Estados Unidos incluye a la fiscal general Consuelo Porras y al secretario general del MP, Ángel Pineda, en lista de actores corruptos

Departamento de Estado de EE. UU. incluyó en la lista de actores corruptos y no democráticos de ese país a la jefa del MP de Guatemala y al secretario general de esa institución.

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Consuelo Porras se pronuncia sobre la situación luego de la destitución de Juan Francisco Sandoval. (Foto Prensa Libre: Tomada de video del MP)
Consuelo Porras se pronuncia sobre la situación luego de la destitución de Juan Francisco Sandoval. (Foto Prensa Libre: Tomada de video del MP)

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, fueron incluidos en la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, u obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.

“En apoyo de las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, estamos nombrando a cinco Magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, el Fiscal General Porras de Guatemala y el Secretario General Pineda a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de la Sección 353”, escribió Blinken.

Estados Unidos anunció acciones contra siete funcionarios de Centroamérica “por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción”, según un comunicado del Departamento de Estado.

El documento dice que Estados Unidos “está comprometido a apoyar a la gente del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor. Para avanzar en esta prioridad, hoy estamos agregando siete perpetradores a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de los Estados Unidos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos-Triángulo Norte, que generalmente hace que los perpetradores no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos”.

 

Añade que estas designaciones responden a acciones recientes que socavaron la democracia y obstruyeron las investigaciones de corrupción en El Salvador y Guatemala.

La lista transmitida al Congreso detalla los siguientes ataques a la democracia y a las medidas anticorrupción:

Guatemala

“María Consuelo Porras Argueta de Porres, actual Fiscal General de Guatemala, obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales. El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados ​​en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción”, dice el comunicado.

En el caso de Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del MP, EE. UU. afirma que “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción. El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra”.

El documento añade que Estados Unidos “seguirá utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques a las aspiraciones democráticas del pueblo centroamericano. Continuaremos asociándonos con funcionarios gubernamentales que demuestren su dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas fundamentales de la migración irregular. Y continuaremos apoyando al pueblo de El Salvador y Guatemala en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”.

Prensa Libre consultó al Ministerio Público y a la Presidencia de Guatemala sobre su postura ante esta designación de Estados Unidos, pero hasta el momento no han comentado al respecto.

En El Salvador

Elsy Dueñas de Avilés, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, actuales Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema también fueron incluidos en la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, u obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Según el comunicado, los magistrados “socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la constitución salvadoreña. Los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima luego de que el 1 de mayo se sentara la Asamblea Legislativa recién elegida. Una vez instalados, los nuevos Magistrados declararon constitucional su instalación por la Asamblea Legislativa. Los Magistrados socavaron los procesos o instituciones democráticos al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del Presidente -Nayib Bukele- a pesar de una prohibición expresa en la Constitución que prohibía mandatos consecutivos a la Presidencia”.

 

La congresista estadounidense Norma Torres emitió una declaración tras la publicación de una tercera lista de funcionarios centroamericanos corruptos elaborada y publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Seguimos viendo gobiernos plagados de corrupción en Centroamérica”, dijo la representante Norma J. Torres”. Añadió: “Esta lista confirma importantes acciones antidemocráticas en la región por parte de funcionarios que interfieren con las investigaciones independientes y trabajan en contra de quienes defienden el estado de derecho”.

“Este es un paso importante para responsabilizar a los funcionarios de alto nivel y sus cómplices que están directamente involucrados en la corrupción y la obstrucción de los procesos democráticos”, continuó Torres.

“Sé que estas decisiones no se tomaron a la ligera. Estos individuos utilizaron su poder para atacar a funcionarios judiciales, proteger intereses corruptos y llevar a cabo agendas políticas que son contrarias a sus propias constituciones. Seguiré trabajando con nuestro gobierno para contrarrestar el retroceso democrático y asegurar que nuestra ayuda llegue a las personas a las que pretendemos ayudar”, resaltó.

La congresista Torres solicitó y recibió previamente dos listas del Departamento de Estado sobre funcionarios corruptos en la región. Añadió que esto apoya sus esfuerzos en el Comité de Apropiaciones para aprovechar todas las herramientas del gobierno de los EE. UU. para responsabilizar a los actores corruptos y antidemocráticos, al tiempo que apoya a los actores valientes que luchan por defender el estado de derecho en la región.

Torres agregó que ha trabajado durante mucho tiempo para garantizar que el financiamiento estadounidense beneficie a las personas en Centroamérica que lo necesitan.

Piden dimisión de fiscal general

Diversas organizaciones sociales, activistas y opositores al Gobierno de Guatemala pidieron la dimisión de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Consuelo Porras, tras la sanción en su contra por corrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Una de estas voces fue la del director ejecutivo del Instituto 25A, una entidad emanada de las protestas en Guatemala contra la corrupción de 2015, Gabriel Wer, quien dijo que la petición de renuncia a Consuelo Porras “no ha perdido vigencia”, desde que esta removió de su cargo al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, en julio pasado.

“La exigencia de la renuncia a la fiscal general sigue ahí, no ha cesado”, indicó.

Acción Ciudadana, igualmente se pronunció en contra de Porras al enfatizar que “las acciones corruptas han debilitado las investigaciones del Ministerio Público” y son responsabilidad de la fiscal general y de su secretario general, Ángel Pineda (también señalado por EE.UU.)”.