Barrera dijo que fue una reunión que duró unas 3 horas y que en ella participaron la fiscal general, Consuelo Porras, acompañada de sus asesores, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthya Monterroso y el secretario contra la Corrupción.
Agregó que alli se enteraron también que el MP se había reunido con la Cámara Guatemalteca de Periodismo.
Por parte de la APG participaron Barrera, el vicepresidente de esa entidad, Mario Recinos Lima y el asesor jurídico Walter Juárez Estrada.
Barrera puntualizó que la reunión giró en torno a las amenazas de persecución penal que existen contra varios periodistas.
Comentó que la APG ha emitido pronunciamiento bastante fuerte sobre esta situación denunciándola como una persecución contra la prensa.
El presidente de la APG dijo que les explicaron a los funcionarios del MP que durante el conflicto armado hubo muchos asesinatos de periodistas, persecución, desaparición, y exilios, pero que la entidad de prensa no deseaba que se volviera a una situación similar a esa.
“-Les dijimos que – Veíamos con preocupación estas formas de proceder por parte del Ministerio Público y de algunos jueces al iniciar procedimientos penales contra periodistas, lo cual no es normal ni tampoco legal”, dijo Barrera en la entrevista con La Red.
Añadió que plantearon que existe la Ley de Emisión del Pensamiento y que es muy clara en cuánto a que los periodistas e incluso las personas que cometan algún tipo de delito o falta contra la moral, vida privada, honor, la imagen deben ser remitidos a dicha legislación.
Dijo que las personas que se sienta agraviada por la difusión de mensajes de esta naturaleza a través de los medios de comunicación puede recibir apercebimiento a través de la citada Ley de Emisión del Pensamiento, que es un tribunal de imprenta.
“Solicitamos concretamente que el Ministerio Público se regule, en su relación con los periodistas y la prensa, a esta Ley de Emisión del Pensamiento, ese fue nuestro planteamiento central”, dijo Barrera.
Además, comentó que se solicitó al MP que se agilice el procesamiento de denuncias de amenazas contra periodistas.
No hay política de persecución
Según Barrera, el MP les afirmó que no tiene una política de persecución contra la prensa, que lo que existe son procedimientos ligados al caso contra el periodista Jose Rubén Zamora.
Dijeron que esa petición se planteó en la audiencia del caso Zamora, pues parecía que había indicios de una campaña que buscaba crear obstáculos al proceso y que estaba orquestado, que estaba planificado y que eso habían sido expuestos ante el juez. (Juez Décimo Penal, Jimi Bremer).
El MP explicó, según Barrera, que fue el juez el que solicitó el procedimiento que se iniciaran las diligencias -contra los periodistas- dentro de un procedimiento penal, pero que jurisdiccionalmente a dicho juzgador le corresponde trasladar a otro esta solicitud y un juez determinará si existen indicios o no y si no se encontrara nada podría sobreseerse el caso e incluso desestimarlo.
Sin embargo, en la audiencia en donde el juez décimo, Jimi Bremer, ligó a proceso a Zamora por obstrucción de la justicia, la fiscal Cinthia Monterroso le pidió al juzgador que investigara a los comunicadores pues habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia.
La fiscal Monterroso cree que los comunicadores colaboran con Zamora y señaló directamente a Édgar Gutiérrez, Jerzón Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Velix, Alexánder Valdez, Ronny Ríos y Denis Aguilar.
Se siente acosada
El presidente de la APG también dijo en la entrevista que la fiscal Monterroso les dijo que se siente presionada y acosada mediáticamente, pero ellos le hicieron ver que es normal y que cualquier persona en una situación de trabajo público está expuesto a eso.
Barrera dijo que entendían la presión del caso, pero que eso no puede dar lugar a acciones y penales contra un periodista que escriba una opinión o que un medio publique una determinada información que no le guste o no le parezca.
Afirmó que los tribunales de imprenta o la Ley de Emisión del Pensamiento existe y aunque no guste a algunos, hay que aplicarla.
Reuniones mensuales
Según Barrera, en la reunión se llegó a la conclusión de que el MP asegura que no existe una política de persecución contra la prensa; que el MP reconoció que los tribunales de imprenta existen y los van a respetar y finalmente que ahora corresponde al juez determinar si hay indicios o no hay indicios de alguna falta en el caso de estos periodistas.
Agregó que por último se estableció una mesa de trabajo entre la APG y el MP para tratar mensualmente las denuncias de casos que puedan presentarse de algún tipo de amenaza y otras que pudieran existir y afecten a la labor periodística, de periodistas o medios de comunicación.
