“Se han detectado anomalías en los estados financieros de los involucrados que son propias del lavado de dinero”, aseveró en el análisis.
Uno de los mecanismo descritos al Tribunal de Mayor Riesgo “A” involucra bienes que fueron subastados por el Organismo Judicial. De acuerdo con las pesquisas, la estructura adquiría vehículos o caballos finos que habían sido extinguidos y los vendía.
La investigación reveló que Reyes adquirió una yegua fina llamada Luna y un potrillo a Q119 mil y luego lo revendió a Q10 mil a un testaferro para ocultar la verdadera propiedad del animal.
El caso
Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos, según la acusación del MP y la Cicig.
En complicidad con Lima Oliva, Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, coordinaban el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido por lo menos a cuatro personas, dice la fiscalía.
La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario. En este sentido, el grupo de personas se concertaban con el objeto de ejercer control e influencia en el Sistema Penitenciario.
Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.
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