Caso Plazas Fantasma: Jueza declara sobreseimiento y exdiputados señalados no enfrentarán juicio

Los exdiputados que eran señalados en el caso Plazas Fantasma no enfrentarán juicio, pues la jueza Claudette Domínguez declaró el sobreseimiento por los delitos que eran procesados.

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Caso Plazas Fantasmas
Exdiputados y extrabajadores del Congreso de la República escuchan la resolución de la jueza Claudette Domínguez. (Foto Prensa Libre: Roberto López)

Varios exdiputados, algunos exintegrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República, se libraron de enfrentar juicio en el caso Plazas Fantasma, pues este viernes 23 de septiembre durante la conclusión de la audiencia de etapa intermedia, la jueza Claudette Domínguez declaró el sobreseimiento por los delitos que eran procesados.

Entre los exdiputados señalados se encuentran César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá. En total son 59 personas las que fueron implicadas en este proceso.

Sin embargo, todos los exdiputados que eran señalados de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción fueron beneficiados con el sobreseimiento a su favor.

En el caso de Christian Boussinot, el sobreseimiento fue por el delito de extorsión y peculado por uso, relacionado con unos audios presentados por el Ministerio Público (MP), en los que el exparlamentario aparentemente exigía un “diezmo” a las personas que se contrataban mediante la modalidad de plazas fantasma.

Esa misma suerte tuvo Édgar Leonel Fernández Regalado, quien, de acuerdo con el MP, “era el intermediario entre el diputado Boussinot Nuila y empleados contratados por el Congreso, y él les cobraba parte del salario mensual que devengaban”.

Según la jueza, en este caso resolvió el sobreseimiento porque los audios fueron capturados de manera ilegal. Además, la juzgadora reiteró que la presentación de varios medios de prueba por parte del Ministerio público no se hizo de la manera correcta, por lo que no era viable enviar a juicio a los procesados.

Con respecto al señalamiento en contra del exdiputado Arístides Crespo de qué él decidía qué puesto ocuparían las personas contratadas, la jueza señaló que no hay ningún medio de investigación que permita dicho extremo.

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“En este tipo penal debe tener conocimiento el funcionario que la persona propuesta no reúne los requisitos que la ley establece, situación que el Ministerio Público, con el respeto que me merece, no acreditó con ningún medio de investigación que el hoy acusado (Arístides Crespo) tenía previo conocimiento que no reunían los requisitos legales, por lo anteriormente considerado esta Judicatura considera que no existe fundamento serio para dictar un auto de apertura a juicio (…) por lo que decretos sobreseimiento en favor del acusado Arístides Crespo por el delito de nombramientos ilegales”.

El caso

La investigación del MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció que durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas sin que llegaran a trabajar al Congreso, pero cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil, incluso, algunas personas solo tenían de escolaridad de nivel diversificado.

La investigación determinó que los sindicados prestaron su nombre y recibieron fondos por concepto de pago de planilla del Congreso, pero no se presentaban a laborar, incluso varios de ellos trabajaban para otras instituciones del Estado.

Entre los cargos que aparentemente desempeñaban figuraban secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros.

En el proceso 10 señalados que se acogieron a la figura especial de aceptación de cargos, entre éstos el exlegislador Édgar Romeo Cristiani Calderón, quien desistió de ratificar el convenio de colaboración eficaz, no obstante, fungió como testigo y rindió su declaración en calidad de anticipo de prueba.

En su testimonio relató la forma en que se planificó y ejecutó un plan para la creación de las plazas y en esa oportunidad señaló a Luis Armando Rabbé Tejada, expresidente del Congreso en 2015, a quien se le solicitaba autorización de las contrataciones las cuales no podían excederse de Q. 150 mil mensuales.