En la lista también figuran diputados de la presente legislatura, como Boris España y Estuardo Vargas, así como Juan Carlos Godínez, integrante del Consejo Superior Universitario (CSU) y quien buscó una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC) en las pasadas elecciones en esa casa de estudios.
Aunque la lista destaca a personajes que el Departamento de Estado califica de corruptos o de apoyar la corrupción, funcionarios del sistema judicial guatemalteco también integran la nómina. Manuel Duarte, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Néster Vásquez, quien ocupa una magistratura titular en la Corte de Constitucionalidad fueron sancionados.
“Hay acusaciones creíbles o preocupaciones serias de que están trabajando de una forma que no es consecuente con sus requisitos como servidores públicos; eso también mina la confianza de los ciudadanos. Para Estados Unidos, como socio, es importante tener socios confiables”, destacó Zúñiga al referirse a los actuales funcionarios guatemaltecos citados en la lista.
El delegado de los EE. UU. para la región resaltó que hay otras herramientas legales que su gobierno podría utilizar en su empeño por acabar con la corrupción.
“Es una lista que cada nombre que está en ella es de personas que tenemos buena información que han participado en actos señalados por esta ley”, comentó Zúñiga.
Sobre la desclasificación de la lista también se pronunció el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, quien en un mensaje de Twitter hizo énfasis en la lucha contra la corrupción a través de esos mecanismos.
“Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador, al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos. La corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”, escribió Blinken.
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Silencio, sorpresa y agrado
La lista sanciona con la cancelación de visa o calificar de no elegibles para visitar EE. UU. a quienes la integran, pero aunque las amonestaciones se puedan limitar en la regulación migratoria, el peso moral que recae sobre cada uno de los que ahí figuran y en las instituciones que representan es mayor, dicen analistas consultados.
Hasta ayer ni el Congreso ni la Universidad de San Carlos, Organismo Judicial o la Corte de Constitucionalidad habían emitido alguna postura sobre la designación de sus integrantes. De manera individual, sí hubo algunas reacciones.
Juan Carlos Godínez, integrante del CSU, vía telefónica, dijo desconocer los detalles sobre la designación de EE. UU., y se reconoció sorprendido.
“Primero lo tengo que leer para enterarme de que es. Ahorita, la verdad, me sorprendió y hasta risa me dio. Voy a tratar de leer —el documento—, porque la verdad no tenía la menor idea; ando aquí trabajando”, dijo a Prensa Libre.
Los diputados Felipe Alejos, del bloque Todos, y Estuardo Vargas, de la facción de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) afín a Sandra Torres, no respondieron a las llamadas telefónicas y mensajes enviados a sus teléfonos personales.
Por su parte, Boris España, del bloque Todos y también en la lista, manifestó que buscaría la forma de defenderse legalmente de esos señalamientos.
“Hay que conocer los detalles del por qué. Eso es reciente y se desconoce. Es necesario conocer las argumentaciones y los procedimientos para el desvanecimiento de esa sanción moral”, dijo España, que ya había sido sancionado por EE. UU. también por vínculos con corrupción.
En el caso de Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, también incluido en la lista, afirmó que ya esperaban una nominación de ese tipo, que en vez de verla con indignación la toman como un reconocimiento público a su trabajo.
“Para nosotros es una condecoración este señalamiento que nos hace el Departamento de Estado. El hecho que se nos señale por defender a nuestros veteranos de guerra no es para nosotros otra cosa que un enorme honor; que se nos critique por ejercer nuestro derecho constitucional de denuncia y petición, en cuanto a los señalamientos que hechos a funcionarios corruptos del Ministerio Público y el Organismo Judicial, no es más que una condecoración a nuestra labor”, dijo Méndez Ruiz.
Raúl Falla, otro de los integrantes de la Fundación contra el Terrorismo e incluido en la lista, expresó que seguirá trabajando en el país, donde no hay ningún proceso abierto en su contra.
“Nadie se muere por ir a Estados Unidos y a nadie le interesa una lista. En Guatemala no tengo ningún proceso penal abierto”, afirmó Falla.
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Vulnera la presunción de inocencia
No todas las opiniones respaldan la lista Engel, por el contrario, hay quienes estiman que emitir señalamientos serios de corrupción sin que exista una sola sentencia condenatoria en el Organismo Judicial es una seria violación a la presunción de inocencia.
Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), consideró que incluir en la lista a actores de la Fundación contra el Terrorismo, que tan solo emite postura y fija opinión en los medios, es un serio precedente para la libertad de expresión.
“No se está hablando de personas que hayan sido condenadas, citadas, oídas y vencidas en un juicio; son presunciones. Bajo el aspecto migratorio, es la libertad de cada país abrir o cerrar sus puertas, pero bajo el aspecto de endilgarle a alguien la comisión de acciones delictivas, cuando no han sido condenados, sí resulta una vulneración a principios fundamentales de derechos humanos”, comentó el experto.
EE. UU. señala cooptación judicial
Los nombres de los guatemaltecos señalados por corrupción podrían quedar en segundo plano, según Édgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, ya que la nómina muestra a actores clave que trabajaron para conseguir la cooptación del sistema judicial.
El experto identifica ese patrón en las personas tachadas, quienes han representado un papel clave en la integración de la nueva CC y quienes aún buscan incidir en la tardía renovación de la Corte Suprema de Justicia.
“Creo que, en general, la mayoría de personas mencionadas, de alguna u otra forma, ya figuraban en listas anteriores en casos de corrupción; no es tan novedosa la lista. El valor de la lista, más que la novedad de los nombres, es que de todo el universo de corruptos que conocemos en Guatemala, la lista recorre un hilo conductor, y ese hilo conductor se llama ‘captura del sistema de justicia’. Ellos identifican que los nombres más importantes en términos de actos de corrupción están enfocados justamente en la influencia indebida del sistema de justicia”, manifestó Ortiz.
Para José Echeverría, integrante del Movimiento Cívico Nacional (MCN), es difícil calificar si la lista está completa o si dejó a actores fuera, pero considera que la sociedad debe utilizar esa herramienta para reorientar el curso del país.
“El poder definir claramente una hoja de ruta de cuáles son esas deficiencias que tenemos, porque esas listas no van a solucionar el problema que hay en Guatemala, pero sí puede ser un llamado de atención, para que nosotros, los guatemaltecos, podamos ponernos de acuerdo y así hacer más eficientes nuestras instituciones para solucionar estos problemas”, puntualizó.
