Fue la jueza Quinto Penal, Judith Secaida quien esta tarde benefició con arresto domiciliario a Montes, quien tiene prohibido salir del país y no se le impuso caución económica.
Al menos 18 personas, entre ellas altos funcionarios del Gobierno, fueron capturadas este viernes 5 de noviembre señaladas de ser parte de una red que habría malversado por lo menos Q30 millones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mediante nueve adjudicaciones de compras de emergencia por la pandemia de coronavirus.
La trama de corrupción fue denominada por el Ministerio Público (MP) como Caso Clima, Corrupción y Poder, pues en ella se presume que participaron altos funcionarios de dicha dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, el diputado Jorge García Silva y su familia y asesores parlamentarios.
Fue una denuncia del 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado”, refiere la Fiscalía.
De acuerdo con un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.
La Fiscalía agrega que el MP estableció que aprovechando influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien fungía como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.
Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.
“La fiscalía estableció que los detenidos sin justificación legal y de urgencia realizaron modificaciones necesarias al Plan Anual de Compras del año 2020 del Insivumeh, para promover nueve eventos de contratación pública, los cuales desde la creación de las bases de licitación pública, así como de los términos de referencia estuvieron orientados para beneficiar artificiosa, fraudulenta e ilegalmente a las entidades mercantiles y personas individuales que posteriormente lograron agenciarse ilícitamente de los recursos del Estado de Guatemala a través de las diferentes adjudicaciones anómalas”, refiere un comunicado del MP.
