Por el mismo caso, fue detenido Óscar Humberto Funes Alvarado, exintendente de aduanas; Mayra Patricia Rodas Ruano, ex jefa de normas de Aduanas; Raúl Guzmán Marroquín y Lidia Lucrecia Roca Morales.
MP pedirá extradición
El Ministerio Público solicitó la captura internacional de tres personas implicadas en este caso, Marvin Rodolfo Prado Herrera, exjefe del departamento normativo de la SAT y Christian Josué Girón Carreto, exjefe del departamento operativo de SAT. La tercera persona es Lucía Touzard Romo, representante de Tiendas Libres de Guatemala, Sociedad Anónima, parte del Grupo panameño Wisa.
La investigación empezó en base a una denuncia presentada en el 2013, se determinó que durante el 2008 la SAT autorizó a la empresa Tiendas Libres de Guatemala (TLG) operar un depósito aduanero privado, ubicado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
En base a la Resolución de la SAT número SAT-S-733-2008, de fecha 27 de octubre del 2008, publicado en el Diario Oficial el 7 de noviembre del 2008 y firmado por Rudy Villeda, la SAT resolvió, favorecer a la firma panameña.
CC quita privilegios a empresa panameña
En agosto de 2012, La Corte de Constitucionalidad (CC) publicó una resolución que declara inconstitucional un acuerdo de la SAT que exoneró de impuestos a la empresa Tiendas Libres de Guatemala, S.A., conocida como La Riviera, de capital panameño. La acción había sido interpuesta por la Asociación Pro Derechos del Contribuyente (Asprodeco).
Según el fallo, se eliminó el privilegio otorgado en el 2009 por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que emitió una disposición que regula el Procedimiento para el Egreso de Mercancías de Almacenes Fiscales, Depósitos Aduaneros y Tiendas Fiscales “Duty Free”.
Se establecía que esos depósitos aduaneros en aeropuertos internacionales que tuvieran como giro normal de negocio vender mercancías a los pasajeros en tránsito hacia el exterior debían cumplir la norma 32 del Procedimiento.
El accionante expuso que la disposición fue emitida con abuso de autoridad y en contravención de la Constitución, ya que bajo la figura de depósito aduanero se incluye de manera infundada la necesidad de autorización para efectuar actividades de tienda libre, obviando que para operar como tal es requisito constitucional y legal la existencia de una ley específica.
El demandante considera que, según ese criterio, tales regulaciones traen beneficio económico para cualquier entidad mercantil autorizada por la SAT, pero a costa de perjuicio fiscal al Estado.
Según Carlos Enrique Reynoso, asesor jurídico de la Dirección de la SAT, la norma 32 establece: “…Las mercancías al amparo del Decreto Ley 68-79 del Congreso de la República están exoneradas del pago de los derechos arancelarios a la importación y de exportación en su caso, cargos, sobrecargos, almacenaje, timbres fiscales, tasas y demás impuestos que recaigan en todas las mercancías que importen y que sean destinadas para ser vendidas exclusivamente a los pasajeros en tránsito y a los que salgan del país con sus respectivos pasaportes….”.
Reynoso explicó que la SAT tiene que acatar de manera íntegra la resolución, pero refirió que en noviembre del 2011, con efecto a partir del 1 de febrero último, se emitió un nuevo procedimiento para regular la actuación no solo de Tiendas Libres de Guatemala, S.A. como depósito aduanero fiscal, sino además de tres entidades de beneficencia que también tienen la figura de depósito fiscal para vender como tiendas libres.
En el 2008 dijo que el procedimiento normaba exclusivamente a los depósitos aduaneros privados para actuar como una tienda libre —duty free—.
A criterio de Reynoso, los interponentes confunden una exoneración con una exención y creen que a la entidad demandada la SAT le atribuyó la facultad de exonerarse de impuestos, lo cual no es cierto. Afirmó que, de acuerdo con una auditoría del 2009 de la Intendencia de Fiscalización, se determinó que no hay ningún procedimiento erróneo, impuesto omitido o dejado de pagar al fisco.
Señalan defraudación
La Asprodeco calificó de contundente la resolución de la CC. Luis Fernando Cordón, de la Asociación, pidió a la SAT el cierre de las tiendas La Riviera, propiedad de Tiendas Libres de Guatemala, S.A.
“Exigimos a la SAT el cierre del negocio y la confiscación de la mercadería, para compensar los más de Q200 millones que evadieron al fisco”, expresó.
“La empresa ha incurrido en defraudación tributaria y caso especial de defraudación aduanera. Las anteriores autoridades incurrieron en usurpación de funciones y resoluciones violatorias a la Constitución”, dijo.
Grupo panameño se defiende
La empresa Tiendas Libres de Guatemala, que opera en el Aeropuerto Internacional La Aurora la tienda La Riviera, declaró que ha cumplido en el país “con todas las obligaciones contractuales y fiscales”. Por medio de un boletín enviado desde Panamá, el grupo Wisa, S.A, propietario de la tienda, explicó que el comunicado se había redactado “ante una supuesta defraudación fiscal y otros señalamientos realizados a la prensa nacional”.
Según el texto, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala realizó el 14 de diciembre del 2007 un concurso, al igual que lo hizo para el arrendamiento de la operación de otras áreas comerciales dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, tales como bebidas y comidas. Ese concurso fue ganado por el grupo, por lo que le fue adjudicado un contrato de arrendamiento.
Asimismo, reportan la detención de Lidia Lucrecia Roca Morales, en carretera a El Salvador. pic.twitter.com/3xOAoFcqdT
— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 31, 2015
Investigarán fondos
Luego de las capturas se conoció que el MP tendría permiso para indagar en las cuentas bancarias de los aprehendidos, ya que se habría movido cerca de Q59 millones.
Esta autorización la realizó la Intentencia de Verificación Especial (IVE), con el fin de establecer las huellas del recorrido financiero.
Agregaron que deben individualizar cuánto habría obtenido Villeda al haber otorgado la licencia, por la cual se efectuaron las investigaciones.
