cumple a cabalidad esa función”.
Otto García, presidente de la Cámara de Comercio filial Sacatepéquez, dijo que el Gobierno tiene que invertir más en el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil.
“Debe existir una apertura, control y orden entre las mismas instituciones que velan por la seguridad, debido a que no hay acuerdos entre policías, Ministerio Público y jueces. El Estado tiene que garantizarle la seguridad al ciudadano”, comentó García.
Alfredo Palmieri, presidente de la Cámara filial Quetzaltenango, comentó que es urgente combatir este flagelo porque las consecuencias van desde inversión extra en seguridad hasta despidos de personal, por desembolsar ese dinero. Coincidió en que se debe fortalecer el Sistema Penitenciario y reformar las leyes.
Romeo Suárez, presidente de la Cámara en Escuintla, expuso que el Gobierno debe buscar “desarrollo económico, fortalecer la seguridad institucional, justicia, fuerzas de seguridad y reformar el Sistema Penitenciario”.
