En el juicio del Caso La Línea la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, Jeanette Valdés, ha decidido apercibir a la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público (MP),por no entregar completo un expediente de investigación.

La jueza Valdés requirió el expediente y se percató que estaba incompleto por lo que reprochó esa irregularidad en la audiencia.

El expediente completo que requiere la jueza es el método especial 88-2014 que contiene  diligencias de solicitudes, autorizaciones, prorrogas del Ministerio Público, informes de hallazgos inevitables, audios, grabaciones, escuchas telefónicas, desplegados de mensajes de texto, desplegados telefónicos y sinopsis, se informó.

El expediente contiene pruebas de 29 de abril de 2014 al 15 de abril de 2015.

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“La solicitud requerida el 12 de agosto y remitida al Tribunal no contiene la totalidad del expediente. Vemos a simple vista que algunos aspectos no se incluyeron. No hay una razón que fuera a justificar el por qué no se envió el método completo”, señaló Valdés.

Se informó que el expediente serviría para poder detallar la declaración de un exgerente de aduanas que propuso como testigo Claudia Méndez Asencio, exintendente de aduanas.

La exintendente fue ligada a proceso el 22 de septiembre de 2015 señalada de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera y fue enviada a prisión.

La jueza Valdés reprochó a la Unidad de Métodos Especiales (UME) el que por segunda ocasión enviara un expediente incompleto y apercibió a esa sección del MP.

“En plazo de 48 horas deben enviar completo el método especial 88-2014 de lo contrario se ordenará investigar por los delitos en que incurran”, advirtió la jueza.

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No es la primera vez

No es la primera vez que un juez le hace requerimientos al MP por considerar que a los expedientes les hace falta contundencia.

El pasado 28 de enero, la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, ligó a proceso penal al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, por el delito de fraude y durante la audiencia, la juzgadora recriminó al MP porque la sindicación de la Fiscalía contra la Corrupción era “pobre”.

Benito se entregó a la Justicia que lo requería por corrupción tras encontrarse unos US$16 millones en una casa que arrendaba en la Antigua Guatemala y que podrían estar ligados a coimas por la construcción del libramiento de Chimaltenango, que resultó ser un fracaso, ya que gran parte se derrumbó con las lluvias.

“El Ministerio Público sigue complaciente porque jamás imputó lavado de dinero y otros activos a Conasa -empresa constructora- y jamás imputó testaferrato a Renova Ingenieros”, reprochó la jueza Silvia de León.

Durante la exposición de su argumentación detectó indicios de irregularidades en “la fluctuación de precios” y la razón que dio Conasa para no continuar construyendo 2.3 kilómetros del libramiento de Chimaltenango.

“Lo tiene, no lo tiene o me lo está ocultando”, recriminó la jueza a la fiscal del casos por estimaciones y documentos que no aparecen en el expediente de imputación de Benito.

Además, la jueza señaló al MP de no haber mostrado los mensajes extraídos de celulares confiscados a otros implicados en el caso y en los que Benito ordena ayudar a Renova Ingenieros. La jueza asegura que ella misma fue quien ordenó que esa información se extrajera de los aparatos confiscados.

El Caso La Línea

Las primeras capturas en este caso ocurrieron el 16 de abril de 2015 contra una red de defraudación aduanera presuntamente liderada por el binomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti.

En el 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el caso La Línea.