El 20 de enero 2022 la Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público (MP) presentó la acusación formal ante el Juzgado B de Mayor Riesgo, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, quien no ha programado el diligenciamiento derivado a la carga laboral que tiene la judicatura.
Entre los medios probatorios que presentó el ente investigador se encuentran chats vía WhatsApp, escuchas telefónicas, documentos que fueron encontrados durante los allanamientos e información que fue extraída de una tablet, que evidencian las actividades ilícitas de la red y lugares donde operaban.
Los hechos
De acuerdo con las investigaciones, la agrupación criminal dedicada al tráfico ilegal de drogas estaba integrada por agentes policiales y civiles, realizaba sus actos ilícitos en Izabal, además utilizaban sus influencias en el Organismo Judicial, la PNC y demás instituciones para obtener impunidad.
El ente investigador ejecutó un operativo denominado Rio Escondido, el 24 y 25 de septiembre de 2021, en el que logró interceptar a cinco integrantes de la organización delictiva en la aldea Entre Ríos, Puerto Barrios.
Los investigadores lograron interceptar a la banda justo cuando transportaban, en dos vehículos y una lancha, 515 paquetes de cocaína valorados en unos de Q53 millones, aproximadamente.
Entre los acusados se encuentran los agentes de la PNC: César Augusto Lajuj Capriel, Hugo Leonel García Sánchez, Marvin Lionel Alveño Grijalva y Edwin Leonel Zepeda Velásquez; señalados de supuestamente incurrir en los tipos penales de encubrimiento propio e incumplimiento de deberes.
Además, el MP identifica a Julio Reynaldo Lemus Calderón como el presunto líder de la banda y como el segundo al mando identifica a Óscar Antonio Lemus Cárcamo; ambos sindicados de asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
Solicitudes de antejuicio contra jueces
Por este caso el MP presentó dos solicitudes de retiro de antejuicio en contra de dos jueces de Izabal. Una de estas fue contra Julio Vásquez Xol, juez de Paz de Izabal, por los posibles delitos de prevaricato y cohecho pasivo; cabe destacar que el juzgador fue nombrado por un lapso de 24 horas por el Organismo Judicial, como suplente temporal en el Juzgado D de Mayor Riesgo, el cual estaba a cargo de Ericka Aifán
La otra solicitud fue en contra de Édgar Aníbal Arteaga López, juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, por asociación ilícita, prevaricato y cohecho pasivo.
Según la fiscalía, ambos juzgadores habrían beneficiado en una audiencia de primera declaración a los detenidos en el operativo Río Escondido, ligándolos a proceso por un delito menor, a pesar de que fueron detenidos flagrante con paquetes de cocaína. Además, dos de los sindicados fueron enviados a un centro hospitalario sin existir un diagnostico de padecimiento de salud, evitando que fueran enviados a prisión preventiva.
En enero pasado la CSJ le dio trámite a las solicitudes de retiro de inmunidad contra los togados y nombraron jueces pesquisidores para la continuación del proceso, según consta en el registro electrónico del Organismo Judicial, actualmente el caso continúa en fase de investigación.
Polémicos casos
El juzgador Arteaga López tuvo a su cargo el caso contra María Cuc Choc, defensora de derechos humanos, quien fue condenada el 28 de junio de 2022 y estuvo con arraigo y arresto domiciliario durante cuatro años.
Cuc Choc desempeñaba un papel de traducción entre los vecinos de la comunidad Chab’il Ch’och’, asentada en la Finca Santa Isabel, en Lívingston, Izabal, en donde los habitantes se adjudican la propiedad de la finca con títulos ancestrales, mientras que también son reclamados por una familia que luego la vendió a otras personas, al intentar mediar entre las partes en conflicto fue denunciada por una empresa privada.
También reemplazó una medida sustitutiva de Q290 mil por Q45 mil a la extesorera de la alcaldía del municipio de El Estor, Nidia Lizet Milla Orellana de Paredes, por su presunta implicación en un desfalco por la cantidad de Q.4 millones 211 mil 170 a la comuna en mención, durante los años 2011 y 2012.
En el mismo expediente el juzgador otorgó falta de mérito al exalcalde José Joel Lorenzo Flores, por la referida malversación de fondos.
Los plazos legales
El Código Procesal Penal en su artículo 82, numeral 6 regula que “la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor a 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo” se lee.
En la misma normativa en el articulo 323 establece: “Dentro de los seis meses de dictado el auto de procesamiento del imputado, cualquiera de las partes podrá requerir al juez que controla la investigación la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación”
La presunción de inocencia figura en artículo 14 de la Constitución Política de la República el cual regula que “toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada” se lee.
