La jurista Eva Sosa, exfiscal de una extinta comisión antimafias auspiciada por la ONU en Guatemala, fue detenida este martes al comparecer a un juzgado que investiga su actuación en ese organismo.

Sosa, quien integró la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), se presentó al tribunal donde había sido citada para aclarar su situación legal, pero de forma inesperada fue detenida y llevada a la cárcel del lugar, observó un fotógrafo de la AFP. En total fueron cuatro veces las que Sosa se puso a disposición de la Justicia.

La exfiscal está bajo investigación por “cooptación y corrupción judicial … el caso está bajo reserva”, dijo el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón.

Sosa quedó a la espera de que el juez decida si la manda a prisión o a detención domiciliaria.

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El jueves, la abogada Leyli Santizo, quien fue mandataria por 11 años de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el ente de la ONU, fue detenida el viernes bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia. Santizo fue llevada este martes al juzgado para su primera declaración.

La detención de Santizo provocó que Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos expresaran preocupación por la persecución penal contra operadores de justicia.

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A mediados del año pasado, Washington suspendió la cooperación con la Fiscalía de Guatemala, a cargo de Consuelo Porras, tras la destitución del entonces jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, quien salió del país por seguridad, según dijo.

Estados Unidos, dijo entonces que le perdió la “confianza” a Porras.

El nuevo fiscal, Rafael Curruchiche, es señalado por activistas anticorrupción de perseguir a opositores y está a cargo de la investigación de las juristas detenidas.

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La Cicig apoyó a la Fiscalía para enjuiciar a políticos, militares y empresarios, considerados intocables y dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020).

Morales fue luego acusado de corrupción electoral por ese órgano y por la Feci.

Ambas organizaciones destaparon varios casos de corrupción, entre ellos un fraude en las aduanas que terminó con la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar la estafa. Ambos fueron arrestados y aguardan juicio en prisión.

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Sosa fue acompañada por personal de la Embajada de Canadá acreditada en Guatemala.

Sin embargo, horas después, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que exige que a los diplomáticos acreditados en el país que no interfieran en asuntos internos, pero no dejaron claro a qué se referían.

“El Gobierno de Guatemala, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Manifiesta: Que Guatemala norma sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados”, señala la primera parte del comunicado.

Agrega “que siendo Guatemala Estado parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, exige a los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno, que se abstengan de intervenir en los asuntos internos de Guatemala, en estricto apego a lo establecido en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.