Es importante destacar que los extranjeros enfrentan proceso en Brasil por su supuesta vinculación en el caso de corrupción Lava Jato.
Actualmente, el proceso penal ha enfrentado diversos giros legales dando paso a que el mismo retroceda a la fase inicial, es decir, cuando se iniciaron las investigaciones en septiembre de 2017.
Por este caso enfrentan proceso penal Alejandro Sinibaldi exministro de Comunicaciones, a quien se le otorgó arresto domiciliario el 15 de diciembre de 2022; sin embargo, no ha logrado recobrar su libertad por dos procesos penales abiertos en su contra. El exfuncionario desde hace dos años y cuatro meses permanece en prisión preventiva en Mariscal Zavala.
Acusaciones contra guatemaltecos
Además, acusa al excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien recobró su libertad tras pagar Q.1.8 millones y abandonó la cárcel Mariscal Zavala, donde fue recluido desde el 5 de octubre de 2022, luego de haber sido deportado junto a 130 connacionales procedentes de Meza, Arizona, EE.UU.
El empresario Carlos Arturo Batres Gil, quien está acusado en el caso Odebrecht, deberá enfrentar juicio por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo. El expediente fue trasladado al Tribunal de Mayor Riesgo A.
El 23 de julio de 2022, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió no otorgar una apelación interpuesta por el acusado Batres Gil, quien fue enviado a debate oral y público el 31 de enero del año pasado.
Batres Gil consideró que se vulneró su derecho de defensa y el debido proceso, ya que propuso varias diligencias de investigación las cuales, según él, no fueron realizadas.
La Feci señaló a Batres Gil de supuestamente haber coordinado, con la constructora brasileña Norberto Odebrecht, la entrega de US$4.9 millones en sobornos para un proyecto que no se ejecutó en Guatemala.
En junio de 2019 fue procesado y enviado a prisión preventiva Pablo Mauricio Yanes Guerra , por supuestamente haber ayudado a Sinibaldi a cobrar las comisiones ilícitas. El acusado es hermano del exdiputado Mario Gerardo Yanes Guerra.
También fue señalado Diego Chacón Yurrita, señalado de supuestamente haber intentado ocultar el origen del dinero ilícito entregado por la constructora brasileña para financiar la campaña electoral de Manuel Baldizón en 2015.
Chacón Yurrita y Yanes Guerra enfrentarán juicio el próximo 11 de abril de 2023 en el Tribunal de Mayor Riesgo B.
¿Quienes firmaron el decreto?
El decreto número 29-2012 del Congreso de la República que fue creado para rehabilitar rutas principales del país, y la ampliación de cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente, permitió el ingreso de los fondos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
El mismo fue firmado por el expresidente del Legislativo, Gudy Rivera Estrada, quien fue condenado en 2016, tras haber sido declarado culpable de intentar sobornar a la exmagistrada Claudia Escobar para que favoreciera con una resolución a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
También lo firmó el exdiputado Estuardo Ernesto Gáldamez, acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada por anomalías en la construcción del hospital de Ixcán, Quiché.
Y el exparlamentario Christian Jacques Boussinot Nuila, señalado de extorsión, abuso de autoridad, peculado por sustracción y peculado por uso, por un caso de plazas fantasma.
El decreto fue avalado por el expresidente Otto Pérez Molina, quien fue condenado a 16 años de prisión por supuestamente liderar una red aduanera ilegal y el exministro de Finanzas, Pavel Centeno, quien se suicidó el 29 de octubre de 2016, en un confuso allanamiento que se realizaba en su residencia.
Según el diario de sesiones del Congreso, la aprobación del crédito que condicionó la contratación de Odebrecht, se efectuó en una sesión permanente que se inició el 7 de agosto del 2012 y concluyó el 11 de octubre del mismo año.
La moción para modificar la agenda fue presentada por Rivera y Boussinot; según consta en el diario de sesiones, el exdiputado Roberto Villate gritó: “Q250 mil recibirá cada uno… ¡Viva la fiesta! ¡Hagamos carnaval de lo que hoy se convertirá en una desgracia!”.
Condenas dictadas
El 22 de julio de 2019, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por Yassmin Barrios, dictó sentencia condenatoria contra tres personas a quienes se vinculaba con Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, en un proceso penal denominado Construcción y Corrupción, señalados de haber recibido sobornos de Odebrecht.
En esa ocasión fue declarado culpable Juan Ignacio Florido, supuesto colaborador de Sinibaldi, señalado de lavado de dinero u otros activos. Recibió un castigo de seis años de prisión y una multa de US$9 millones 30 mil.
También fue condenado Juan Manuel Molina Coronado, abogado del exministro Sinibaldi y señalado de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Se le impusieron 14 años de cárcel y una multa de US$1 millón 200 mil.
Catorce años de cárcel más una multa de US$346 mil se dictaron contra Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, señalado de ser colaborador de Baldizón.
En el caso Construcción y Corrupción, el MP señaló que una estructura criminal liderada por el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi supuestamente gestionaba cobros ilegales a cambio de efectuar los desembolsos a las entidades contratistas.
En la carpeta judicial se detalla que los cobros consistían en porcentajes que oscilaban entre el 5 y 15 por ciento. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Odebrecht, S. A.
Alcance en la región
El caso Odebrecht es una de las investigaciones de corrupción de mayor impacto en América Latina y que alcanza a políticos y funcionarios públicos de 12 país, Guatemala entre ellos. Directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht, S. A., habrían pagado sobornos millonarios a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de carreteras.
Para ocultar el origen ilícito de los montos que recibió, la firma abrió varias cuentas bancarias en distintos países a título de empresas offshore, con las que en apariencia no tenía ningún vínculo.
La cantidad que la empresa brasileña desembolsó fue valorada por más de US$788 millones entre el 2001 y el 2016, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En el destape de esta red de corrupción originada en Brasil en la ruta de la Operación Lava-Jato, Odebrecht desveló en un acto de colaboración judicial sus maniobras que alcanzaron a presidentes, expresidentes y figuras de la política que se vieron envueltos en esta trama de sobornos.
Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, fue encarcelado al ser hallado culpable por delitos de corrupción y lavado de dinero, condena que fue revocada por el Supremo Tribunal Federal (STF). Este año nuevamente ocupa la presidencia del país sudamericano.
No es el único brasileño que se vio implicado, la investigación también alcanzó al expresidente Fernando Collor de Mello.
El caso Odebrecht alcanzó a cuatro expresidentes peruanos. Alejandro Toledo habría recibido de la constructora US$ 20 millones en sobornos por la obra de la Carretera Transoceánica. Mientras que Alan Garcia facilitó que la empresa obtuviera la licitación de una línea de metro de Lima, Perú.
Pedro Pablo Kuczynski renunció al cargo tras los señalamientos de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht, que beneficiaron a sus empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise. Un juez levantó la detención domiciliar que tenía, y no puede salir del país por 36 meses.
Quien estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto a su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero al recibir US$ 3 millones de la firma constructora para su campaña electoral del 2006 y 2011. En diciembre pasado trascendió que será procesado por los delitos de lavado de activos.
Los tentáculos de la corrupción de Odebrecht también alcanzaron a Colombia. En la investigación figura el expresidente y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, sospechoso de recibir dinero para las campañas sus de 2010 y 2014. Sin embargo, Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de archivar la investigación con la justificación de falta de pruebas.
Mientras que Roberto Prieto, director financiero de la campaña presidencial de Santos, fue condenado a cinco años de prisión en 2019 por recibir US$ 6,5 millones de la firma constructora. Quedó en libertad en abril del año pasado por en una reducción de la pena.
En Ecuador el expresidente Rafael Correa enfrenta una sentencia de ocho años de prisión por recibir sobornos de Odebrecht para financiar su movimiento político Alianza País, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Exiliado en Nicaragua desde 2016, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes fue señalado de recibir US$ 1,5 millón de la constructora internacional para financiar la campaña que lo llevó al poder. Fue condenado por enriquecimiento ilícito y está obligado a restituir al Estado US$206 mil. Su hijo, Diego Funes Cañas, también debe devolver al país US$212 mil.
Los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, fueron condenados en Estados Unidos a tres años de cárcel por recibir sobornos de Odebecht. Ricardo Alberto y Luis Enrique estuvieron detenidos en Guatemala, mientras aguardaban para ser extraditados a territorio estadounidense.
Fueron acusados de recibido US$28 millones en sobornos de la constructora brasileña, de los cuales US$19 millones habían transitado por cuentas en Estados Unidos.
Nota del editor:
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