Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, comenzó este lunes 20 de junio a declarar por videoconferencia en el juicio del Caso La Línea.

Monzón empezó su declaración relatando que fue Roxana Baldetti, vicepresidenta en 2013, la que le pidió empezar a mejorar la recaudación de ingresos aduaneros.

En ese año, según Monzón, le presentaron a Salvador González, lías Eco, quien empezó a hacerse cargo del plan para integrar la estructura La Línea.

Cuando el Tribunal de Mayor Riesgo B le cuestionó  del tiempo aproximado en que fueron entregados los resultados a la exfuncionaria, Monzón respondió que desde mayo del 2013 hasta enero del 2015.

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También declaró que hubo “intervención del Ejército” en las aduanas del país ordenada por el entonces presidente Otto Pérez Molina para corroborar y que “no fue intervención administrativa, si no más bien una intervención operativa”.

Recalcó que en esta intervención se hizo presente el Ejército en distintas aduanas del país, “más que todo en las portuarias por orden del señor presidente, si no estoy mal hubo dos”.

En su declaración, Monzón agregó que los integrantes que participaron en esa operación “no tenían el conocimiento de identificar si una papelería o una documentación estaba bien hecha o estaba en ley, por lo que los miembros de tropa lo pasaban fácil y sin darse cuenta”.

Monzón indicó la manera en que La Línea recaudaba la denominada “la cola” cómo parte de los impuestos aduaneros que se pagaban por importaciones.

Explicó que “si un importador de mercadería variada tenía que pagar Q100 de impuestos, contactaba o tenía una relación con una estructura externa, no pagaba la referida cantidad, pagaba Q80”, era un pago de Q50 a la Superintendencia de Administración Tributaria directamente y “Q30 me los vas a pagar a mí”.

Los Q30 eran repartidos entre toda le estructura y era lo que reportaba Osama Azzis Aranki en los cuadros y estaba dividido porcentualmente para los miembros de La Línea.

Qué pasó en una reunión

Luego indicó: “Soltó una reunión en la oficina de Luis Mendizábal, que es arriba de la Boutique Emilio en la zona 10, no sabía yo en dónde iba a ser la reunión, porque Estuardo González me convocó a una reunión en la cual estaban Javier Ortiz, Estuardo González, este señor Miguel Lemus, Antony Segura y yo”.  

Recordó: “Cuando ingresé yo ahí fue que tuve la reunión con Javier, nos sentamos en una mesa y yo me sentí incómodo, yo sabía del funcionamiento de esa oficina con el señor Luis Mendizábal y casi no hablé para nada, se estipuló unas cosas ahí de que este señor Antony Segura iba a apoyar a desprestigiar a Carlos Muñoz, que iba a ser estrategia para poder que el presidente decidiera sacarlo”.

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Agregó: “Incluso, puedo decir que fue cinco minutos que estuve en esa reunión, porque en papel escrito en una nota con un lapicero me puso Javier a que leyera”.

Qué decía la nota

“Está autorizado a que trabajemos tambos, y yo en el mismo papel leí ¿Qué son tambos? Le puse yo, y él me puso drogas, y le dije, no, no autorizo eso, con esa misma situación me levanté y le dije a Estuardo que me iba”.

Añadió que al día siguiente habló con González y le dijo que era la primera y la última vez que hacía una reunión de esas y “mucho menos en esa oficina”.

Mientras que el abogado César Calderón cuestionó a Monzón si ha cumplido con el convenio de colaboración eficaz y le pidió que mencione qué inmuebles devolvió al Estado de Guatemala.

El señalado afirmó que devolvió un inmueble en la zona 15, casa de playa en Monterrico, oficina de canchas en edificio Sixtino y dos vías en Antigua Guatemala.

Caso La Línea

Las primeras capturas ocurrieron el 16 de abril de 2015 contra una red de defraudación aduanera presuntamente liderada por el binomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti.

En el 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el caso La Línea.

La investigación del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.