Análisis | Guatemaltecos en lista negra de EE.UU. continuarán

Analista Édgar Gutiérrez político considera que Washington arrancó con Guatemala una etapa de fiscalización   internacional  contra la corrupción y la impunidad, por lo que anticipa más nombres de personajes.

Julio Juárez quedó electo como diputado por FCN en las elecciones de 2015. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Julio Juárez quedó electo como diputado por FCN en las elecciones de 2015. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La inclusión del diputado Julio Antonio Juárez Ramírez en dos listas negras de los Estados Unidos solo es el comienzo de lo que espera a personajes políticos y empresariales en el país, señaló el analista político Édgar Gutiérrez.


Ese nombre  solo es el principio de una fiscalización internacional contra Guatemala, y Washington tiene claro hacia dónde  quiere ir, y es el primer llamado.

En esa dimensión se  da un mensaje de apoyo a  Iván Velásquez como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y a la labor de Thelma Aldana como fiscal general, aseguró Gutiérrez.

El analista comparó que Guatemala se encuentra a nivel de Venezuela, con la inclusión en la lista negra de políticos y empresarios.

¿Cuál es la lectura sobre la  inclusión de un político guatemalteco en las listas negras de EE. UU.?
Es simbólico, porque esta ley —Global Magnitsky— ordinariamente hinca el diente a factores de poder real.

El diputado Juárez Ramírez ya tiene procesos abiertos, y digo que es simbólico porque está implicado en un tema de restricción de libertades públicas, como es el derecho de la libertad de expresión, porque está involucrado en la muerte de dos periodistas en Suchitepéquez.   

¿Por qué la inclusión del diputado en las listas debe verse como  simbólico?
Se inaugura, y de aquí en adelante podemos esperar en los próximos años que esas listas vayan a estar nutridas de nombres  más notables de guatemaltecos.

Hasta ahora, esta es la señal —de Washington— de  ahí vamos, pero esto va a seguir.

¿De qué otros “notables” habla?
Políticos y empresarios notables, y mencionar nombres sería  especular mucho.  

En el futuro, si se podría tocar a otros personajes políticos del actual gobierno,  sin duda.

¿Qué mensaje se está enviando desde Washington hacia Guatemala?
Que esto continuará, y me temo que con mayor fuerza, sobre todo por el ánimo que hay dentro de nuestro Congreso.
Cuando se está en Washington, uno se da cuenta de que congresistas y otros funcionarios hablan de dos países con problemas: Venezuela y Guatemala. Ahora se sumó Honduras, por el tema electoral.


Este es el inicio de un programa de monitoreo, de lucha contra la corrupción y el crimen que   Guatemala deberá tomar muy en cuenta en el futuro.

¿Cómo se interpreta eso?
Que no solo es la Cicig ni el Ministerio Público, sino que ya es una lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen.  Es un combate trasnacional que tiene implicaciones directas para los señalados, pero también para los países.

¿Por qué a los países?
Este tipo de señalamientos los incluyen en los  directorios de los organismos financieros internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, de las agencias que miden riesgos de inversiones —calificadoras—. Es una suerte de condicionalidad cruzada.

¿Por qué este caso es el principio de una nueva etapa para el combate de la impunidad y la corrupción?
Será una fiscalización internacional, con penalidades individuales, porque en este caso —Juárez Ramírez— está bien dirigido, pero al final de cuentas repercute en el sistema del estado de derecho en el país.

Es el inicio, y aunque se dio a conocer al finalizar el año, se arrancó con este tipo de medidas más severas por parte de los Estados Unidos.

¿Cómo queda la  Cicig y la Fiscalía con estas acciones?
Es un espaldarazo. Es una acción de reconocimiento del trabajo que se ha desarrollado.

 ¿Qué otras acciones podrían seguir?
El Congreso de los Estados Unidos ya empezó a hablar sobre la certificación de Guatemala en la iniciativa del Plan para la Prosperidad. Eso también se vincula con el tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Estará en la dirección de respaldar el trabajo de la Cicig y del Ministerio Público, sobre todo la labor de Thelma Aldana.

¿Qué podríamos esperar en los próximos seis meses?
Los indicadores claves  serán la elección del nuevo fiscal general y la agenda del Congreso,  porque Guatemala pende de un hilo en el tema de la certificación de los Estados Unidos.

Si se elige una mala junta directiva, se aprueban leyes malas y proimpunidad, como lo que ocurrió el 13 de  septiembre. Seguro se verán pobladas —de más nombres—  esas listas.

El futuro de Guatemala se puede ver reflejado como Venezuela,  de cómo se están aplicando esas dos leyes  —Ofac y Global Magnitsky— a políticos y empresarios venezolanos. Si Guatemala no corrige el rumbo,  va a ir en esa dirección pronto.

¿Qué riesgos se podrían dar?
Este tipo de mensajes hay que ponerlo en la perspectiva de la elección del nuevo fiscal y de la labor que le va a corresponder  a la comisión de postulación.

¿Cómo pueden reaccionar las mafias y los grupos oscuros ante estas nuevas acciones?
Los presiona y los va a venir a arrinconar. Van a actuar como en otras ocasiones: o se repliegan o se desmovilizan.

Ya los mecanismos tradicionales de corromper autoridades o de cooptar instituciones empiezan a perder filo y no tendrán la misma eficacia que en algún momento tuvieron.

Cuando se les aprieta el cuello, no es que desaparezcan, sino que se fragmentan, pierden alcance.