Fiscalía revela detalles de estructura de poder de Byron Lima desde Pavón

La Cooperativa Torre Fuerte, fundada por el recluso Byron Lima Oliva, quien fue asesinado en un enfrentamiento armado en la prisión, era una fachada para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas, según la investigación del Ministerio Púbico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).

MP acusa a 11 personas que haber colaborado con Byron Lima para gestionar negocios ilíctos en prisión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
MP acusa a 11 personas que haber colaborado con Byron Lima para gestionar negocios ilíctos en prisión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante el juicio en contra 11 exfuncionarios, privados de libertad y particulares que habrían instalado en el Sistema Penitenciario una estructura dedicada a la venta de privilegios a privados de libertad, denominado caso Botellas, la Fiscalía presentó un análisis financiero de las cuentas Byron Lima Oliva, su esposa Alejandra Reyes y la Cooperativa Torre Fuerte.


Según las conclusiones del peritaje, los desembolsos realizados por la empresa de serigrafía que funcionaba dentro de la Granja Penal Pavón no coincidían con el perfil económico de ninguno de los trabajadores, ni de las actividades comerciales que realizaba.

“Se han detectado anomalías en los estados financieros de los involucrados que son propias del lavado de dinero”, aseveró en el análisis.  

Uno de los mecanismo descritos al Tribunal de Mayor Riesgo “A” involucra bienes que fueron subastados por el Organismo Judicial. De acuerdo con las pesquisas, la estructura adquiría vehículos o caballos finos que habían sido extinguidos y los vendía.

Byron Lima Oliva, condenado por la muerte del sacerdote Juan José Gerardi, tenía una maquila en la prisión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La investigación reveló que Reyes adquirió una yegua fina llamada Luna y un potrillo a Q119 mil y luego lo revendió a Q10 mil a un testaferro para ocultar la verdadera propiedad del animal.

El caso

Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos, según la acusación del MP y la Cicig.

En complicidad con Lima Oliva, Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, coordinaban el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido por lo menos a cuatro personas, dice la fiscalía.

La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario. En este sentido, el grupo de personas se concertaban con el objeto de ejercer control e influencia en el Sistema Penitenciario.

Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.

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