CICIG busca que Gustavo Martínez vuelva a prisión

Mediante un recurso de apelación, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  busca dejar sin efecto el arresto domiciliar con el que fueron beneficiados los sindicados Gustavo Martínez Luna,  Filadelfo Reyes Cáceres y César Medina Farfán, vinculados al caso de tráfico de influencias conocido como Redes.

Gustavo Martínez se encontraba en prisión desde julio 2015. (Foto: Hemeroteca PL)
Gustavo Martínez se encontraba en prisión desde julio 2015. (Foto: Hemeroteca PL)

La decisión de otorgarles la medida fue de la Jueza Quinta de Instancia Penal, Judith Secaida el 8 de enero a los tres sindicados aunque solamente Martínez habría presentado la solicitud de cambio de medida.
Según la CICIG se vulneró las garantías del debido proceso y efectiva tutela judicial cuando la jueza Secaida de manera discrecional, sin expresar un argumento lógico, jurídico y válido  para  otorgar arresto domiciliario al yerno de Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez Luna, César Medina Farfán y Filadelfo Reyes Cáceres.
La comisión argumenta que la jueza Secaida incurrió en un vicio de forma y fondo al interpretar de manera incorrecta el artículo 277 del código Procesal Penal, referente al cambio de la medida de prisión preventiva en caso hubiesen variado las circunstancias que originaron la detención preventiva, ese día la jueza habría declarado que ya no existía peligro de fuga ni de obstaculización a la verdad.

El dos de diciembre  la jueza les había negado la medida sustitutiva a los tres sindicados por existir los peligros mencionados. En su comunicado de prensa la CICIG detalló que “considera que aún existe el riesgo de que los tres imputados puedan destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. También pueden influir para que otros imputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o evasiva”, ese día le otorgó la libertad condicional a Karen Cancinos Muñoz, quien también está implicada en el proceso penal.

Antecedentes del caso

En julio de 2015 los tres sindicados fueron ligados a proceso, junto con Karen Cancinos Muñoz, Edwin Rodas Solares, Carlos Muñoz y Lidia Roca Morales por existir los indicios de su participación en la red de tráfico de influencias.
Altos ejecutivos de transnacionales y funcionarios públicos contactaron a Cesar Medina Farfán, quien se concertó con Gustavo Martínez Luna y el ex jefe de la SAT, Carlos Muñoz. Ellos aprovechando los altos cargos que ocupaban en la administración pública influyeron en los empleados que tuvieron bajo su dirección y supervisión para beneficiar un interés particular, y a cambio obtener un beneficio.
Mientras que Filadelfo Reyes fue contactado por Medina Farfán por sus conocimientos en materia aduanera y haber ocupado el cargo de Intendente de Aduanas en la SAT, lo que le permitió comunicarse con dos de sus ex subordinados para que estos realizaran acciones ilícitas en el marco de sus competencias con el objetivo de beneficiar a los clientes de la red criminal.
Por este caso también se vincula al juez José Luis Patán Piché, quien recusó al juez pesquisidor designado para tramitar el antejuicio en su contra por el delito de cohecho pasivo, lo cual mantiene detenido su proceso.
El 8 de enero antes de la audiencia de los implicados, la jueza había suspendido la audiencia de apertura a juicio contra todos los sindicados por este caso, argumentando que existía un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor de la sindicada Karen Cancinos. Pero aceptó conocer la solicitud presentada por la defensa de Gustavo Martínez para que se le otorgaran medidas sustitutivas en lugar de la prisión  preventiva.