El reporte de MP menciona que la búsqueda se llevó a cabo en un pozo ubicado en una finca de San Vicente Pacaya, que en el 2011 fue utilizada por integrantes de la banda delincuencial conocida como Los Sierra Ovando, para lanzar cuerpos sin vida de sus víctimas.
La diligencia se llevó a cabo con el apoyo de Policía Nacional Civil, Dirección General de Investigación Criminal, Brigada de Rescate del Ejército de Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros de la institución castrense.
Según se tuvo conocimiento, una persona habría dado la ubicación del esa fosa que está ubicada cerca de otra finca que ya había sido allanada por el MP en el 2018, siempre con vínculos con esta banda delincuencial.
Las autoridades creen que el cadáver de Siekavizza pudo haber sido lanzado a ese pozo, por lo que las autoridades coninúan la búqueda en ese sector.
Más de 100 muertes
El 13 de marzo 2014 se publicó sobre la captura de seis integrantes de una banda sindicada de secuestros y asesinatos denominada “Sierra Ovando”.
La PNC y fiscales del MP acudieron a la finca El Ceibillo, aldea Agua de las Minas, Amatitlán, en busca de siete integrantes de una familia secuestrados el 3 de abril de 2013 en Amatitlán.
El Ministerio de Gobernación, de ese entonces, mencionó que los seis capturados eran parte de una banda de secuestradores y asesinos, a los que se denominó como Sierra Ovando y que a ellos se les sindicaba de al menos 100 muertes.
La banda Sierra Ovando estaba integrada por agentes de la PNC, expolicías y civiles. Según la Fiscalía de Delitos contra la Vida, del MP, se le atribuye la muerte de al menos cien personas en Guatemala, Escuintla, El Progreso y Baja Verapaz.
Esa agrupación criminal era señalada de limpieza social, robo de droga y dinero, y sicariato; existe desde el 2008 y sigue operando, según el MP.
El 16 de septiembre de 2020 el Tribunal de Mayor Riesgo “A” condenó a 16 integrantes de la organización criminal conocida como Sierra Ovando.
En la audiencia se dictaron penas de hasta 372 años de cárcel por los delitos de asesinato y asociación ilícita.
En marzo de 2014 las autoridades capturaron a siete integrantes de la estructura Sierra Ovando, señalados de haber secuestrado a personas y haberlas enterrado en sus propios vehículos.
Posteriores allanamientos permitieron otras capturas, por lo que al final fueron 20 los acusados.
La Fiscalía había identificado como cabecillas de la banda, de la que también formaban parte expolicías, a Nelvin Francisco Aguilar Monterroso, alias Sierra, y los supuestos sicarios de la organización Cristian Haroldo Melgar Velásquez, Élfego Rosalío Carías Morales y Héctor Reginaldo Morente.
Las pesquisas apuntan a que la banda, que operó entre los años 2001 y 2013, ubicaba a las víctimas y les hacían creer que tenían orden de captura.
Los miembros de la estructura, que usaban trajes similares a los de la PNC, los secuestraban y luego exigían rescate. En muchos de los casos la personas secuestradas ya no aparecían.
El grupo delictivo llegó al extremo de fingir puestos de registro policiales, desde donde secuestraban a sus víctimas.
Se les atribuyen unas 100 muertes y a algunas de sus víctimas las enterraron con todo y sus vehículos.
“Las penas impuestas van de los 8 a los 374 años de prisión inconmutables por delitos de ejecución extrajudicial, asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y robo agravado”, informó el Ministerio Público.
Lo sentenciados fueron:
- Manuel de Jesús Ovando Abrego, alias “Ovando”
- Josué Oswaldo Muñoz Godoy, alias “Pato”
- Luis Antonio Barrientos Guerra, alias “El Nica”
- Marvin Wotveli Joy Yax
- Martin Norman Almanzar González, alias “el Negro y/o el Dominicano”
- Victor Hugo Ruano Boch, alias “Boch”
- Adan Alfredo Teyes Gaitan, alias “Pinky”
- Adolfo Javier Franco Anton, alias “Vaca”
- Emerson Donaldo Lemus Escobar
- Isabel Salvador Morales Solis, alias “Salva”
- Wilson Raudilio Carías Morales
- Alexander Oswaldo Díaz Martínez
- Édgar Estuardo Fernández Marroquín
- Erick Roberto Trigueros Carrillo
- Cristian Haroldo Melgar Velásquez
- Héctor Reginaldo Morente Ajualip
El caso
El 6 de julio de 2011, Cristina Siekavizza desaparece de su vivienda, ubicada en el condominio Los Manantiales, en el kilómetro 19.3 en San José Pinula.
Un día antes, ella y su esposo, Roberto Barreda, celebraron el cumpleaños de su hijo Robertito. Quienes asistieron a la fiesta afirmaron no encontrar ningún comportamiento extraño en la pareja y que, en apariencia, denotaban una actitud amorosa y feliz. Ese día fue la última vez que familiares y amigos vieron a Cristina.
El caso se puso en ojo público el 24 de julio de 2011, cuando se efectuó una manifestación en la Avenida Las Américas mostrando apoyo a la familia Siekavizza, en donde Ángela y Juan Luis, padres de Cristina, pedían apoyo para encontrar a su hija.
Durante unas diligencias del MP se reveló que dentro de la vivienda encontraron manchas de sangre en la habitación de los esposos, identificadas a partir de la prueba de luminol. Estos descubrimientos hicieron que el caso girara en torno a un asesinato y no a un secuestro, como se especuló en un inicio, siendo Roberto Barreda el principal sospechoso de perpetuarlo.
Las acciones legales contra Barreda no tuvieron resultados y por eso el 3 de agosto del 2011, Barreda salió del país junto con sus dos hijos.
El 7 de agosto de ese mismo año, cuatro días después de la fuga de Barreda, la empleada doméstica de la familia fue detenida, pues ella había estado en la vivienda el día de la desaparición y por eso era un testigo del caso.
Say contó a las autoridades que el día de la desaparición, la pareja tuvo una fuerte discusión y ella vio el cuerpo de Cristina sobre la cama, pero la familia de Barreda la habría amenazado para que no dijera nada.
El 20 de octubre de 2011, la madre de Barreda, Ofelia de Léon, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, fue detenida por sospecha de que ayudó a su hijo a encubrir la desaparición de Siekavizza, e influía para que el proceso no avanzara. De León recibió arresto domiciliario.
Detenido en México
Roberto Barreda fue ubicado el 8 de noviembre de 2013 en Mérida, Yucatán, México, junto a los dos hijos, y fue extraditado a Guatemala en ese momento.
La custodia a los hijos de la pareja quedó en manos de la familia Siekavizza, luego de un conflicto con la familia Barreda, quien también exigía quedar al cuidado de los menores.
El 20 de febrero de 2014 Barreda es acusado por los delitos de feminicidio, maltrato contra personas menores y obstrucción de la justicia.
En el 2015, el Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez, decidió enviar a juicio a Barreda y su madre Ofelia por los delitos de amenaza hacia Petrona Say y por encubrir el crimen de asesinato, pero en 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena al Juzgado de Mayor Riesgo abrir una nueva resolución a partir de una impugnación presentada por Barreda.
El juez Gálvez, en 2019, ordenó el encarcelamiento a Barreda, después de una reconstrucción de los hechos en la vivienda de Cristina. Sin embargo, el 6 de agosto del 2020, Roberto Barreda falleció en el Hospital San Juan de Dios por complicaciones respiratorias, con lo cual cesó la persecución penal contra él.
El caso continuó para Ofelia de León y José Celada Cuevas, quien fungió como investigador privado que fue contratado por Roberto para ocultar las evidencias del crimen.
Beatriz Ofelia de León, ya no enfrenará juicio en el caso Siekavizza, pues Tribunal de Mayor Riesgo C la benefició con un criterio de oportunidad el 30 de septiembre de 2020.
De León estaba señalada de amenazas contra Petrona Olga Say Velásquez, empleada doméstica de la familia Barreda Sievakizza.
En la audiencia, el Tribunal aceptó el criterio de oportunidad para la expresidenta de la CSJ, y le dictó que como reparación a Say Velásquez, debe pagarle Q1 mil.
Beatriz Ofelia de León llegó a un acuerdo y por eso se sometió al criterio de oportunidad.
Dicho Tribunal también le otorgó criterio de oportunidad contra el investigador privado Oscar Celada, quien debe pagar una reparación de daños de Q10 mil a los hijos de Cristina Sievakizza y no puede relacionarse con los implicados en el proceso.
Celada Cuevas estaba sindicado de obstrucción a la justicia.
Con esta resolución, la expresidenta de la CSJ y el investigador privado ya no enfrentarán juicio por ese caso y se cierra la persecución penal contra ellos.
